El Ejecutivo dejó trascender que dividirá a los usuario residenciales según su capacidad de pago. Mientras el Congreso apura la ratificación del memorándum, se alista todo para una audiencia que homologue el esquema.

Luego de largos debates, el Gobierno logró acordar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el esquema de aumento tarifario que trabó durante semanas -quizás meses- el entendimiento.

El reconocimiento de esta dificultad lo hizo oficial la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, en la introducción de la conferencia de prensa semanal que este jueves volvió a concretar, en este caso desde su casa, ya que transita un contagio de Covid que la obligó a aislarse.

El objetivo es «lograr niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad», anticipó la vocera presidencial. Y precisó que los aumentos abarcarán «tanto a usuarios residenciales como no residenciales».

TRES NIVELES DE AUMENTO

En concreto, el Gobierno presentará en una audiencia que convocará para fines de abril un proyecto tarifario que contempla una triple segmentación para el bienio 2022-2023 basado en el coeficiente de variación salarial que se estableció en la ley 27.443, votada en y vetada por el expresidente Mauricio Macri.

Los tres niveles de segmentación serán:

Usuarios que dejarán de ser beneficiarios de subsidio al consumo energético en función de su plena capacidad de pago.

Usuarios beneficiarios de la tarifa social, para quienes el incremento total en su factura para cada año calendario será equivalente al 40% de la evolución de los salarios registrados, que se calcula sobre el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior.

Para el resto de los usuarios, el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente a 80% del CVS correspondiente al año anterior.

El aumento fue definido por Guzmán con el Presidente, y dando intervención al secretario de Energía, Darío Martínez.

Específicamente, según adelantó la portavoz, en el acuerdo quedará estipulado que durante los años 2022 y 2023 «no podrán contemplarse otros incrementos por encima de los topes previstos» para beneficiarios de tarifa social y consumidores no considerados de alto poder adquisitivo.

También dijo Cerruti que «la propuesta para los usuarios no residenciales contempla el pago de la tarifa plena para los Grandes Usuarios y, para el resto, se procederá con una revisión tarifaria.

Al respecto del tema, la funcionaria aseguró que el Gobierno desarrollará un plan energético que incluirá acciones tendientes a incentivar la inversión privada y pública para aumentar la generación y transmisión de energía, incluyendo la construcción de gasoductos y la expansión de la capacidad de producción de GNL y energía renovable.

En cuanto a un eventual plan B, o de contingencia, ante la posibilidad de que no se apruebe en el Congreso, Cerruti dijo que «tenemos la obligación de ser optimistas», aceptó diferencias internas al confirmar que «somos una coalición de Gobierno que no piensa igual en todos los temas» e hizo hincapié en el rol de la oposición.

Fuente: Cronista