Walter Martello, interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), aseguró este jueves que Edesur y Edenor deberán invertir «estrictamente» el 34 por ciento de su recaudación por tarifas para mejorar el sistema de cara al invierno.

«Vía ENRE le hemos enviado una nota para que afecten estrictamente a inversiones el 34 % de lo que tiene que ver con la recaudación por tarifas y que nos envíen en un plazo de 72 horas, bajo el apercibimiento de las sanciones que nos impone el contrato de concesión y los desvíos del mismo por parte de las empresas Edesur y Edenor», expresó el funcionario en diálogo con Télam Radio.

Asimismo, destacó que la intervención en Edesur a cargo Jorge Ferraresi «ha dado lugar a los primeros exámenes de control y fiscalización tendientes al plan de inversiones».

Según explicó, Ferraresi realiza periódicamente una recorrida junto a los gerentes zonales de Edesur para «monitorear en territorio» algunas de las obras «que ellos se comprometieron oportunamente a realizar».

Además, Martello indicó que otro objetivo de las recorridas es «obtener información por parte del avance físico de los intendentes» respecto al cumplimiento de dichas inversiones, «más allá de los controles que realiza el ENRE en materia técnica».

Por otro lado, el titular del ENRE recordó que «desde septiembre a la fecha, en muchos casos ante esos incumplimientos, fueron sancionados: en el caso de Edesur por casi 4.000 millones de pesos y en el caso de Edenor por casi 800 millones de pesos».

«Esperemos avanzar con esa situación para llegar a un invierno que tenga que ver con un cumplimiento estricto de lo que se plantea», cerró.

La escalada del Gobierno contra Edesur
El primer embate del Gobierno contra Edesur llegó el viernes 17 de marzo, cuando presentó una denuncia penal contra la concesionaria eléctrica por las consecuencias de los masivos cortes de luz registrados en medio de una ola de calor récord para el mes.

El interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello, reveló que los ilícitos denunciados fueron «Defraudación por desbaratamiento de los derechos acordados (Art. 173, inc. 11, del C.P); Abandono de personas (Art. 106 del C.P) y Entorpecimiento de los servicios públicos (Art. 194 del C.P)».

Tres días más tarde, el Gobierno dio un paso más y decidió una intervención «administrativa» de Edesur. Luego de una reunión entre el ministro de Economía, Sergio Massa; la secretaria de Energía, Flavia Royón, y Walter Martello, se tomó la determinación de avanzar «en una «intervención administrativa para fiscalizar la prestación del servicio y obras de inversión».

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, fue elegido para ocupar el puesto de interventor. Aunque es conocido por su adhesión a las filas de la vicepresidenta Cristina Kirchner, los alcaldes del conurbano sur venían reclamando que «uno de los suyos» participe en las decisiones de Edesur. Luego trascendió que esa movida no había sido consensuada con el propio presidente Alberto Fernández, en un chispazo más de la interna oficialista.

Más adelante, el 22 de marzo, el Gobierno le pidió a la Justicia que impida la salida del país de nueve directivos que conforman la cúpula de la empresa Edesur.

Según la ampliación de la denuncia que presentó Martello, el Gobierno considera que Edesur «ha perdido su capacidad operativa en forma intencional» y por ello, acusa a sus máximos responsables de «frustrar dolosamente» el servicio eléctrico, afectado durante la última ola de calor que se produjo en marzo y que dejara miles de usuarios a oscuras.

Jorge Ferraresi, el intendente de Avellaneda, flamante interventor administrativo de Edesur.
Jorge Ferraresi, el intendente de Avellaneda, flamante interventor administrativo de Edesur.
“Se dirá que todavía no han sido imputados o indagados”, se anticipó Martello, según el texto de su presentación judicial a la que accedió Clarín. Y fue más allá: advirtió que algunos de los denunciados “son personas de alto poder adquisitivo que tienen todos los elementos y posibilidades a su alcance para poder irse del país y sustraerse del alcance de la Justicia”.

De acuerdo al argumento oficial, la medida cautelar busca “obstaculizar cualquier intento de un individuo para lograr la impunidad” y “evitar el riesgo de que, en este caso, los denunciados puedan frustrar el accionar de la Justicia ausentándose del país”. La ampliación de la denuncia detalló y puntualizó con nombres propios a la cúpula de la empresa, de cuyos integrantes pretende cercenar su posibilidad de viajar.

Fuente: Clarín