Federico Basualdo,  subsecretario de Energía Eléctrica,  trabó las negociaciones tras su respuesta negativa al pedido de que el Estado se haga cargo de una serie de vencimientos de Obligaciones Negociables que Edenor y Edesur (15.000 millones de pesos) deben afrontar entre 2021 y 2022.

Desde febrero de 2019, las tarifas que perciben Edenor y Edesur, solo cubren una parte de sus costos de operación. Por estas horas el ejecutivo nacional medita sobre una posible suba cerca al 7 por ciento en la factura que pagan los hogares, como indicó a principios de abril el subsecretario de Energía Eléctrica. Esta suma no estaría ni cerca de paliar con la pérdida que vienen sosteniendo las mayores compañías eléctricas a nivel país. Cabe destacar que tanto la ciudad de Buenos Aires como el conurbano bonaerense son una de las pocas regiones del país que no registró aumento en las tarifas residenciales en lo que va de 2021.

El tema principal de esta negociación son los subsidios que absorberá el Estado para poder prestar el servicio. Basualdo les pidió a ambas distribuidoras que renuncien a su reclamo por el incumplimiento de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) que firmaron durante el gobierno de Mauricio Macri. Las compañías reclaman compensaciones del Estado por los ingresos que dejaron de percibir por la decisión del Poder Ejecutivo de congelar las tarifas.

Por parte de Edenor, la compañía Pampa Energía dice que tomó esa deuda en el mercado local para financiar su plan de inversiones y garantizar las obras de expansión previstas en la RTI. Según afirma la empresa no cuenta con fondos para pagar lo que le reclama el estado.

Si bien el gobierno se hará cargo de los costos para garantizar el servicio, según el titular de energía, el dinero que ingresó por la emisión de deuda no fue destinado a inversión, mantenimiento y operación del servicio.

Desde Edenor repudian la idea del gobierno que arrojaría como resultado casi un lustro sin ganar nada por hacerse cargo del servicio. Los privados no firmarán un acta acuerdo renunciando a los reclamos por el incumplimiento de la RTI. Con ese incierto panorama, Basualdo deberá decidir qué pasará con las tarifas eléctricas del AMBA sin la firma de las empresas.