Mientras esperan el debate público sobre nuevas subas tarifarias, Edesur, Edenor y Metrogas operan con un rojo diario mayor a los $101 millones.

El largo congelamiento de las tarifas que lleva más de dos años y medio de los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández, sumado a la recesión económica y las medidas sanitarias tomadas para afrontar el Covid-19 causaron un fuerte deterioro en los ingresos de las principales empresas de distribución de luz y gas de la Argentina.

Es decir, Edesur, Edenor y Metrogas en conjunto acumularon pérdidas por $37.033 millones durante el 2020. O, dicho de otra forma, algo más de $3.086 millones por mes; $101 millones por día e incluso de $4,2 millones cada 60 minutos.

Las cifras revelan el complejo escenario financiero que atraviesan estas tres distribuidoras que, de todos modos, deben mantener sus niveles de inversiones para continuar brindando el servicio a sus casi 10 millones de usuarios repartidos entre la Ciudad de Buenos Aires y gran parte de la provincia de Buenos Aires.

A partir de este razonamiento, las tres distribuidoras reclaman subas que superan el 100% y así lo harán saber en las respectivas audiencias públicas que el Gobierno convocó para, precisamente analizar los actuales cuadros tarifarios y un posible retoque de esos precios a partir de abril próximo.

Incluso, la postura de las empresas abrió un debate dentro de la propia alianza oficialista del Frente de Todos, en donde se identifican dos sectores con opiniones opuestas. Por un lado están los sectores alineados detrás del ministro de Economía, Martín Guzmán, que entienden la necesidad de permitir retoques tarifarios, aunque acotados, pero que sirven para evitar destinar más partidas anuales para subsidiar parte de esas tarifas.

En cambio, desde el ala kirchnerista de la coalición encabezada por la vicepresidenta Cristina Kirchner y el Instituto Patria, se reclama el mantenimiento del congelamiento por lo menos hasta fin de año. Argumentan que los aumentos pueden impactar en los objetivos inflacionarios del Gobierno para el 2021 y también podrían profundizar el mal humor social antes de las elecciones de medio término que se llevarán a cabo en octubre próximo.

Será entonces el presidente, Alberto Fernández, quien tendrá que balancear ambas posturas. El Jefe de Estado ya anticipó parte de su mirada cuando, durante su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, se pronunció a favor de un esquema tarifario diferencial que ajuste sus precios según el nivel de ingreso de los clientes de las distribuidoras de luz y gas.

En el caso del gas, habrá que esperar hasta este martes 16 de marzo para conocer si finalmente habrá o no subas de tarifas. Ya las empresas avisaron que pedirán fuertes incrementos para, en parte, poder equilibrar el retraso que sus ingresos tienen con respecto a los costos que no están congelados y que crecen al ritmo de la inflación.

Sin embargo, y si gana la postura del Ministro Guzmán, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) podría autorizar subas parciales y transitorias no mayores al 9%.

Propiedad de los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano, Edenor advierte sobre una situación financiera inestable

Propiedad de los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano, Edenor advierte sobre una situación financiera inestable

Transición

En tanto, las distribuidoras eléctricas fueron convocadas para el 30 de marzo para debatir sobre cómo será el régimen de transición que debería ponerse en marcha desde el mes que viene. Las empresas piden adecuaciones también superiores al 100% para hacer frente a los mismos motivos que argumentaron desde las distribuidoras gasíferas.

Las autoridades del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), podrían permitir subas de entre el 4% y el 9%, siempre que no prevalezcan las banderas pro continuidad del cepo que levantan los seguidores de la vicepresidenta Cristina Kirchnher.

Está claro que el futuro de las tarifas de estos dos servicios públicos incidirá en las perspectivas de negocios de las distribuidoras entre las cuales, la mayor comprometida parece ser Edenor, por lo menos a partir de la lectura de sus estados financieros del 2020 que presentó ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Durante ese año, perdió más de $17.600 millones y sus ejecutivos hablan de la existencia de «un alto grado de incertidumbre» respecto de la capacidad financiera de la distribuidora para cumplir con sus obligaciones.

