Qué regulaciones existen en Argentina sobre el uso de energías verdes en empresas. Y qué estímulos ofrece el Estado para instalarlas.

En el mundo, China es el líder indiscutido en cuanto a la generación de energías verdes, casi triplicando la generación de Estados Unidos, que se encuentra en el segundo lugar. A su vez, ya existen cuatro países que generan toda su energía con fuentes renovables: Islandia, Uruguay, Costa Rica y Noruega. En todos los casos la clave de este logro fue una política de estado sostenida en el tiempo.

La pregunta obligada es, ¿en Argentina, cómo estamos? ¿Cuáles son las obligaciones que impone el Estado a las empresas y, al mismo tiempo, qué estímulos y ayudas ofrece para poder generar su propia energía verde?

Sin penas ni gloría

En la actualidad existen dos leyes que regulan los aspectos relacionados con la generación y consumo de energías renovables. Por un lado, la 27191 de Energías Renovables, promulgada en el 2015, establece que el 20% del consumo de energía eléctrica de las grandes empresas debe ser de fuentes renovables para el año 2025. En el mismo sentido, que a fines del 2021 la proporción de energía “verde” consumida por las empresas debería ser del 16%.

Por otro lado, la Ley 27424 de Energía Distribuida, que nació en el 2018 con el objetivo de promover la generación de energía eléctrica por parte de todos los usuarios de la red para su autoconsumo, con eventual inyección de excedentes a la red.

“Si bien la ley 27191 establece penalidades para aquellas empresas que no cumplan con lo dispuesto, por el momento no se aplican multas debido a que aún no se ha logrado generar en nuestro territorio la energía renovable suficiente para cubrir los porcentajes establecidos”, señaló el ingeniero Claudio Susic, gerente Comercial de Grupo Nabla, empresa dedicada a soluciones energéticas.

Semáforo verde

Más allá de la falta de penas efectivas, existen muchas razones para que, de a poco, las empresas se vayan pasando a las energías menos contaminantes. En relación a esto, ¿qué ventajas efectivas tienen las empresas  en desarrollar/utilizar energías verdes?

La respuesta es que existen aspectos ambientales, económicos y estratégicos que lo justifican. Algunos de ellos son: reducción en la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), reducción del precio total pagado por la energía consumida, el poder independizarse de las contingencias energéticas (cortes programados de energía) y brindar de energía eléctrica a zonas remotas que se encuentran fuera de la red de distribución.

También hay aspectos positivos vinculados a la reputación de la empresa y su marca empleadora. En ese caso, las energías verdes ayudan a ofrecer una imagen positiva para sus clientes y consumidores, atraer colaboradores jóvenes muy identificados con la sustentabilidad y, también, generar empleos relacionados con la industria de las energías renovables.

Tipos de energía

Lo primero que se deben preguntar las empresas es qué tipo de energías verdes pueden generar. Eso va a depender de la factibilidad de las instalaciones y, en parte, de la actividad de la empresa.

Por ejemplo, una empresa que desarrolla una actividad agrícola, posiblemente le resulte conveniente generar energía eléctrica a partir de biomasa. Pero considerando la factibilidad de las instalaciones, posiblemente la producción de energía mediante paneles solares le resulte  la mejor opción.

Podríamos decir que las fuentes de energía renovable más utilizadas en la Argentina son la eólica, la solar fotovoltaica, las bioenergías y la hidráulica, pero también podríamos mencionar  la geotérmica, mareomotriz, undimotriz, de las corrientes marinas, gases de vertedero, y gases de plantas de depuración.

Estímulos del Estado

Llegado este punto, ¿cuáles son los estímulos que ofrece el Estado para el desarrollo de energías verdes? La ley de energía distribuida permite obtener un bono de crédito fiscal de $ 30.000 por cada Kilowatt instalado (hasta un máximo de $ 2.000.000), que puede ser utilizado para el pago de impuestos nacionales, como IVA, el IIGG, impuesto a la ganancia mínima presunta o impuestos internos.

Toda empresa puede solicitar este beneficio a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD), que será otorgado una vez finalizado el procedimiento de conexión de Usuario-Generador.

Por otro lado, el Ministerio de Desarrollo Productivo cuenta con el programa de apoyo a la competitividad (PAC Empresas), que brinda hasta $3.000.000 en aportes no reembolsables para ser utilizados en asistencia técnica y adquirir bienes de capital. Dentro de este programa existe una línea de desarrollo sostenible, que permite subsidiar parte del diseño de los sistemas solares y de los costos de la instalación.

Este programa aplica a todas las empresas inscriptas en el registro MiPyME, tramo I inclusive, con más de 2 años de antigüedad y certificado Pyme vigente.

“Como se ve, existen penalidades o multas aun no demasiado firmes, pero más allá de eso existen fuertes estímulos para que las Pymes y empresas en general comiencen a adaptar sus sistemas de uso y generación de energía. En pos de eso, el Estado ofrece diferentes opciones que bien vale conocer y comenzar a analizar”, señaló Claudio Susic, gerente Comercial de Grupo Nabla.