Las 47 empresas distribuidoras de energía eléctrica -entre las que se encuentran Edenor y Edesur- indicaron ayer que están «en estado de preocupación frente a la extensión del congelamiento tarifario».

En un comunicado difundido por la asociación que las nuclea, Adeera, dijeron que la medida «produce una afectación directa al servicio eléctrico», y señalaron que la fijación de precios se da en un contexto de una inflación acumulada del 80% desde la última actualización, en marzo de 2019, lo que «impacta directamente en los aumentos de los costos de la prestación».

Las tarifas además seguirán sin cambios hasta por lo menos el próximo 15 de marzo, según la última normativa del Gobierno, lo que implicará dos años sin una aumento en sus ingresos.

«Es necesario conocer que la producción y distribución de energía tiene un costo y no es ‘gratis’ o ‘económica’ como algunos consideran. Se requieren inversiones constantes para garantizar las condiciones de calidad requerida por los usuarios», dice el comunicado y aclara que, entre todas las distribuidoras, emplean a 80.000 personas.

Las empresas explicaron que, además de los salarios, dentro de los costos del servicio de distribución eléctrica se encuentran también los materiales, repuestos, flota de vehículos y demás insumos, que están disponibles durante todo el año para mantener el servicio.

En relación a las inversiones, dijeron que el año pasado desembolsaron más de $50.000 millones, «privilegiando las redes y su operación por sobre otras obligaciones».

Otra consecuencia del congelamiento es el incremento en los subsidios. Durante los últimos meses, las empresas estuvieron financiándose con el dinero que debía transferírsele a Cammesa, la compañía con control estatal encargada del despacho de energía. Según un informe del Instituto Mosconi, los subsidios destinados a Cammesa el año pasado fueron US$4417 millones.

Cammesa se ocupa de comprar la electricidad y la vende a los usuarios con un 60% de descuento. Es decir, los clientes pagan en promedio solo el 40% del costo real de la generación eléctrica (US$25 de los US$60 el MWh), según datos oficiales. El resto lo cubre el Tesoro Nacional con transferencias.

Pero, como las distribuidoras no logran cubrir el aumento de los costos con sus ingresos, tampoco le transfieren a Cammesa el total de lo que recaudan de sus clientes por el costo de la electricidad. Por lo cual el Estado termina cubriendo con más subsidios el consumo residencial de energía. En promedio, la cobranza de Cammesa en 2020 fue del 70% y las distribuidoras le deben alrededor de $130.000 millones. Esta situación se espera que se regularice este año con un plan de facilidades que incluyó el Ministerio de Economía en el presupuesto.

Sumado al congelamiento, las empresas señalan que su situación «se vio aún más comprometida» por la pandemia. «Esto se debe a la morosidad en el pago de las facturas, a las deudas que se vieron obligadas a contraer con Cammesa, a la falta de actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD), a los altos componentes impositivos y a la reducción de la demanda industrial, que no logró compensarse con el aumento del consumo hogareño», explicaron.

Adeera señala además que esta situación se puede ver en los balances de las empresas que cotizan en la Bolsa. Por ejemplo, Edenor, que cambió de dueños hace menos de un mes, presentó pérdidas por $1839 millones en el tercer trimestre de 2019 (último resultado disponible), con una caída del 25% en términos reales de los ingresos en el acumulado de los nueve meses.

Edesur, por su parte, controlada por la italiana Enel, informó pérdidas acumuladas a septiembre por $3509 millones. «Sin tarifa, sin subsidio y sin reglas no se pueden hacer milagros», había dicho Nicola Melchiotti, country manager de Enel en la Argentina.

Tarifas baratas

Las distribuidoras indicaron también que las tarifas de los servicios públicos que rigen actualmente en el país son las más económicas de la región, comparadas por ejemplo con Uruguay, Brasil o Chile.

«Esto implica un fuerte atraso monetario en las distribuidoras, que trae como consecuencia la falta de fondos para continuar con el necesario nivel de inversiones para mantener la calidad del servicio», dijeron.

Luego señalaron que solamente el 29% de lo recaudado por las facturas de electricidad corresponde al distribuidor (VAD); el 41% del precio corresponde a la energía mayorista y el restante 30% son impuestos directos.

Además, enfatizaron la necesidad de incorporar «el uso responsable de la energía». «En muchos casos, aun con tarifas congeladas, se advierten facturas de montos relevantes que son producto del consumo excesivo por parte de los usuarios», dijeron.

«Otro factor que vale la pena aclarar está relacionado con los dichos de referentes de la cartera de Energía sobre posibles cortes de luz en el verano. Las distribuidoras han tomado deuda y postergado otras obligaciones para realizar obras de mantenimiento y mejora de las redes; esto implica que no deben esperarse mayores cortes que los que resultan habituales en los días de altas temperaturas», concluyeron.

Fuente: La Nación.