Aunque esa energía se vuelca al sistema nacional, desde el Gobierno local han solicitado a Nación que se tenga en cuenta el aporte que hace la provincia a la hora de definir los despachos.

La provincia ha solicitado a Nación que el aumento de la generación de energía que viene asociada a las inversiones que se están desarrollando, se traduzca en una priorización de los despachos de electricidad. “Mendoza puede casi autoabastecerse y esperamos que eso determine que no seamos los últimos”, señaló la presidente el EPRE (Ente Provincial Regulador Eléctrico), Andrea Molina.

En julio, un informe de Cammesa, la empresa que administra el mercado eléctrico mayorista en todo el país, anticipaba que en febrero de 2025 se esperaba un pico de consumo que estaría más de 1.000 MW por encima del récord histórico que ya se registró en 2024. La compañía planteaba que la capacidad de generación local, a la que se suman las importaciones de países vecinos, podría no ser suficiente para la cubrir la demanda proyectada, lo que obligaría a realizar cortes masivos de energía en el verano.

Esto fue confirmado por autoridades del Gobierno nacional en septiembre, cuando informaron que se estaba trabajando en medidas de mitigación en el corto plazo, ya que las soluciones de fondo demandan tiempo y que el problema surge por años de falta de inversión sostenida. Pero también se aclaró que no se producirían cortes de electricidad a los usuarios residenciales, sino que se ofrecerán compensaciones a las industrias que, de modo voluntario, reduzcan la contratación de potencia de diciembre a marzo.

La titular del EPRE indicó que Mendoza está mejor posicionada que otras provincias ante esta situación, por las obras que se han realizado, en particular para aumentar la capacidad de transporte, con la inauguración de la línea de alta tensión Cruz de Piedra, lo que no sólo permitió ampliar la respuesta del sistema cuando se producen picos de demanda, sino también darle mayor confiabilidad.

Pero Molina resaltó que las inversiones que se han realizado -y se están desarrollando- para generar energía solar en la provincia no modifican esta situación, porque todo lo que se produce en cualquier parte del país se vuelca al sistema nacional y Camessa es la que regula los despachos. Por eso, se solicitó que este incremento en el aporte a la capacidad de generación del país sea contemplado a la hora de definir la distribución a cada jurisdicción.

Resaltó que, además de que la capacidad instalada de generación en Argentina podría no ser suficiente para responder al pico de consumo en verano -por la falta de obras nuevas, pero también de mantenimiento de la infraestructura existente-, el Gobierno nacional consideraba entre sus opciones la posibilidad de importar energía desde Brasil (Uruguay y Paraguay), pero ese país ha atravesado una profunda sequía, que ha reducido a la mitad los niveles de las represas hidroeléctricas. Pese a eso, consideró que, si se logra gestionar la demanda de los grandes usuarios, se podría controlar la situación.

Independientemente de esto, en Mendoza se implementa, desde hace años, el plan verano, por tratarse de una provincia cálida, en la que puede haber interrupciones del servicio eléctrico cuando se producen olas de calor. Molina detalló que las distribuidoras ya están realizando tareas de mantenimiento preventivo y correctivo, y que también planifican un refuerzo de las guardias, tanto técnicas como de atención al usuario.

Por otra parte, desarrollan campañas que promueven un uso eficiente de la energía, que el EPRE acompaña. Esto, indicó la presidente, no sólo porque es importante cuidar el consumo para reducir el monto de la factura, sino también porque el 60% de la energía que se genera no es renovable y esto implica un impacto en el ambiente y el planeta.

Más generación en Mendoza

YPF Luz comenzó a construir el parque solar El Quemado el mes pasado. El vocero presidencial Manuel Adorni anunció que se trata del primer proyecto en todo el país en sumarse al RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), con un monto de unos US$ 230 millones.

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Fuente: Los Andes