Tarifas de electricidad: vienen subas y una segmentación de usuarios que ya genera críticas
El Gobierno está decidido a reducir el nivel de subsidios y el proyecto de Presupuesto 2022 da señales en ese sentido. Qué pasará con el precio de la luz
La segmentación tarifaria que anunció Martin Guzmán el año pasado y que tuvo grandes problemas políticos en su instrumentación, al parecer se comenzará a aplicar en 2022, de acuerdo con lo que afirmaron tanto Guzmán como el secretario de Energía Darío Martínez en sus exposiciones del lunes en el Congreso de la Nación en la presentación del Proyecto de Presupuesto.
El tema eléctrico en el Presupuesto 2022 tiene una gran importancia en cuanto a la reducción del monto de los subsidios, tal lo que piden los técnicos del Fondo Monetario Internacional. Esta reducción en los subsidios económicos podría leerse como un futuro aumento de las tarifas de servicios como el transporte, la luz y el gas.
Pero más allá de la intención de las autoridades y del pedido del FMI, el proyecto presentado para el próximo año tiene pocas definiciones, por ejemplo, acerca de la política que se llevará adelante con las tarifas de electricidad y el nivel de subsidios a desembolsar.
Un reciente estudio de la consultora MS señala que la base es el Presupuesto 2021, que le asignó a CAMMESA unos $440.000 millones para el pago de subsidios. Los datos oficiales indican que hasta agosto esa cifra se incrementó en 25% y se estima que terminará el año en unos $750.000 millones; o sea, 60% más del proyectado originalmente. Por lo tanto, se observa que las ampliaciones presupuestarias ex – post son de magnitud significativa y en algunos casos hasta inmanejables.
Para sorpresa de muchos, el proyecto de Ley enviado al Congreso prevé para el 2022 un gasto de unos $620.000 millones, que está por debajo de lo que realmente se gastará este año y un 12% más que el vigente Presupuesto 2021. En términos del PBI, equivale al 1%, el mismo gasto incluido originalmente en 2021. En el mensaje del Proyecto de Presupuesto 2022 enviado al parlamento, la única afirmación concreta sobre el tema aparece en la página 150: «Para 2022, se prevé que el 43% de los costos mayoristas del sistema eléctrico sea cubierto por la tarifa eléctrica que abone el usuario».
Cómo se sostiene el sistema eléctrico argentino
Para entender cómo funciona hoy el mecanismo, hay que explicar que en la actualidad los usuarios de distribuidoras que abonan la tarifa estacional cubren apenas un tercio del costo de generación del servicio. En el promedio de todo el sistema, incluyendo grandes usuarios y los ingresos por exportaciones a Brasil, cubren poco más de la mitad (52% en promedio para 2021 y 64% en octubre). Hay que aclarar que tampoco están actualizadas las tarifas (V.A.D.) que deben percibir las compañías de distribución y transporte, con lo que se han generado otras deudas de gobiernos provinciales y de CAMMESA.
Con respecto al futuro aumento de las tarifas el estudio de la consultora MS señala que:
a) Un aumento del costo de generación del 40% en 2022 respecto al promedio de este año.
b) Un aumento del 5% en el consumo.
c) Que los grandes usuarios siguen pagando casi todo el costo.
d) Se mantienen las exportaciones en nivel y precio, por lo que sería necesario un aumento del precio estacional (para usuarios de distribuidoras) de 15/20% (en promedio anual) para cumplir la pauta del 43% de cobertura del costo.
Por lo tanto, el aumento de las tarifas sería superior al que ya se aplicó este año. Además, deberían subir las tarifas de distribución para no seguir acumulando atrasos excesivos. Una aclaración posterior del Ministerio de Economía dice que se va a implementar una política de segmentación tarifaria para que los aumentos recaigan más sobre los sectores de mayor poder adquisitivo. Hace un año también se había esbozado esa estrategia que hasta ahora no se puso en marcha.
Sin embargo, con ese nivel de precios el monto de los subsidios a la generación que debería abonar CAMMESA superaría la partida de los más de $600.000 millones incluida en el proyecto de gastos para el año próximo. Se ubicaría en el entorno de $1 billón de pesos, que son equivalentes al 1,5% del PBI, cifra similar a la esperada para el corriente 2021 y lejos del porcentaje de 1 por ciento que figura en el Proyecto de Presupuesto 2022.
En resumen, el proyecto de Presupuesto 2022 asigna a CAMMESA unos $600.000 millones para el pago de subsidios (1% del PBI). Es un número que bajo la historia muestra que los créditos presupuestarios se pueden elevar significativamente a lo largo del año. También indica que la cobertura de las tarifas (precio facturado a los consumidores / costo de generación) será del 43%. En agosto pasado esa cifra fue 53% y rondará el 48% en todo 2021. A esto se le debe sumar la insuficiencia de las tarifas de distribución y transporte.
El Gobierno apuesta a la segmentación de usuarios
Con respecto a una futura reducción de los subsidios económicos, Guzmán, en su presentación frente a los diputados, manifestó que «la reducción en los subsidios se iba a producir a partir de la segmentación del cuadro tarifario y vamos a subsidiar solo a aquellos que lo necesitan». El ministro también habló de «focalizar el tema», pero en el medio de su exposición aclaró que el secretario de Energía Darío Martínez explicaría el tema.
