Por decreto presidencial se extendió la intervención de los organismos hasta el 31 de diciembre del año próximo cuando habrá un nuevo esquema tarifario

Con la mira puesta en el paulatino descongelamiento de tarifas durante el 2022, el Gobierno acaba de extender la intervención de los organismos encargados de regular los mercados de electricidad y gas.

La medida abarca al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y regirá desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año próximo, quedando Soledad Manín y Federico Bernal a cargo de los organismos respectivamente.

Los dos funcionarios continuarán a cargo de los procesos que el Gobierno pretende terminar en el primer trimestre del 2022 para contar ya con un esquema tarifario que permita segmentar las facturas teniendo en cuenta el poder adquisitivo de los clientes de Edenor, Edesur y Metrogas, en el ámbito del GBA y la Capital Federal.

Las extensiones de las intervenciones de ambos entes que dependen de la Secretaría de Energía quedaron plasmadas en el Decreto 871/2021 publicado en el Boletín Oficial de este viernes 24 de diciembre y firmado por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Según los considerandos, las intervenciones de los dos organismos están justificadas por la Ley Nº 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social y delegó en el Poder Ejecutivo Nacional la implementación de políticas indispensables para cumplir con los objetivos de la norma.

También se recuerda que el artículo 5º de la misma ley facultó al Gobierno a mantener las tarifas de electricidad y gas natural bajo jurisdicción federal y a iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente o una revisión de carácter extraordinario por un plazo máximo de 180 días contados a partir de su entrada en vigencia que fue en marzo pasado.

Tanto en ENARGAS como el ENRE fueron intervenidos por el gobierno de Alberto Fernández mediante los decretos 277/20 y 278/20, respectivamente, y posteriormente se designó una nueva interventora a cargo del organismo de control del mercado eléctrico quien reemplazó a Federico Basualdo en ese cargo.

Tanto Manín como Bernal debieron encarar sendas auditorías e investigaciones de los contratos de concesión de lo cuales surgió la alternativa de iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente con la intención de propender a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e industrias.

De hecho, mediante el dictado del Decreto Nº 1020/20 se determinó, entre otras cuestiones, el inicio de la llamada Renegociación de la Revisión Tarifaria Integral vigente, correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural que se encuentren bajo jurisdicción federal.

El decreto estableció que el plazo de la renegociación dispuesta por su artículo 1º no podrá exceder los dos años desde la fecha de su entrada en vigencia, y culminará con la suscripción de un Acta Acuerdo Definitiva sobre la Revisión Tarifaria Integral.

De manera parcial, las tarifas de ambos servicios fueron incrementadas un 6% en mayo pasado, luego de las audiencias públicas realizadas en abril para la entrada en vigencia de los respectivos regímenes tarifarios de transición.

Tanto el ENRE como el ENARGAS se encuentran avanzando en el proceso de renegociación con las empresas prestadoras que involucra diversos aspectos y estudios, tales como las revisiones de los planes de inversiones obligatorias.

Para evitar que esas negociaciones se estanquen, el presidente Alberto Fernández tomó la decisión de mantener a los interventores para continuar con el reordenamiento de ambos entes.

El Congreso Nacional sancionó en diciembre del 2020 la ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que en su artículo 5 autorizó al PEN a congelar las tarifas de luz y gas por un período de hasta 180 días e iniciar un proceso de revisión tarifaria integral. Como parte de ese proceso, en el artículo 6 se facultó al Ejecutivo a intervenir administrativamente los entes reguladores.

A su vez, el artículo 5 del decreto de intervención destaca las auditorías que ambos entes deben llevar a cabo advirtiendo que «en caso de detectarse alguna anomalía, el Interventor deberá informar al Poder Ejecutivo Nacional, los resultados de la misma, así como toda circunstancia que considere relevante, aportándose la totalidad de la información de base y/o documentos respectivos correspondientes, proponiendo las acciones y medidas que en cada caso estime corresponda adoptar».

A partir de las definiciones de los dos procesos de revisión el Gobierno comenzó a discutir un plan para modificar la asignación de subsidios a la energía y el gas de la mano del ministro Guzmán para quien ese dinero ayuda a los sectores de mayores recursos y no a la población que más lo necesita.

El jefe de la cartera de Economía pretende reducir el monto que destina para financiar la falta de adecuación tarifaria a la realidad inflacionaria del país y que este año llegará a los $900.000 millones por un esquema de precios diferenciados según la capacidad adquisitiva de los clientes de los servicios de luz y gas.

El último borrador sobre este proyecto divide los subsidios en tres grupos para diferenciar entre sectores de mayores ingresos, clase media y sectores carenciados, con tarifas que dejarán de ser subsidiadas para la primera categoría y el año próximo tendrían aumentos superiores al 80% con respecto a los actuales precios.

En el caso de la clase media, podrían pagar tarifas qu se irían acomodando al ritmo de la inflación, a partir del año que viene pero seguirían recibiendo subsidios para cubrir parte de la factura.

Y para los segmentos carenciados se continuará con la «tarifa social» para los hogares sumidos en la pobreza, que son más del 40% del país, aunque no todos tienen conexión a la distribución eléctrica o gas.

Si bien el proceso no quedó por ahora plasmado en una decisión final, cuenta con el apoyo de los sectores que lidera la vicepresidenta Cristina Kirchner para quien los aumentos que se definan en el 2022 no pueden ser percibidos como tarifazos por la sociedad, en especial por la clase media.

De todos modos, no se trata de una idea fácil de implementar, teniendo en cuenta la necesidad de utilizar las bases de datos de varios organismos públicos como la Afip o el Anses para cruzar las informaciones que permitan diferenciar los tres segmentos sociales.

Otra posibilidad es la de sectorizar por barrios. Como ejemplo hacen referencia a la quita de subsidios en zonas «acomodadas» como Puerto Madero, Recoleta y las zonas más exclusivas del conurbano norte, por ejemplo.

Un paso inicial hacia alguna de esas dos propuestas fue la medida dispuesta el mes pasado para identificar de manera cierta a los titulares de los servicios públicos que no siempre están a nombre de quien los usa.

Fuente: iprofesional