La segmentación tarifaria que anunció Martín Guzmán en el 2020 y que tuvo problemas en su instrumentación, se comenzaría a aplicar en 2022

El Gobierno dio a entender en los últimos meses del año pasado, más precisamente cuando el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó el Proyecto de Presupuesto 2022 en el Congreso que finalmente fue rechazado que habría un aumento de las tarifas de luz y gas este año.

La segmentación tarifaria que anunció Guzmán en el 2020 y que tuvo grandes problemas políticos en su instrumentación, al parecer se comenzaría a aplicar en 2022, de acuerdo con lo que afirmaron tanto el ministro, como el secretario de Energía, Darío Martínez, en sus exposiciones del lunes 15 de diciembre en el Congreso de la Nación en la presentación del Proyecto de Presupuesto 2022.

Con respecto a una futura reducción de los subsidios económicos, Guzmán, en su presentación frente a los diputados, manifestó en ese entonces que  «la reducción en los subsidios se iba a producir a partir de la segmentación del cuadro tarifario y vamos a subsidiar sólo a aquellos que lo necesitan».

El ministro también habló de «focalizar el tema», pero en el medio de su exposición aclaró que el secretario de Energía explicaría el tema.

Al respecto, Martínez manifestó que la reducción de los subsidios se dará por la eliminación de la partida para el segmento de grandes usuarios dentro del mercado mayorista y los beneficios obtenidos gracias al Plan Gas.Ar por la caída de la Resolución 46, pero no dio más detalles al respecto.

Segmentación de tarifas

El funcionario también destacó que se estaban analizando los casos de segmentación de tarifas de unos 16 millones de usuarios a través de los distintos entes como el ENRE en lo que se refiere a electricidad y el ENARGAS en lo referido al gas.

De acuerdo a la opinión de algunos expertos del sector consultados por iProfesional muchos de ellos señalan que es bastante complejo el tema de la segmentación de las tarifas que propone el gobierno para efectuar los aumentos, ya que no hay partidas cruzadas que dirijan la rentabilidad del sector hidrocarburífero de Vaca Muerta hacia las generadoras y distribuidoras de energía. Además, destacan que no se han eliminado los subsidios a los grandes usuarios, que, si bien se redujeron bastante, no alcanzan para compensar el recorte.

Los grandes usuarios explican el 35% de la demanda, 15% consumen las Pymes y el otro 50% es residencial.

La política de segmentación que prevé implementar el Gobierno este año supone una quita de subsidios en las boletas de luz y gas para ciertos sectores, comenzando con los de mayores ingresos, pero la mayoría de los analistas consultados por iProfesional tienen bastantes dudas con respecto a la efectividad de la instrumentación o a su judicialización por parte de algunos usuarios.

Explican que la segmentación de tarifas que quiere aplicar el Gobierno podría tener problemas de implementación y el problema es que de mantenerse el actual congelamiento de tarifas los subsidios económicos irían de los u$s10.000 millones estimados para este año a los u$s16.000 millones para el próximo.

Estos especialistas destacan que un esquema de segmentación de tarifas significa la aplicación de un subsidio cruzado discriminando usuarios por algún tipo de parámetro, como pueden ser el consumo, el lugar de residencia y la capacidad de pago.

Los expertos explican que instrumentar un mecanismo de este tipo implicaría aumentos de tarifas muy por encima de la inflación para un porcentaje menor de clientes residenciales representados por un 15% al 25% de los hogares. En tanto, el resto de los usuarios no tendrían aumentos o deberían enfrentar subas menores.

Los cálculos de los aumentos de tarifas van de un 70 por ciento para usuarios de gas y del 60 por ciento para electricidad, según expertos.

El economista Jefe de FIEL, Fernando Navajas, explica que «se requieren aumentos de hasta un 200% en los hogares que van a ser segmentados» y manifiesta que «cuando hagan eso, el Gobierno no podrá evitar filtraciones del esquema a hogares de clase media, por lo que va a tener un problema de error de inclusión de usuarios en el esquema».

Los especialistas sostienen que se trata de un esquema de segmentación con muchos defectos que lo pueden hacer fracasar en la práctica y, además, es un sistema que no tiene una validez internacional, porque ningún país en el mundo lo utiliza. No hay experiencia piloto alguna en el mundo y es muy vulnerable a una judicialización, por ser incompatible con la prohibición legal de tener subsidios cruzados.

Agregan, además, que se trata de un sistema inédito que no encuadra en las buenas prácticas en la materia, que distorsiona precios y que choca con el marco normativo y regulatorio vigente lo cual constituye una barrera legal adicional. El experto Daniel Gerold, en una exposición en la Amcham a fines del año pasado, advirtió que los subsidios energéticos llegarían a unos u$s16.000 millones el año próximo si se mantiene el congelamiento de tarifas.

Reempadronamiento de usuarios de Edenor y Edesur

Con respecto a lo que harán las empresas, hay que destacar que el 16 de noviembre pasado el Gobierno les ordenó a las distribuidoras de electricidad Edenor y Edesur que reempadronen a sus usuarios residenciales para tener los datos actualizados de todos sus clientes. Este es un paso clave para comenzar a aplicar una segmentación de las tarifas y así reducir los subsidios, con el fin de achicar el déficit fiscal.

