El inicio del hormigonado de la nueva obra en el brazo de Añá Cuá quedó opacado por este hecho.

El secretario de Energía, Darío Martínez, y su equipo de colaboradores que se habían trasladado la semana pasada a Yacyretá regresaron a Buenos Aires con una sensación ambigua: conformes por el avance de las obras de Aña Cuá, pero a la vez preocupados por la tela para cortar que dejo la polémica adjudicación de los transformadores y la estación de maniobra de alta tensión de la nueva usina destinada a ampliar la capacidad de generación de la hidroeléctrica binacional.

Inicialmente, el acto para mostrar el progreso de los trabajos en Aña Cuá iba a ser encabezado por el presidente Alberto Fernández, pero horas antes de emprender el viaje debió cancelarlo ante la aparición de los primeros síntomas de contagio de coronavirus.

En su remplazo asistieron el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, quienes compartieron junto con Martínez y los gobernadores de Corrientes, Gustavo Valdés, y de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, el corte de cinta del hito constructivo que se registró con el comienzo del hormigonado de la futura usina.  La ampliación de Yacyretá en el brazo de Aña Cuá constituye una obra clave para aumentar en casi un 10% la capacidad de generación de la central binacional. Con la incorporación de tres nuevas turbinas tipo Kaplan, la nueva represa ubicada en el vertedero secundario de Yacyretá permitirá incrementar su potencia instalada con 276 MW adicionales a partir de 2023.

El proceso licitatorio de las obras y el suministro de los equipamientos de Aña Cuá había arrancado en 2018 dividido en cinco items. Los dos más importantes, en cuanto a los montos en juego, fueron los correspondientes a las turbinas y máquinas generadoras, donde el grupo alemán Voith Hydro le ganó lacompulsa al consorcio de Pescarmona y Power China, y el referido a las obras civiles, que quedó en manos de la UTE integrada por Astaldi, Rovella y Tecnoedil. El tercero  vinculado con la provisión y montaje de los transformadores y la estación de maniobra de 500 kV es el que está genera escosor y es seguido de cerca por los funcionarios de Energía.

Ignacio Barrios Arrechea director en jefe del comité ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), declaró ganador de esa licitación al que había cotizó más alto lo cual levanto un poderoso manto de sospecha. Por medio de la resolución 19.372 de la EBY, el tándem integrado por la alemana Siemens y la paraguaya Rieder se quedó con la provisión de los transformadores con una oferta de 17,2 millones de dólares, que resultó 1,3 millón de dólares más cara que la propuesta económica elevada por el consorcio de la local Kioshi y la tecnóloga china TBEA.

Los sobres económicos de los dos contendientes se abrieron en setiembre de 2019. Tras analizar el contenido de las presentaciones, tanto los funcionarios de la EBY encargados de la licitación como los ingenieros de la consultora privada que había sido contratada para la evaluación de las ofertas dejaron asentados en distintos informes que en el orden de mérito de las propuestas más económicas y convenientes Kioshi-Tbea había superado a la dupla Siemens-Rieder.

Pese a que estaba en condiciones de ser adjudicada desde fines de 2019, la contratación se fue postergando por demoras burocráticas y el cambio de mando en la Casa Rosada. La administración de Fernández demoró siete meses en aprobar la salida del macrista Martín Georling y el desembarco de Barrios Arrechea como nuevo director ejecutivo de la EBY.

Barrios Arrechea ya había sido empleado de Yacyretá durante diez años y llegó al cargo máximo de la entidad binacional con el visto bueno de la vicepresidenta Cristina Kirchner, a quien conoció en 2014. En ese momento, se sumó a las filas camporistas y fortaleció su relación con el jefe del bloque oficialista de Diputados, Máximo Kirchner, a instancias de su prima, Natalia Mercado, la fiscal de El Calafate, que fue su madrina de boda.

La presentación del consorcio argentino-chino denunció que los funcionarios que suscribieron el Memorando GAC-GC N° 423/2020 “retrotrajeron el proceso licitatorio a las etapas de evaluación que estaban concluidas y reinterpretaron los resultados de las funciones aritméticas más básicas para convertir a la oferta más gravosa en la más conveniente sobre la base de una serie de argumentaciones genéricas e infundadas en oposición a dictámenes técnicos debidamente fundados y emitidos por funcionarios y las consultoras de la entidad… la medida fue dictada por un órgano carente de facultades y competencia y que se arroga la potestad de adjudicación por vía de excepción, la cual no se encuentra prevista ni en la documentación licitatoria, ni en el orden normativo aplicable al caso… Resulta arbitraria al tergiversar parte de los actos antecedentes cuyas conclusiones no resultan concurrentes con la voluntad de adjudicar el contrato a la oferta que resulta más gravosa.” Tras analizar el expediente y los fundamentos de esa medida, los representantes de Kioshi-Tbea elevaron hace tres semanas una denuncia formal ante la EBY en la que impugnan la resolución 17.372 y reclaman que quede sin efecto por considerarla “administrativamente irregular, carente de legitimidad, nula e inejecutable”.

Ante un pedido de Energía para solucionar el caso y evitar que termine en la órbita judicial y más cuando se viene épocas electorales, las autoridades locales de la EBY ya le habrían anticipado a Martínez que la asesoría jurídica tiene encaminada una respuesta que saldrá en los próximos días con los argumentos que desestiman los puntos denunciados y avalan la decisión tomada.