La Auditoría General de la Nación analizó los cambios generados en el sector tras las modificaciones de la normativa en 1992. ¿Cómo afectó la libre competencia al abastecimiento? ¿Cuáles fueron las fallas en la planificación y por qué colapsó el sistema en dos ocasiones?

Un informe realizado por la Auditoría General de la Nación (AGN) concluye que en el país la libre competencia en el sistema de distribución eléctrica fue un inconveniente para el desarrollo de obras a gran escala, lo que impide que haya un abastecimiento adecuado y seguro. El análisis del organismo buscó comprender si los mecanismos vigentes posibilitan una dinámica adecuada de expansión y funcionamiento del transporte eléctrico.

El transporte eléctrico es el que permite transferir la energía producida en las centrales hasta los centros de consumo. Para realizar el estudio, la AGN auditó al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), responsable de la regulación y control del servicio público de transporte eléctrico, y a la Secretaría de Energía, que tiene un rol ejecutivo y competencia en la planificación y ordenamiento de la política energética. El período analizado fue entre 1992 y 2021.

El análisis se centró en los cambios en la regulación y los distintos regímenes que impactan en la configuración del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Mediante el SADI se suministra la energía necesaria para el desarrollo económico del país. En términos geográficos, la región más deficitaria energéticamente es el Área Metropolitana de Buenos Aires, ya que demanda más energía de la que produce y se abastece de la importación de otras regiones, mientras que Comahue o el NEA son las regiones más productoras.

Distribución deficitaria

Para que el servicio de transporte eléctrico sea eficiente, debe operar con cierta calidad, cumplir con el mantenimiento de las instalaciones existentes y desarrollar la expansión, lo que requiere de una planificación detallada a mediano y largo plazo.

En el informe la AGN concluyó que la Ley 24.065, reglamentada en 1992, produjo un cambio en la configuración del sector y ocasionó inconvenientes. Por ejemplo, la introducción de un sistema competitivo para desarrollar las ampliaciones provocó que se descentralice la planificación y el financiamiento de las obras. En este sentido, se explica que si bien se esperaban ofertas más eficientes y a menor costo, representó un problema para concretar obras a gran escala.

Para ejemplificar sobre la libre competencia como obstáculo se observó el caso de la Línea de Comahue. La demora del inicio de la obra implicó una restricción en el corredor que vinculaba una región con excedentes de energía a bajo costo (Comahue) con el mayor centro de consumo eléctrico, región deficitaria (GBA). Es decir, había excedente de producción pero no la capacidad necesaria para distribuirlo.

Además, la AGN detectó “períodos de subinversión, con líneas y nodos que funcionaron al borde de sus límites técnicos, afectando la capacidad de reserva de cada corredor”. Este problema se dio gracias a la falta de las ampliaciones del sistema, que se encuentran previstas en el régimen de calidad y seguridad de obras que se deben realizar.

La Auditoría destacó que la baja inversión se agravó a partir de 2018 en una coyuntura de inestabilidad macroeconómica, un escenario de endeudamiento y de restricciones fiscales. “Esto provocó que haya más limitaciones para las inversiones de los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista y deterioraron la capacidad de la Nación para direccionar recursos para el financiamiento y la concreción de obras necesarias”, señaló el informe.

Las fluctuaciones de la economía y la dependencia de recursos fiscales o de financiamiento externo también impactaron directamente en las inversiones del sector, según el informe. El 16 de junio de 2019 se registró una falla eléctrica en el Corredor NEA que originó la pérdida total del SADI por primera vez en la historia. Este colapso del sistema puso en agenda la necesidad no sólo de expandir las redes, sino de adecuar los procedimientos y modernizar la infraestructura existente. Otro evento de colapso se registró el 1 de marzo de 2023, fuera del periodo de análisis del informe de la AGN.

«La ocurrencia del colapso de junio de 2019, la recurrente postergación de obras de gran escala para mejorar la vinculación eléctrica y seguridad del abastecimiento y la falta de capacidad de transmisión de las regiones con potencial renovable, le confieren al problema estudiado una materialidad que no puede ser subestimada», indicó el documento.

¿Qué cambió con la Ley 24.065?

La Ley 24.065 declaró sujeta a privatización las actividades a cargo de AyEE S.E., SEGBA e HIDRONOR S.A. Hasta 1992, el sector eléctrico estaba conformado por estas tres empresas verticalmente integradas y que eran del Estado. Todas participaban en la generación, distribución y transporte de energía eléctrica.

A partir de la nueva normativa, se separaron las actividades distinguiendo entre aquellos que podían reproducir un régimen de competencia de mercado (generación) y aquellas que, por su naturaleza monopólica, requerían de una regulación del servicio público como la implementación de un sistema tarifario de precios máximos (transporte y distribución).

El cambio de configuración trajo consigo un nuevo conjunto de reglas que, según el informe, “materializaron el repliegue estatal de la producción de energía y de la prestación de los servicios a un rol planificador indicativo del sistema y de regulador de los segmentos eléctricos”.

La operación técnica del sistema (despacho de cargas y administración económica) quedó a cargo de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA). Por otro lado, el ENRE es responsable de la regulación y fiscalización del sistema, y las empresas concesionarias son las que están habilitadas para prestar el servicio.

El objetivo de la Ley fue acotar el negocio empresarial evitando la integración vertical privada. Los concesionarios tienen prohibido comprar o vender energía.

“Cuello de botella”

El informe de auditoría fue presentado durante la primera sesión de noviembre de 2023. Tal como lo reflejó El Auditor.info, el auditor general Gabriel Mihura Estrada fue el encargado de darlo a conocer y en esa oportunidad resumió que “el cuello de botella que obstruye el mayor desarrollo de energía eléctrica es el transporte”. Ante ese panorama, sostuvo que es “imprescindible asegurar un incremento sostenido en el flujo de energía”.

Fuente: El Auditor