Por su parte los representantes de las empresas Edenor y Edesur expusieron una necesidad adicional de recursos de $100.000 millones para continuar operando en 2022.

La Secretaría de Energía planteó este jueves ajustes en las distintas etapas de transporte y distribución de electricidad para que se reflejen en un incremento de «entre el 17% y el 20%» en la tarifa establecida en la factura de los usuarios, en tanto los representantes de Edenor y Edesur expusieron una necesidad adicional de recursos de $ 100.000 millones para continuar operando en 2022.

Las posturas fueron expresadas en el marco de la audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que comenzó este jueves a la mañana y cuenta con 142 participantes inscriptos.

El encuentro virtual es presidido por la interventora del ENRE, Soledad Manín, y comenzó con una breve intervención del secretario de Energía, Darío Martínez, quien expresó el «compromiso» del Gobierno para que «los aumentos tarifarios siempre sean inferiores a la evolución de los salarios».

Al respecto, el director nacional de Regulación del Mercado Eléctrico Mayorista, Marcelo Positino, planteó «la fijación de precios se defina de forma tal cuyo impacto final en las facturas de los usuarios oscile entre el 17% y el 20%».

Positino señaló en su exposición que en 2021, en un contexto de crecimiento de la demanda y la generación, hubo una emergencia hídrica caracterizada por la bajante más aguda del caudal del río Paraná en 77 años.

En consecuencia, la generación de energía hidroeléctrica cayó 17,1% y debió recurrirse a una mayor generación térmica (con un mayor consumo de combustibles, que en el caso del gasoil creció un 137%) y, en menor medida, por energías renovables.

«Por estas circunstancias se prevé que los costos aumenten en 2022 respecto de 2021», advirtió el funcionario.

Asimismo, puntualizó que si los subsidios a la energía eléctrica aumentaron en 2021 fue «principalmente por los costos de generación, debido a la devaluación y el precio de los combustibles», que representaron un valor adicional de $394.326 millones.

En ese sentido, indicó que para afrontar esos mayores costos «las 17 distribuidoras más grandes del país aumentaron en 2021 sus tarifas en un promedio del 23%».

Positino aseguró que si en febrero de 2021 se hubiera otorgado un incremento del 40% en la tarifa final de los usuarios «los subsidios habrían disminuido un 16%».

En representación de Edesur, Jorge Lemos indicó que la empresa solicita $ 43.236 millones para continuar con la operación en 2022, en tanto Federico Méndez, en nombre de Edenor, fijó ese monto en $ 56.800 millones, lo que hace un total entre las dos compañías de $ 100.036 millones.

El financiamiento de esos recursos adicionales puede hacerse, indicaron, a través de tres vías: aumento de tarifas, subsidios del Estado o bien una combinación de ambas variables.

«Cuál adoptar es una decisión propia de la autoridad, no de la empresa», señaló Lemos, quien aseguró que el motivo de la audiencia no era el de fijar una nueva tarifa sino el de «evaluar el impacto de la inflación en los costos».

Al respecto, recordó que entre marzo de 2019 y diciembre de 2021 el ajuste tarifario concedido fue del 20,8%, contra una inflación acumulada en el mismo período del 199%.

Por su parte, Méndez remarcó que los subsidios no están destinados a las distribuidoras sino a los usuarios y a la generación.

Previo a la exposición de las distribuidoras, en la audiencia tuvo lugar la intervención de representantes de las compañías transportadoras, de las que solamente Transener y Transba presentaron una propuesta de ajuste tarifario porcentual determinado.

Ambas empresas fueron representadas por Pablo Tarca, quien planteó un ajuste del 43% para Transener y 44% para Transba, con una incidencia en la tarifa de un usuario residencial del 0,68% y 0,74%, respectivamente.

Las propuestas presentadas en la audiencia pública corresponden a la adecuación transitoria del cuadro tarifario, en espera a la Revisión Tarifaria Integral (RTI) que se prevé comenzará a regir en 2023.

La tarifa final de la factura del servicio eléctrico se compone de cuatro factores: el precio estacional, el del transporte, valor agregado de distribución (VAD) y los impuestos, más los eventuales subsidios.

En ese sentido, Lemos aseguró que de lo que paga un usuario, el 27% corresponde a impuestos en forma directa y que la carga impositiva total (directa e indirecta) se ubica entre el 46% y el 50% de la factura.

Fuente: Télam