El gobierno autorizó en mayo un aumento de 9% en las facturas residenciales de Edenor y Edesur, pero como ese dinero no alcanza para cubrir el incremento de los costos operativos y la inversión en obras para mejorar la calidad del servicio, desde principios del año se viene negociando el otorgamiento de un subsidio directo para las dos mayores distribuidoras de electricidad del país.

El ENRE solicitó a Economía que avale un subsidio directo a Edenor y Edesur por $ 45.000 millones por año para garantizar la operatoria de las compañías y realizar obras que mejoren la calidad de servicio en la red del AMBA. Pero en Economía advierten que no existe una instrucción precisa de la Secretaría de Energía para avanzar en esa dirección.

Sin embargo, esa negociación —que por el peso específico de ambas compañías es estratégica para reordenar el funcionamiento del mercado eléctrico— está frenada por la falta de articulación puertas adentro del gobierno.

El Ente Regulador de Electricidad (ENRE), que en la práctica está controlado por el subsecretario de Energía Eléctrico, Federico Basualdo, envió hace meses al Ministerio de Economía un expediente que incluye los acuerdos  marco con Edenor y Edesur y con empresas transportistas. Ese documento hoy está en poder del área de Legales de la cartera. Allegados al ministro Martín Guzmán evitaron entrar en una polémica pero dijeron que “no existe ninguna solicitud formal respecto al subsidio (a Edenor y a Edesur)”. “Seguramente lo estén evaluando en la órbita de Energía. Pero no ha llegado con el ok, ni el análisis, ni la conformidad del secretario (Darío Martínez) a un pedido explícito”, aclararon.

En este contexto, las distribuidoras optaron en lo inmediato por dejar de pagarle a Cammesa una parte de la factura por la energía que toman del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Fuentes privadas del sector coincidieron en que “la resolución del problema seguramente se postergará hasta después de las elecciones, por lo que este año está perdido”.

Está claro que si el acuerdo de transferencia de fondos del Estado a las distribuidoras no se concreta terminará acrecentando el riesgo de impacto en la calidad del servicio por falta de inversión. El acuerdo es, a su vez, condición sine qua non para que el Estado pueda ordenar bajo el paraguas del artículo 87 de la Ley de Presupuesto la deuda de Edenor y Edesur que se acumuló en 2020 por efecto de la pandemia.

Esa norma autoriza al gobierno a otorgar un esquema de créditos a las distribuidoras eléctricas que tenían deudas con Cammesa. Pero, a cambio, exige que los privados empiecen a pagar toda la factura de la energía que compran en el mercado mayorista. Grandes distribuidoras del interior como EPE (Santa Fe), EPEC (Córdoba) y Edemsa (Mendoza), que pudieron aumentar las tarifas de energía en un porcentaje que sigue la línea de la inflación, ya firmaron un entendimiento con el gobierno nacional y regularizaron sus pagos. Sin un acuerdo de Ingresos de Transición no es factible que Edenor y Edesur lo hagan.

La intención oficial de la Subsecretaría de Energía Eléctrica apuntaba, en los hechos, a reeditar un camino similar al establecido por la resolución 32/2015 de la Secretaría de Energía. Aquella norma fijó un aumento transitorio de ingresos para Edenor y Edesur “a los efectos de solventar los gastos e inversiones asociados al normal funcionamiento de la prestación del servicio público de distribución eléctrica, y a cuanta de la Revisión Tarifaria Integral”.

El monto transferido en aquel entonces surgió de la diferencia entre el cuadro tarifario teórico que correspondía para garantizar una normal prestación del servicio y el cuadro tarifario vigente para cada categoría de usuarios.

El ENRE conducido por Soledad Manin, una colaboradora de Basualdo, avanzó en ese sentido para cerrar un Acuerdo de Ingresos de Transición por 45.000 millones de pesos por año para ambas distribuidoras, según especificaron fuentes públicas y privadas. Aunque aún no está cerrado y la falta de coordinación con el Ministerio de Economía ha venido complicando su concreción.