Al respecto, Martínez manifestó que la reducción de los subsidios se dará por la eliminación de la partida para el segmento de grandes usuarios dentro del mercado mayorista y los beneficios obtenidos gracias al Plan Gas.Ar por la caída de la Resolución 46, pero no dio más detalles al respecto. Martínez también destacó que se estaban analizando los casos de segmentación de tarifas de unos 16 millones de usuarios a través de los distintos entes como el ENRE en lo que se refiere a electricidad y el ENARGAS en lo referido al gas.
Algunos expertos del sector consultados por iProfesional señalan que es bastante complejo el tema de la segmentación, ya que no hay partidas cruzadas que dirijan la rentabilidad del sector hidrocarburífero de Vaca Muerta hacia las generadoras y distribuidoras de energía. Además, destacan que no se han eliminado los subsidios a los grandes usuarios, que, si bien se redujeron bastante, no alcanzan para compensar el recorte. Los grandes usuarios explican el 35% de la demanda, 15% consumen las Pymes y el otro 50% es residencial.
De acuerdo con lo que pudo investigar iProfesional, la política de segmentación que prevé implementar el Gobierno en los próximos meses supone una quita de subsidios en las boletas de luz y gas para ciertos sectores, comenzando con los de mayores ingresos.
Los problemas de la segmentación de tarifas
La mayoría de los analistas consultados por iProfesional tienen bastantes dudas con respecto a la efectividad de la instrumentación o a su judicialización por parte de algunos usuarios.
En particular, explican que la segmentación de tarifas que quiere aplicar el Gobierno podría tener problemas de implementación y el problema es que de mantenerse el actual congelamiento de tarifas los subsidios económicos irían de los u$s10.000 millones estimados para este año a los u$s16.000 millones para el próximo.
Hay que destacar que un esquema de segmentación de tarifas significa la aplicación de un subsidio cruzado discriminando usuarios por algún tipo de parámetro, como pueden ser el consumo, el lugar de residencia y la capacidad de pago. Por lo tanto los expertos explican que instrumentar un mecanismo de este tipo implicaría aumentos de tarifas muy por encima de la inflación para un porcentaje menor de clientes residenciales representados por un 15% al 25% de los hogares. En tanto, el resto de los usuarios no tendrían aumentos o deberían enfrentar subas menores.
Los cálculos de los aumentos de tarifas van de un 70 por ciento para usuarios de gas y del 60 por ciento para electricidad, según expertos que tienen bajo la lupa los números del Proyecto de ley de Presupuesto 2022.
El economista Jefe de FIEL, Fernando Navajas, explica que «se requieren aumentos de hasta un 200% en los hogares que van a ser segmentados» y manifiesta que «cuando hagan eso, el Gobierno no podrá evitar filtraciones del esquema a hogares de clase media, por lo que va a tener un problema de error de inclusión de usuarios en el esquema».
Los especialistas sostienen que se trata de un esquema de segmentación con muchos defectos que lo pueden hacer fracasar en la práctica y, además, es un sistema que no tiene una validación internacional, porque ningún país en el mundo lo utiliza. No hay experiencia piloto alguna en el mundo y es muy vulnerable a una judicialización, por ser incompatible con la prohibición legal de tener subsidios cruzados.
Agregan, además, que se trata de un sistema inédito que no encuadra en las buenas prácticas en la materia, que distorsiona precios y que choca con el marco normativo y regulatorio vigente lo cual constituye una barrera legal adicional. El experto Daniel Gerold, en una reciente exposición en la Amcham, advirtió que los subsidios energéticos llegarían a unos u$s16.000 millones el año próximo si se mantiene el congelamiento de tarifas.
Con respecto a lo que harán las empresas, hay que destacar que el 16 de noviembre pasado el Gobierno les ordenó a las distribuidoras de electricidad Edenor y Edesur que reempadronen a sus usuarios residenciales para tener los datos actualizados de todos sus clientes. Este es un paso clave para comenzar a aplicar una segmentación de las tarifas y así reducir los subsidios, con el fin de achicar el déficit fiscal.
Según comunicó en su momento el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), la instrucción a las empresas fue para que «adecuen sus mecanismos de gestión a fin de promover el reempadronamiento» de más de 1,5 millones de personas usuarias de categoría residencial. Los usuarios podrán ser sancionados con cortes de luz.
Los suministros eléctricos a regularizar son un 37% del total de las personas usuarias residenciales del área de concesión, de acuerdo al ENRE a cargo de la Dra María Soledad Manín. Este universo comprende domicilios de suministro en los que se registran como titulares personas fallecidas y que poseen inconsistencias en los datos registrados, tales como omisiones o errores en los números de DNI. Asimismo, se incluye el caso de personas que se declaran como titulares de una pluralidad de domicilios.
Hasta fin de diciembre de este año, las empresas deberán notificar a las personas usuarias comprendidas en este universo para que, en el plazo de 10 días hábiles, realicen el reempadronamiento. El Reglamento de Suministro establece que los domicilios cuya titularidad continúe con inconsistencias serán susceptibles de cortes.
Por eso, el ENRE instruyó a Edenor y Edesur a que habiliten «mecanismos sencillos, incluyendo herramientas digitales, a fin de facilitar y agilizar la gestión». Las personas usuarias podrán realizar el reempadronamiento mediante un formulario habilitado en la web del organismo.
En definitiva, pese a que el proyecto de Presupuesto 2022 no hace referencias a los aumentos de las tarifas de luz y gas para el año que viene, es probable que la reducción de los subsidios venga acompañada por subas que pueden llegar a sorprender a los usuarios.
Fuente: iprofesional