Según comunicó en su momento el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), la instrucción a las empresas fue para que «adecuen sus mecanismos de gestión a fin de promover el reempadronamiento» de más de 1,5 millones de personas usuarias de categoría residencial. Los usuarios podrán ser sancionados con cortes de luz.

Con lo ocurrido el martes tal vez las presiones del gobierno aumenten. La explicación del gobierno es que Edenor y Edesur deben invertir en los próximos años unos 120 millones de dólares para mejorar la distribución del sistema, pero no plantean nada para la generación ni para la transmisión de electricidad.

De acuerdo a los datos del ENRE los suministros eléctricos a regularizar llegan a casi un 40 % del total de las personas usuarias residenciales del área de concesión. Este universo comprende domicilios de suministro en los que se registran como titulares personas fallecidas y que poseen inconsistencias en los datos registrados, tales como omisiones o errores en los números de DNI. Asimismo, se incluye el caso de personas que se declaran como titulares de una pluralidad de domicilios.

Por ese motivo las empresas tenían plazo hasta fin de diciembre pasado para notificar a las personas usuarias comprendidas en este universo para que, en el plazo de 10 días hábiles, realicen el reempadronamiento. El Reglamento de Suministro establece que los domicilios cuya titularidad continúe con inconsistencias serán susceptibles de cortes.

El ENRE instruyó a Edenor y Edesur a que habiliten «mecanismos sencillos, incluyendo herramientas digitales, a fin de facilitar y agilizar la gestión». Las personas usuarias podrán realizar el reempadronamiento mediante un formulario habilitado en la web del organismo.

El tema eléctrico en el Proyecto de Presupuesto 2022, que finalmente fue rechazado por la oposición a fines del año pasado tenía una gran importancia en cuanto a la reducción del monto de los subsidios. Esto es uno de los principales pedidos de los técnicos del FMI para comenzar a equilibrar las cuentas públicas. El FMI pide una rápida reducción del déficit fiscal primario para llegar a déficit cero en el 2025. En tanto que el equipo económico quiere llegar al déficit cero recién el 2027.

Pero más allá de la intención de las autoridades y del pedido del FMI, el proyecto presentado para el próximo año tenía pocas definiciones, por ejemplo, acerca de la política que se llevará adelante con las tarifas de electricidad y el nivel de subsidios a desembolsar. Esta reducción en los subsidios económicos podría leerse como un futuro aumento de las tarifas de servicios como el transporte, la luz y el gas.

Lo curioso es que el Proyecto de Ley 2022 que Guzmán envió al Congreso preveía para el 2022 un gasto de unos $620.000 millones, que está por debajo de lo que realmente se gastará este año y un 12% más que el vigente Presupuesto 2021. En términos del PBI, equivale al 1%, el mismo gasto incluido originalmente en 2021.

En el mensaje del Proyecto de Presupuesto 2022 enviado al parlamento, la única afirmación concreta sobre el tema aparece en la página 150: «Para 2022, se prevé que el 43% de los costos mayoristas del sistema eléctrico sea cubierto por la tarifa eléctrica que abone el usuario».

El aumento de tarifas este año debería ser muy superior al que ya se aplicó el año pasado.  Además, deberían subir las tarifas de distribución para no seguir acumulando retrasos excesivos.

Una aclaración posterior del Ministerio de Economía explicó que se iba a implementar una política de segmentación tarifaria para que los aumentos recaigan más sobre los sectores de mayor poder adquisitivo. Hace un año también se había esbozado esa estrategia que hasta ahora no se puso en marcha.

Lo cierto es que ese Proyecto de Presupuesto 2022, está caído y Guzmán deberá presentar uno nuevo. Ese proyecto le asignaba a CAMMESA unos $600.000 millones para el pago de subsidios (1% del PBI). Es un número que bajo la historia muestra que los créditos presupuestarios se pueden elevar significativamente a lo largo del año.

También indica que la cobertura de las tarifas (precio facturado a los consumidores / costo de generación) será del 40 %. Ese monto a valores de hoy se ubicaría cercana al $1 billón de pesos, o el equivalente al 1,5% del PBI, cifra similar a la esperada para el corriente 2021 y lejos del porcentaje de 1 por ciento que figuraba en el Proyecto de Presupuesto 2022.

En la actualidad el mecanismo funciona de la siguiente manera. Los usuarios de las empresas distribuidoras en CABA son Edenor y Edesur que abonan la tarifa estacional y cubren apenas un tercio del costo de generación del servicio. Hay que destacar que no están actualizadas las tarifas (V.A.D.) que deben percibir las compañías de distribución y transporte, con lo que se han generado otras deudas de gobiernos provinciales y de CAMMESA.

La mayoría de los expertos consultados sostiene que en caso que el gobierno no rediseñe el actual esquema tarifario el sistema puede colapsar y sufrir situaciones parecidas a la de ayer en todo el verano donde se esperan temperaturas récord similares a la del martes.

Fuente: iProfesional