El Gobierno emitirá una resolución para bajar las tarifas eléctricas de los usuarios de altos ingresos, grandes industrias y comercios. De cuánto es la reducción y qué implica para los subsidios.

A menos de 20 días de las elecciones, la Secretaría de Energía emitirá una resolución que implica una baja de las tarifas de luz para hogares de altos ingresos (Nivel 1 de la segmentación), grandes industrias y comercios que pagan el costo pleno de la electricidad, que se aplicará para los consumos desde hoy -1 de noviembre-.

Como adelantó El Cronista, se debe a que en el verano se reduce el costo de la energía por el menor uso de combustibles (en parte, gracias al gasoducto de Vaca Muerta) y la mayor disponibilidad estimada de recursos hidroeléctricos para el período noviembre 2023 – enero 2024.

El costo pleno de la energía pasará de algo más de $ 22.560 por megavatio-hora (MWh; o $ 22,56 por kWh, que es la unidad de medida en la que se factura la electricidad para los hogares) en el trimestre agosto-octubre a poco más de $ 20.450 por MWh en los próximos tres meses. Se trata de una reducción del 9,4%.

Solamente los usuarios de ingresos o patrimonios altos y aquellos que no pidieron o renunciaron a los subsidios (N1, aproximadamente el 30% de los hogares), así como más de 6000 grandes industrias y comercios abonan el costo pleno y a este grupo les impactará la disminución de tarifas, que deberá ser instrumentada en los próximos días por los entes reguladores de cada jurisdicción.

En la Ciudad y el Gran Buenos Aires, área de concesión de Edenor y Edesur, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) emitirá una resolución para aplicar la baja de las tarifas, que rondará el 4 a 5% para este grupo de usuarios, ya que el costo mayorista de la energía representa cerca de la mitad de la boleta; en el Interior, la incidencia de la distribución es mayor y, por ende, la energía en sí pesa menos en las facturas.

Para el resto de los usuarios, como los hogares N2 (tarifa social e ingresos bajos) y N3 (ingresos medios), las tarifas se mantendrán sin cambios.

No obstante, el excedente de consumo en los usuarios N3 se facturará, como ya es habitual, al precio pleno. En todo el país el excedente se factura desde los 400 kWh al mes, menos para las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja y San Juan, en donde el excedente se cobra desde los 650 kWh mensuales, por las altas temperaturas y la mayor demanda energética en el Norte de la Argentina.

En términos de gasto fiscal en subsidios, esta medida implica que el segmento de altos ingresos de los hogares mantendrá sus boletas de luz sin ayuda del Estado, mientras que los usuarios que cuentan con la subvención tendrán una porción menor de las facturas subsidiadas, pues cae el monto y la proporción que aportará el Estado nacional.

Sin embargo, como gran parte de la generación eléctrica está dolarizada, una eventual devaluación del peso contra el dólar oficial en los próximos tres meses impactará en el monto de los subsidios, pues volverá a crecer en pesos el costo de la energía, forzando a otro aumento de tarifas para compensarlo o a un gasto extra del Estado para cubrirlo.

Según un reciente informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet, la suma de los subsidios a la energía, el agua y el transporte en el acumulado del año hasta octubre llegó a $ 3.076.798 millones ($ 3 billones), y tuvo una caída en términos reales del 16,6% interanual.

Solo los subsidios a la energía (luz, gas y garrafas) insumieron en los primeros diez meses de 2023 $ 2.345.966 millones y disminuyeron un 19,4% anual en comparación con la inflación promedio del mismo período de 2022.

Para todo este año se prevé un gasto fiscal en subsidios equivalente a 2,3% del Producto Interno Bruto (PIB) -la misma incidencia que en 2020, cuando se volvieron a atrasar las tarifas-, que bajaría a 1,4% en 2024 -misma incidencia que en 2019-, algo sujeto a revisión en una futura renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Fuente: El Cronista