Ese rojo contrasta con las ganancias que había logrado en el 2019; el 2018 y el 2017 por $16.518 millones; $8996 millones y $10.814, respectivamente. Sin embargo, y según consta en el comunicado que la compañía envió a la Bolsa, en los últimos cinco ejercicios registró capital de trabajo negativo como consecuencia de la suspensión de la actualización de la tarifa desde febrero del 2019 hasta la fecha, «a pesar del constante aumento de los costos de operación y las inversiones necesarios para la operación de la red en un contexto inflacionario y de recesión sostenida en el cual se encuentra la economía argentina desde mediados del 2018».

La sociedad también advierte que se ha visto sensiblemente afectada por dicho congelamiento, por lo cual aclara que sus ingresos corresponden a valores de diciembre del 2018, a pesar de haber atravesado los últimos tres años con altos niveles de inflación.

Adicionalmente, la pandemia le ha provocado un alto impacto financiero debido a las acciones sanitarias y a sus consecuencias sobre los indicadores de producción y actividad de la economía del país y de sus propias operaciones que se vieron afectadas por un incremento de la morosidad y una baja de la demanda.

Esto la llevó a postergar pagos a CAMMESA por la energía adquirida en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), obligaciones que acumulan una deuda $19.008, más $2.376 en concepto de intereses y recargos.

«Toda esta situación se ve agravada por un contexto económico complejo y vulnerable de las condiciones económicas del país», advierte el comunicado de Edenor en el cual también se hace referencia al impacto que el congelamiento tarifario tiene sobre la solvencia financiera de la sociedad.

«Edenor analiza diversas medidas destinadas a morigerar los efectos negativos de esta situación en su estructura financiera, minimizando el impacto en las fuentes de trabajo, la ejecución del plan de inversiones y la realización de las tareas imprescindibles de operación, mantenimiento y mejoras necesarias para mantener una satisfactoria prestación del servicio público concesionado en términos de calidad y de seguridad», explica el trabajo de Edenor, que a fin del año pasado fue comprada por una sociedad controlada por los empresarios Daniel Vila; José Luis Manzano y Mauricio Filibertti.

Sus ejecutivos también entienden que, como las medidas necesarias para revertir la tendencia negativa no dependen de la compañía sino del propio gobierno nacional, existe un alto grado de incertidumbre respecto de la capacidad financiera de Edenor para afrontar el cumplimiento de las obligaciones «pudiéndose ver obligada a diferir ciertos pagos, o imposibilitada de atender las expectativas respecto de incrementos salariales o de costos de terceros».

De hecho, aseguran que el congelamiento de tarifas y el no cumplimiento del acuerdo de renegociación firmado con el anterior gobierno del ex presidente Mauricio Macri, generó una deuda del Estado con la empresa que asciende a $20.939 millones, sin considerar intereses.

La situación de Edesur es similar. Con un resultado negativo de $6.065 millones el año pasado, es la distribuidora de electricidad que mayores pérdidas acumula desde el 2010, superando los $11.400 millones.

En el caso de Edenor, el deterioro de suscuentas es menor, con un rojo que llega a los $2.793 millones durante los mismos 10 años, producto de sumar las pérdidas que sufrió en el 2016; 2014; 2013; 2012 y 2011, ya que el resto de los años mostró balances positivos con un acumulado cercano a los $18.000 millones.

Con un resultado negativo de $6.065 millones el año pasado, es la distribuidora de electricidad que mayores pérdidas acumula desde el 2010, superando los $11.400 millones.

Con un resultado negativo de $6.065 millones el año pasado, es la distribuidora de electricidad que mayores pérdidas

En el caso de las cifras de la distribuidora controlada por el grupo italiano Enel, también evidencian el desgaste financiero y comercial que ha venido sufriendo en la última década, mayormente producto del congelamiento de los precios de la tarifa impuesto por los gobiernos de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández.

De hecho, en la carta enviada a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires a mediados del año pasado, Nicola Melchiotti, country Manager de Enel en Argentina, hizo una fuerte advertencia sobre el futuro de la compañía y del resto del mercado energético en general.

