Esto ocurrió en el marco del rescate de la empresa IMPSA que ejecutaron de manera conjunta la Nación y la provincia cuyana la semana pasada. “Es de sentido común avanzar con la obra”le dijo Alberto Fernandez al gobernador. La obra está cuestionada por el resto de las provincias que integran COIRCO debido a su impacto en el río Colorado. En Mendoza dicen que se abre una negociación con La Pampa.

“El conflictivo tema que está en manos del Presidente (tiene que laudar a favor o en contra de la construcción del dique en el marco del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado) fue abordado por ambos en un tramo de la última visita del mandatario nacional a Mendoza concretada el jueves”.

“¿Cómo no voy a querer hacer una obra para la generación de energía o que almacene agua? Es una cuestión de sentido común. Mendoza y La Pampa buscarán otra vez la posibilidad de un acuerdo que podría incluir la alternativa de que la provincia vecina participe del manejo de la presa”,dijo el presidente.

Esa alternativa ya fue planteada y rechazada por la Pampa, debido a que la condición era que Mendoza maneje “el grifo de Portezuelo”, es decir, que sea quien en definitiva realice el manejo del agua.

MdZol también cita otro tramo de la supuesta charla entre Suarez y Fernández: “se habló de la alternativa de que los pampeanos participan a futuro del negocio de la generación de energía hidroeléctrica. Y aquí otra vez los condicionamientos mendocinos: siempre y cuando aporten para la construcción de la obra”.

“Avancemos, le dijo Alberto al ministro del Interior, Wado de Pedro, presente en ese encuentro. ‘Pero hagámoslo sin tanto ruido»’,  habría instruido el presidente.

Justamente este domingo a la noche, pasado algunos días de la estatización de IMPSA, el gobernador Sergio Zioliotto salió a pedirle a Nación que retire a la empresa de la carrera por la licitación de Portezuelo del Viento.

En un comunicado oficial, el Gobierno pampeano consideró que “sería razonable” retirar a la empresa “de la licitación de una obra que se encuentra cuestionada por cuatro de los cinco condóminos de la cuenca”.

“Que el Estado Nacional sea ahora el principal accionista de IMPSA resulta para nuestro país una muy buena noticia, y se celebra que la compañía recomponga su capital de trabajo y se proyecte para posicionarse otra vez como una empresa de vanguardia en desarrollos tecnológicos”, remarcaron desde el Gobierno pampeano.

Pero a su vez advirtieron que “no puede usarse para tapar las inconsistencias técnicas, ambientales, legales y económicas de una obra como así pretenden actores mendocinos”.

“Esta estatización no subsana los defectos que el propio Estado Nacional, en coincidencia con nuestra provincia, ha observado a la obra Portezuelo del Viento. Tal como se ha indicado, la obra carece de los estudios ambientales para poder llevarse a cabo, los cuales deben ser integrales sobre toda la cuenca del río Colorado”, insistieron.

“Nos encontramos ante un proyecto de obra confeccionando hace más de 30 años, en base a conocimientos, tecnologías y exigencias muy disimiles de las actuales. Es una obra inviable desde el punto de vista ambiental, e inviable desde la generación de energía”, agregaron.

Y remarcaron que Portezuelo representa “todo aquello que una empresa que quiera consolidarse en la vanguardia de los desarrollos tecnológicos no debería siquiera considerar”.

“Ahora que el Estado Nacional es accionista mayoritario, y dadas todas las observaciones y críticas que él mismo realizó sobre Portezuelo, sería razonable que respalde sus palabras con acciones y retire a IMPSA de la licitación de la obra”, apuntaron.

Detallaron que los cuestionamientos son por “no tener una Evaluación de Impacto Ambiental sobre toda la cuenca en la que va a influir, que garantice que Portezuelo no generará daños ambientales irreparables, que garantice que no se va a afectar la disponibilidad de agua del río Colorado a las provincias que se encuentran aguas abajo”.

“Por tanto, cuestionada por no cumplir con las leyes nacionales que rigen en nuestro territorio como son la Ley de Presupuestos mínimos 25675, la ley de Régimen de gestión Ambiental de Aguas 25688, Ley de Obras Hidráulicas 23879”, enumeraron.

“No puede ningún Gobierno nacional llevar adelante la construcción de una represa ubicada en una cuenca interjurisdiccional cuando sus condóminos no están de acuerdo con la misma, en el marco del federalismo vigente en nuestro país sería eso inviable”, cerró el comunicado.