El Ministerio de Economía trabaja una norma que resuelva el pedido de un sector clave para mantener inversiones y disponer de energía eléctrica.

El Gobierno teme que a meses de las elecciones presidenciales se reproduzcan las imágenes de cortes de luz durante el verano. Un apagón sería brutal.

Por eso, en el Ministerio de Economía se pusieron a trabajar para dictar una norma que resuelva parte de los problemas de las generadoras de energía eléctrica, claves para ofrecer los electrones en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y evitar problemas de oferta en el mercado.

En concreto, los técnicos de la Secretaría de Energía vienen manteniendo conversaciones para mejorar la remuneración de las centrales térmicas e hidroeléctricas «viejas», ya amortizadas y sin contrato vigente con el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), pero que aportan más del 60% de la energía.

El costo fiscal, estiman, rondaría el 3% a 4% extra (unos $ 110.000 millones más en relación a lo previsto para 2023). Y el beneficio es que ese dinero se utilizará para ejecutar inversiones en el mantenimiento de las unidades, que mejore la disponibilidad de energía ante momentos de estrés del sistema.

Estas plantas que tienen como dueñas a Central Puerto, Pampa Energía, Enel (Italia), AES (Estados Unidos), Albanesi e YPF Luz -entre los grandes generadores de energía eléctrica- tienen su remuneración en pesos desde marzo de 2020 (la famosa «desdolarización» o «pesificación» de la energía que propuso en campaña el presidente Alberto Fernández).

Según supo El Cronista de múltiples fuentes del sector público y privado (que prefiere ser cauto), el Gobierno planea un aumento retroactivo a septiembre del 20% en los ingresos de centrales como Puerto Nuevo, Costanera, Dock Sud, Yacyretá y Salto Grande, entre otras unidades de generación térmica e hidroeléctrica. Adicionalmente, se sumaría otro 10% a partir de diciembre.

En febrero el incremento fue de 30% y en junio del 10%, por lo que el acumulado en el ejercicio 2022 es de 43%. Con esta medida, que se oficializaría antes de fin de año, la actualización treparía entre 85% y 90% anual o «un punto menos que la inflación», procuran en los despachos oficiales.

Además, se negocia un compromiso de resolver ahora la remuneración de 2023, que estará en línea con el Presupuesto, que prevé una inflación del 60%. El Gobierno busca hacerlo en dos tramos semestrales.

El sistema eléctrico necesita la plena disponibilidad de los agentes para tener solidez. Las hidroeléctricas y térmicas funcionan como base, pero algunas empresas, al no contar con ingresos suficientes, deciden postergar los mantenimientos de las unidades.

La utilización de combustibles líquidos (gasoil y fuel oil), en sustitución de gas natural -por escasez- acelera el desgaste de las plantas.

Los datos oficiales provistos por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) informan que la indisponibilidad de las centrales térmicas ronda el 21% en el año móvil (79% de disponibilidad en promedio).

Esto significa que a falta de generación de energía nuclear -por una parada de mantenimiento de Atucha I y II y Embalse-, y la intermitencia de las energías renovables -claves para ahorrar gas-, el sistema eléctrico puede verse en riesgo de colapso ante una seguidilla de días de temperaturas extremas en el verano, con alta demanda; el récord fue de 28.231 MW de potencia el 14 de enero de 2022.

Ante una seguidilla de días con temperaturas extremas, habrá estrés eléctrico
Los informes técnicos que maneja el Gobierno prevén para este verano una demanda máxima de potencia de 28.700 MW y una probabilidad de cubrirla en un 98,82% con las reservas.

Hay un 1,18% de probabilidades de que falte energía entre fines de diciembre y enero, mientras que se evalúa un 0,01% de probabilidades de un faltante de hasta 2670 MW (la potencia de todo Yacyretá o de tres mega complejos térmicos).

Fuente: Cronista