«El sector eléctrico se encuentra en una situación crítica y necesita con urgencia soluciones regulatorias que permitan sostener un servicio esencial en periodo de pandemia. Sin tarifa, sin subsidio y sin reglas no se pueden hacer milagros», señaló el ejecutivo en ese momento.

De hecho, el año pasado también vio retroceder sus ingresos un 25%, producto del congelamiento tarifario y de las medidas impuestas para combatir el coronavirus.

Si bien esos efectos «sanitarios» son nuevos, en la compañía ya se encuentran acostumbrados a operar con cepo de precios, incrementos de costos y una complicada situación financiera.

Desde el año 2000, sus estados contables reflejan nada más que tres períodos positivos y otros siete negativos. Con una importante salvedad vinculada al del 2019, cuando informó ganancias por $12.600 millones. Producto de un asiento contable vinculado al intercambio de deudas cruzadas con el Estado nacional para la resolución de los asuntos regulatorios pendientes relacionados con el período 2006-2017.

La distribuidora también sintió los efectos de la recesión y la crisis económica, ya que sus ingresos siguieron cayendo debido a una menor demanda de energía como resultado del contexto macroeconómico adverso. De hecho, solamente en el 2018 y el 2015 repitió balances positivos, con ganancias por $3087 millones y $1330 millones, respectivamente. El resto de los estados financieros de los años que componen la última década fueron escritos en rojo.

En el 2010 perdió $52,7 millones; en el 2011 otros $461 millones, mientras que en el 2012 su rojo fue de $1066 millones. Un año después, pasó a pérdidas por $1160 millones; en el 2014 a $1358 millones.

Luego del resultado positivo del 2015, en el 2016 volvió a la senda negativa con una pérdida por $276 millones. El 2017 lo cerró también en rojo, con $1046 millones, para lograr nuevamente un resultado positivo en el 2018, al igual que el balance del 2019 con el ajuste contable explicado más arriba de esta nota.

El cierre de la década, lo da el estado de resultados del 2020, cuando retomó el sendero de complicaciones y cerró el año otra vez en rojo. Es más, casi todos los datos de este período fueron negativos. Su EBITDA alcanzó apenas $486 millones, afectado por el congelamiento y la caída de ingresos.

Además de los problemas de caja derivados del congelamiento y la pandemia, Edesur no logra aceitar buenas relaciones con el sector comandado por CFK desde donde se impulsa la estatización de su servicio a partir de un plan para demostrar la ineficiencia de la compañía para sostener sus actividades.

En esta línea se encuentra el avance de dos investigaciones contra la empresa vinculadas a una denuncia hecha por un grupo de intendentes bonaerenses y a un incendio que generó un masivo corte de electricidad en enero pasado.

Ambas causas podrían «aportar» al embate kirchnerista para rescindir su contrato de concesión. A esto se suma la reciente imputación de la Secretaría de Comercio Interior contra Edesur y Edenor por falta de información detallada respecto de los cargos del servicio en las facturas y por no proveer respuestas suficientes y detalladas ante los reclamos de las y los consumidores.

La imputación del ente que responde al Ministerio de Desarrollo Productivo implica la apertura de un expediente de oficio a partir de reclamos ingresados por las y los consumidores a través de la Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor.

También se inició un nuevo proceso de revisión tarifaria Integral que no podrá exceder los dos años de negociación y que establece aumentos parciales que serán debatidos en la audiencia pública del 30 de marzo.

Gas incierto

Por su parte, el caso de Metrogas es aún más preocupante si se le agrega el condimento de ser una distribuidora de servicios públicos controlada por el Estado nacional a través de las acciones que son propiedad de YPF.

La petrolera estatal es dueña del 70% del capital social de la empresa, mientras que el otro 30% flota en el mercado bursátil. Sin embargo, mientras YPF puede retocar sus precios y acaba de anunciar tres nuevos aumentos futuros de hasta un 15%, Metrogas seguiría condicionada por el congelamiento de tarifas

Si bien durante todos estos años de actividad, la distribuidora presentó varios balances anuales en rojo, el resultado del ejercicio del 2020 muestra las mayores pérdidas en casi tres décadas, por $13.368 millones, contra una ganancia de $57 millones en el 2019 y de un rojo de $1.669 millones del 2018.

