Por Redacción Runrún Eléctrico
Ante el agotamiento del modelo de obra pública tradicional, la Secretaría de Energía de la Nación ha consolidado el marco normativo para que el sector privado lidere la ampliación del sistema de transporte de alta tensión. Mediante el uso estratégico del RIGI y el esquema de “Ampliación por Contrato entre Partes”, el Gobierno busca que las grandes operadoras mineras, petroleras y generadoras de energías renovables financien los kilómetros de red necesarios para sus propios proyectos, a cambio de derechos de uso y estabilidad jurídica.
Este giro de 180 grados busca destrabar un “cuello de botella” de más de 5.000 MW de potencia que hoy no pueden volcarse al sistema por la saturación de las líneas de 500 kV, especialmente en las regiones del Comahue y la Patagonia.
Bajo este nuevo paradigma, el rol del Estado se desplaza de “constructor” a “facilitador”, supervisando que las obras privadas se integren armoniosamente al Sistema Interconectado Nacional (SADI). Proyectos críticos, como la conexión de nuevos parques eólicos o la electrificación de los grandes yacimientos de litio y cobre, ya no dependerán de las partidas presupuestarias nacionales, sino de la capacidad de los privados para estructurar financiamiento internacional aprovechando las ventajas impositivas del RIGI.
Para el sector eléctrico, este cambio representa el mayor desafío de gestión de la década: pasar de un sistema centralizado a uno donde la expansión de la red es traccionada directamente por la demanda industrial y la eficiencia del mercado.
Visión de Runrún Eléctrico
El fin del financiamiento estatal para el transporte eléctrico no es un retroceso, sino una invitación a la madurez del mercado. Desde nuestra editorial, entendemos que este modelo —exitoso en otros países de la región— obliga a los actores privados a ser protagonistas del desarrollo estructural del país.
La clave para que este esquema funcione será la transparencia en las autorizaciones de CAMMESA y la celeridad regulatoria para que quienes tienen el capital puedan hundirlo en el suelo argentino, transformando cables y torres en el motor que finalmente permita evacuar todo el potencial energético que el país tiene en sus fronteras.