Hace unos días, en la Cámara de Diputados de la Nación, el legislador Pedro Galimberti (JxC-Entre Ríos), junto a Hugo Romero, de Córdoba; y Fernando Carbajal, de Formosa, presentó un proyecto de ley para reducir, del 21% al 10,5% el IVA al gas, la energía eléctrica y el agua regulada por medidor, cuando la prestación se efectúe a domicilios destinados exclusivamente a vivienda, casa de recreo o veraneo o terrenos baldíos. También propuso bajar la alícuota del 27% al 21% a los usuarios que sean sujetos categorizados como Responsable Inscripto o para quienes optaron por el Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes. “De esta manera buscamos que se pueda atenuar el impacto económico del aumento de las tarifas de los servicios públicos de gas, energía eléctrica y agua en un contexto de inflación, pérdida de poder adquisitivo en los salarios y quita de subsidios a la energía”, recalcó mediante las redes sociales, según información enviada a DIARIOJUNIO.

“En Entre Ríos también hicimos lo propio. El senador Rubén Dal Molin presentó un proyecto para reducir el 13% del Impuestos del Fondo de Desarrollo Energético. En mi ciudad, Chajarí, en 2018, estando al frente de la intendencia, reducimos del 16 al 12% la Tasa de Alumbrado público”, remarcó Galimberti.

En los fundamentos de la iniciativa, el ex intendente de Chajarí sostuvo que la propuesta tiene dos objetivos. En primer lugar, disminuir la tasa incrementada del 27% al 21% (tasa general) para las ventas de gas, energía eléctrica y aguas reguladas por medidor y demás prestaciones comprendidas en los puntos 4, 5 y 6, del inciso e) del artículo 3º de dicha ley, cuando la venta o prestación se efectúe fuera de domicilios destinados exclusivamente a vivienda o casa de recreo o veraneo o en su caso, terrenos baldíos y el comprador o usuario sea un sujeto categorizado en este impuesto como responsable inscripto o se trate de sujetos que optaron por el Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes.

“La disminución de la alícuota del 27% al 21% propuesta tiene como fundamento bajar el costo fiscal a los pequeños contribuyentes que optaron por el régimen simplificado o monotributo ya que estos, al no tener declaración jurada de IVA, no les queda otra alternativa que trasladar la alícuota del 27% a sus costos de producción, disminuyendo su rentabilidad, o trasladarlo al precio del producto/servicio final que ofrecen al mercado. Por lo tanto, en un contexto inflacionario y de suba de tarifas de energía eléctrica, agua y gas, esta modificación traería beneficios para la rentabilidad de los pequeños contribuyentes monotributistas y para el consumidor final”, se recalca.

El segundo objetivo de este proyecto refiere a disminuir la alícuota del 21% al 10,5% para las ventas de los servicios de gas, energía eléctrica y aguas reguladas por medidor y demás prestaciones comprendidas en los puntos 4, 5 y 6, del inciso e) del artículo 3º, cuando la venta o prestación se efectúe a domicilios destinados exclusivamente a vivienda o casa de recreo o veraneo o en su caso, terrenos baldíos.

“Esta modificación de las alícuotas propuestas en el ítem 2 tiene como fundamento atenuar el impacto económico del aumento de las tarifas de los servicios públicos de gas, energía eléctrica y agua en un contexto de inflación, pérdida de poder adquisitivo en los salarios y quita de subsidios a la energía. La disminución propuesta del 50% de la alícuota del IVA en las facturas de energía eléctrica, agua y gas beneficiaría a la economía de los hogares argentinos, ya que impactaría directamente en el precio final de dichos servicios”, se señala.

“En el contexto actual, las tarifas de los servicios públicos de energía eléctrica, agua y gas sufrirán aumentos considerados dada la necesidad fiscal del Estado Argentino en disminuir progresivamente los altos subsidios destinados al sector energético. Un trabajo de la consultora Economía y Energía proyectó para 2023 un nivel de subsidios al sector energético de U$S 10.896 millones, un 1,6% del PIB según las premisas macroeconómicas del proyecto de Ley de Presupuesto. A su vez, en el Presupuesto 2023 se contempla una reducción del 27% (U$S 2377 millones) de los recursos destinados a CAMMESA con relación al crédito vigente en 2022”, se sostiene.

En el contexto actual, las tarifas de los servicios públicos de energía eléctrica, agua y gas sufrirán aumentos considerados dada la necesidad fiscal del Estado Argentino en disminuir progresivamente los altos subsidios destinados al sector energético. Un trabajo de la consultora Economía y Energía proyectó para 2023 un nivel de subsidios al sector energético de U$S 10.896 millones, un 1,6% del PIB según las premisas macroeconómicas del proyecto de Ley de Presupuesto. A su vez, en el Presupuesto 2023 se contempla una reducción del 27% (U$S 2377 millones) de los recursos destinados a CAMMESA con relación al crédito vigente en 2022. Estos subsidios a la energía son:

– Regresivos: porque aumentan con la capacidad de consumo. Es decir, quien más consume, más subsidio recibe, provocando una transferencia de ingresos desde los sectores con menos ingresos a los más altos.

– Inequitativos a nivel geográfico: Los precios de la energía en el interior tienen aumentos mayores que en el AMBA. Por ejemplo, en el rubro de electricidad, gas y otros combustibles la variación interanual a marzo de 2021 para GBA fue del 1,5% mientras que en el interior van desde un 4,2% en la región pampeana a un 12,4% en la región de Cuyo. Con lo cual, un hogar de bajos recursos del interior recibe menores subsidios que un hogar de clase media del AMBA.

– Inflacionarios: Teniendo en cuenta que el gasto en subsidios a la energía se financia con emisión monetaria, hay más presiones inflacionarias que golpea con mayor intensidad a los sectores de bajos ingresos

– Desincentivan la inversión y bajan la calidad del servicio: De acuerdo a estudios realizados por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) y el Instituto Argentino de la Energía “Gral Mosconi” (IAE) la calidad de los servicios públicos en aquellas empresas sometidas a congelamiento o retraso tarifario parcial se ha deteriorado en forma significativa, por los desincentivos a la inversión privada en el sector

“En conclusión, desde el punto de vista fiscal como desde su impacto redistributivo, resulta claro que los subsidios energéticos deben reordenarse y reducirse de manera progresiva y segmentada. Sin embargo, en un contexto inflacionario y de pérdida de poder adquisitivo salarial no deben perderse de vista las implicancias sociales de esta política. Es en este sentido que este proyecto de ley tiene como propósito volverse un instrumento para atenuar el impacto económico del aumento de las tarifas de gas, agua y energía eléctrica en los hogares argentinos y en los pequeños contribuyentes bajando el costo fiscal mediante disminuciones en las alícuotas al IVA”, remarcó el diputado en el proyecto de ley.

Fuente: Diario Junio