La organización presentó un programa de política energética desde 2023 a 2027. Allí definieron a Cammesa como «un canalizador ilegal de subsidios del Estado nacional a los actores del mercado eléctrico».

El Instituto Argentino de la Energía «General Mosconi» propuso un programa de política energética que se extiende de 2023 a 2027. Estableció siete puntos clave, con sus respectivas políticas. Entre ellas, llamó a unificar el ENRE y el Enargas «una vez que se hayan regularizado» y señaló a Cammesa como «un canalizador ilegal de subsidios del Estado nacional a los actores del mercado eléctrico».

El primero de los puntos estableció el marco conceptual de la política energética. Entre otras propuestas, planteó como objetivo «satisfacer la demanda interna de energía a precios competitivos para nuestra industria y accesibles para nuestra población, respetando los compromisos de descarbonización asumidos y procurando alcanzar el autoabastecimiento».

El segundo punto se denominó «El planeamiento energético: herramienta para el desarrollo y para la formulación de políticas regionales«. Allí justificó su importancia y la necesidad de articularse con el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación Contra el Cambio Climático y las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional que el país se compromete a cumplir frente a la comunidad internacional.

El instituto estableció que el plan será de largo plazo y revisable cada cinco años. «Argentina propondrá y acordará con los países socios del Mercosur una posición unificada del subcontinente para presentar en forma colectiva, en todos los ámbitos correspondientes, los compromisos de la región en la transición energética«, indicaron.

El tercer punto es la «implementación de un proceso ordenado y consensuado para la producción y valorización de nuestros hidrocarburos«, detallado en el apartado. El cuarto se definió como «El reordenamiento del sector eléctrico: una prioridad política de primer orden».

El instituto llamó a la «regularización inmediata» del Ente Nacional Regulador de la Energía Eléctrica (ENRE), el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y de la Compañía Administradora Mayorista del Mercado Eléctrico (Cammesa), entidad a la que definió como «un canalizador ilegal de subsidios del estado nacional a los actores del mercado eléctrico».

También se refirió al vencimiento de las concesiones de explotación de centrales hidroeléctricas otorgadas en 1993. Para ello la propuesta consiste en prorrogar por un año la vigencia de los contratos; y que, a partir de 2024 al término del plazo contractual, «las centrales pertenecientes a la ex empresa Hidronor SA revertirán al Estado nacional, tal lo previsto en los contratos firmados en 1993″.

El quinto punto propuso la unificación de los entes reguladores energéticos nacionales (ENRE y Enargas), «una vez que se haya regularizado». El sexto se titula «Revisión de proyectos y emprendimientos críticos que no hayan probado hasta el presente su factibilidad integral», de los que mencionó los yacimientos carboníferos Río Turbio, la central Nuclear Atucha III y las centrales hidroeléctricas del Río Santa Cruz.

También incluyó el sistema de transporte de Alta Tensión para el transporte de la energía generada en los aprovechamientos Cóndor Cliff y La Barrancosa sobre el curso del río Santa Cruz; la redefinición de las cantidades de importación y de los precios de importación de gas natural de Bolivia para el periodo 2023-2026; y decidir la segunda etapa del proyecto del gasoducto Néstor Kirchner.

El séptimo y último punto de las propuestas aludió a «realizar un blanqueo y saneamiento de la economía energética nacional incluyendo una urgente revisión tarifaria integral«. Allí marcaron que los subsidios en 2022 alcanzaron los 13.000 millones de dólares, lo que «esconde importantes deudas al interior de la cadena de pagos de la energía que ponen en serio riesgo su funcionamiento», como la de las distribuidoras con Cammesa.

Para ello, requiere «llevar a cabo una recomposición tarifaria y una focalización de subsidios. La política de subsidios tendrá un norte en la población vulnerable, quienes deberán acreditar su condición ya sea a través de las bases de datos con las que cuenta el Estado Nacional o a través de un sistema de presentación espontánea», indicaron.

Respecto al resto de la demanda, «deberá recorrer un sendero de recomposición que finalice con precios reconociendo la totalidad del costo de la energía consumida». Finalmente, se realizará una revisión tarifaria extraordinaria en electricidad y gas natural en los primeros 180 días.

El tercer punto refirió a la «implementación de un proceso ordenado y consensuado para la producción y valorización de nuestros hidrocarburos». En este caso, realizaron numerosas propuestas. Una de ellas es formular un programa de certificación de reservas auditadas 2023-2028, como así también uno de certificación de exploración en todas las cuencas convencionales de jurisdicción nacional.

Por otra parte, plantearon que se eliminen los precios internos sostén para el petróleo crudo tipo barril criollo o similar. También propusieron la elaboración de un plan quinquenal de transporte de hidrocarburos con las licenciatarias de transporte, que contempla tanto obras de expansión y/o ampliación de gasoductos 2023-2028 y de concesionarias de transporte de hidrocarburos líquidos.

Respecto a las exportaciones, enumeraron avanzar en los envíos a Brasil via Uruguayana; substitución de importaciones de gas boliviano; exportaciones a Chile y exportaciones de GNL a Europa. En el mismo punto establecieron criterios de fijación de los precios mayoristas del petróleo y del gas natural para el periodo.

En cuanto a los precios del petróleo en boca de pozo, marcaron que regirán los precios correspondientes «al valor de FOB por la exportación del crudo menos los costos económicos de transporte incurridos entre la boca del pozo del yacimiento productor hasta el punto de exportación correspondiente».

En tanto el precio del gas en boca de pozo plantearon que debe establecerse a partir de una negociación de un precio de gas en boca de pozo «calculado en base a costos auditados de producción más ganancia razonable o bien precio FOB de exportación menos los costos de transporte reales pagados a las transportistas de gas natural hasta el punto de exportación«, expresaron.

Una de las propuestas busca promover la «derogación de la ley de Zonas Frías para el gas natural por estar basada en subsidios energéticos irracionales desde el punto de vista técnico, por ser socialmente innecesarios y por conspirar contra la eficiencia energética (pro-ricos)«, aseveraron. Por otra parte, se promueve el incremento del uso de biocombustibles certificados.

FUENTE: RIO NEGRO