Señalaron que “buena parte del déficit se explica por el crecimiento de los subsidios”. Analistas destacaron por su parte la importancia de contar con una política tarifaria.

Una vez consumadas las elecciones legislativas, el Gobierno retoma su agenda económica con diferentes aspectos a los que prestar especial atención. Intentar reducir el déficit fiscal, en el marco de la negociación con el FMI, es uno de ellos. Así se desprende de un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), que destacó que “el tema más urgente es disminuir los subsidios que cubren el retraso de las tarifas”.

El estudio analizó la dinámica de “indicadores claves de la economía” para evaluar la situación al respecto. “Según datos oficiales, entre diciembre 2019 y noviembre 2021 se observa que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) creció 91%; el dólar oficial subió 67% y las tarifas de luz y gas que pagan los consumidores residenciales se incrementaron 11%”, remarcó la firma, que detalló: “Estos datos muestran que hay atraso en la cotización del dólar oficial, pero donde la distorsión es mucho más profunda es con las tarifas de la energía. Se trata de un tema central ya que buena parte del déficit fiscal se explica por el crecimiento de los subsidios. En el 2019 los subsidios a la energía representaban el 1,1% del PBI, mientras que en el 2021 se estiman en el orden del 2,4% del PBI. Tomando la proyección del Ministerio de Economía que espera terminar el año con un déficit fiscal primario de 4,3% del PBI, los subsidios a la energía representan más de la mitad del déficit fiscal”.

En ese escenario, desde IDESA señalaron que “devaluar el dólar oficial manteniendo las tarifas congeladas aumentará los subsidios”. “Como los subsidios se financian con emisión, que la gente rechaza, aumentarán las presiones sobre la inflación. Por lo tanto, el valor del dólar se seguirá atrasando a pesar de la devaluación. Así, la devaluación, en lugar de corregir el atraso del dólar, acelerará la inflación restableciendo el atraso. Por eso, la prioridad del gobierno no pasa por el dólar, sino en dar una señal clara de que se va a ocupar en serio en disminuir el déficit fiscal. Si bien la agenda es frondosa, lo más urgente es tomar control de las áreas de regulación energética. La credibilidad del gobierno depende del inicio de un proceso de disminución de los subsidios a la energía con tarifa social para las familias de menores ingresos. Esto, además de permitir moderar la emisión monetaria, aumentará las probabilidades de entablar en buenos términos y con chances de éxito un acuerdo con el FMI”, remarcó el informe.

“Es antipático reducir los subsidios a las familias de ingresos medios y altos. Pero resultará políticamente mucho más costoso someter a toda la población a la traumática experiencia de sufrir una espiralización de la inflación cuando ya está por encima del 50% anual. La única forma que el gobierno recupere legitimidad es controlando la inflación, que no se logra con controles de precios y congelamientos de tarifas, sino reduciendo el déficit fiscal”, concluyó el estudio.

Política tarifaria

“Más que un descongelamiento de tarifas, creo que lo urgente es que haya alguna definición sobre la política tarifaria y sobre la política energética en general. Descongelar precios sin un plan, es un error. Luego, en el marco de un Plan Energético, debemos discutir si el descongelamiento puede ser más o menos acelerado, más o menos distributivo. Pero lo urgente es tener estrategia”, señaló a Ámbito Julián Rojo, economista del Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi, quien remarcó: “El problema que enfrenta el Gobierno es que no tiene plan ni tiene tiempo, porque los subsidios energéticos crecen muy aceleradamente”.

“Una normalización tarifaria tiene que implementarse con criterios distributivos y de eficiencia. El contexto hace que, incluso, los límites para implementarla (ya sea por cuestiones fiscales, sociales o de servicio) sean bastante claros y estrictos. Creo que una buena herramienta es la tarifa social que, perfeccionada, cumple con los criterios”, agregó Rojo, quien aclaró: “La tarifa social es un mecanismo de focalización de subsidios a la demanda. Perfeccionarla implica que sobre la base de lo ya hecho se utilicen herramientas complementarias y un diseño basado en el aprendizaje de los hechos”.

Sintonía fina

Por su parte, Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica, señaló a Ámbito: “La corrección de tarifas es necesaria porque es ineficiente. Hoy también se subsidia a quienes no lo necesitan y una energía muy barata genera incentivos a un consumo no responsable de recursos no renovables, que a su vez puede implicarnos más importaciones. En el marco de un acuerdo con el FMI, difícilmente el Gobierno tenga margen para no reducir los subsidios a la energía, que a septiembre representaron 1,6% del PBI”.

“En un contexto con 40% de pobreza e inflación en 50% la corrección requiere de mucha sintonía fina para no profundizar aún más los desequilibrios económicos y sociales. El Gobierno debe primero lograr bajar la inflación núcleo, que promedia 3,2% mensual, y aprovechar la caída de los precios estacionales en diciembre, enero y febrero para que una gradual actualización de tarifas se vea al menos parcialmente compensada”, remarcó Caprarulo.

Sostener el equilibrio

“Desde la perspectiva fiscal, estamos cerca de los 3 puntos del PBI en materia de subsidios, en niveles que ya son aceptables. Se revirtió mucho con respecto de la reducción muy fuerte del componente de subsidios del macrismo, producto de actualizaciones muy por debajo de la inflación en estos dos años”, señaló por su parte el economista Sergio Chouza.

“A futuro, si se sigue incrementando esta proporción, es posible que reste espacio fiscal para otro tipo de medidas redistributivas que son necesarias. Y, por otro lado, el segmento al cual se empieza a llegar con una cuota mayor de subsidios es un segmento que efectivamente tal vez pueda pagarlo, sobre todo en un año como el 2022 donde los salarios deberían crecer en términos reales de manera más significativa que este año”, analizó Chouza, quien subrayó: “Sobre salarios creciendo en términos reales, aumentar proporcionalmente la cuota de subsidios sobre la clase media y media-alta, no parece tener mucho sentido. Así que me parece que, convalidando aumentos que se parezcan un poco más a la evolución de los costos de las empresas, se puede sostener o bajar en el margen el componente de subsidios y de esa forma, sostener una política que haga equilibrio entre no dejar a la clase media-baja y baja pagando tarifas plenas, pero tampoco que se desequilibre la situación macro”.

Fuente: Ambito