El resultado del ejercicio del 2020 muestra las mayores pérdidas en casi tres décadas, por $13.368 millones,

El resultado del ejercicio del 2020 muestra las mayores pérdidas en casi tres décadas, por $13.368 millones,

Al igual que con las eléctricas, el congelamiento de tarifas que, en esta etapa, ya lleva dos años de vigencia le genera un fuerte retraso en sus ingresos y en su ecuación económica en comparación con índices de inflación que en el mismo período superaron el 100%.

También se vio afectada por el bajo nivel de ventas por el Covid-19, donde la mayoría de las empresas pymes y clientes residenciales de la compañía redujeron al mínimo o no tuvieron consumo de gas y GNC y donde las medidas sanitarias adoptadas por el Gobierno también le provocaron una caída de sus ingresos y atraso en el cobro de las facturas que le generó un índice de incobrabilidad de morosos de hasta el 40%.

En este marco y a pocas horas de la audiencia pública, desde la empresa advierten sobre el futuro de sus operaciones si se mantiene el mismo escenario de cepo. «Si el Enargas no adopta medidas tendientes a corregir la afectación del mecanismo de mantenimiento en valores constantes de la tarifa de distribución, esto continuará impactando negativamente en la sociedad, disminuyendo el flujo de ingresos y empeorando la actual situación económico-financiera de Metrogas», aseguran.

El año pasado, las ventas de la distribuidora disminuyeron 39,4% y alcanzaron los $49.696 millones, respecto de los $82.050 millones registradas en el ejercicio anterior. Esta caída se origina principalmente por menores ventas de gas a los clientes residenciales, industriales, comerciales y entidades públicas.

En el caso de los clientes residenciales, la caída fue de un 24,6%, más que nada por la disminución de la tarifa, que quedó en niveles inferiores al ajuste por reexpresión de las ventas registradas al 31 de diciembre de 2019. Con respecto a los clientes industriales, comerciales y entidades públicas, las ventas cayeron 49,7%, mientras que los despachos a las estaciones de GNC disminuyeron 72,6%.

Metrogas también registró una pérdida por deterioro de propiedades, planta y equipo por $562.738 millones, acumulando un rojo operativo de $64.713 millones, respecto de una ganancia operativa de $8.840 millones del 2019.

Con estos preocupantes datos y si las actuales condiciones de tarifas congeladas se mantienen es más que probable que la compañía transite un camino de mayor inestabilidad financiera que podría derivar en que ingrese a una situación que ya atravesó años atrás.

Es decir, al concurso preventivo de acreedores, del que logró salir en noviembre del 2013, después de que la justicia homologó un plan de reestructuración de una deuda que por ese entonces ascendía a u$s20 millones, algo así como $1500 millones a la cotización actual del tipo de cambio oficial.

La compañía había solicitado el proceso concursal en el 2010 ante la imposibilidad de hacer frente a un vencimiento de deuda por esos u$s20 millones que fueron renegociados a través del pago de los créditos verificados mediante la entrega de Obligaciones Negociables (ON) con vencimiento el 31 de diciembre de 2018, nominadas en dólares.

Ahora, el fantasma del default vuelve a sobrevolar, no sólo por el cepo tarifario sino también por las medidas tomadas por las autoridades durante este contexto de combate contra el coronavirus como la imposibilidad de cortar el servicio a deudores morosos.

El combo explosivo suma la decisión de la compañía de utilizar los pocos ingresos de caja para el pago de salarios y no para cancelar deuda con sus proveedores, en especial con las empresas productoras de gas.

Hasta ahora, Metrogas acordó con algunos productores la prórroga de sus contratos vigentes en los términos adoptados por el Gobierno y se encuentra negociando lo propio con el resto de las empresas.

«Las decisiones adoptadas por el Estado Nacional y los cambios regulatorios provocan consecuencias negativas ineludibles y de inevitable impacto en las operaciones y resultados de la sociedad», advertía Metrogas en un informe sobre sus estados financieros de estos primeros nueve meses del año pasado cuando además se encontraba en pleno proceso de refinanciación de los vencimientos de capital de la deuda financiera a partir de préstamos del sector bancario por casi $2.300 millones.