El proyecto de electromovilidad contaba con un importante aval del oficialismo, y también de otros espacios. Sin embargo, todo quedó estancado en el Congreso.

En 2021, el Gobierno, de la mano del entonces Ministerio de Desarrollo Productivo a cargo de Matías Kulfas, presentó el proyecto de ley de Promoción de la Movilidad Sustentable, también conocido como «de electromovilidad».

La idea era fomentar el diseño, desarrollo y comercialización de vehículos de producción nacional que utilizaran fuentes de energía renovables. Para eso, se implementaría un régimen de beneficios temporal que apuntaría tanto a la demanda, a los consumidores, como a la oferta, los fabricantes, y que se extendería por dos décadas durante las cuales los beneficios fiscales se reducirían progresivamente.

Finalmente, a partir de 2041 no podrían comercializarse en el país nuevos vehículos con motor de combustión interna.

El proyecto contaba con un importante aval del oficialismo, pero también existía un amplio consenso de distintos espacios políticos. Al momento de la presentación, el presidente Alberto Fernández dijo que, una vez implementada, la ley generaría inversiones por US$ 8.300 millones y 21.000 puestos de trabajo.

Sin embargo, todo quedó estancado en el Congreso y la única política de promoción vigente de electromovilidad consiste en una reducción temporaria de aranceles a la importación, establecida por el Decreto N° 331/17.

¿Qué fue lo que llevó a frenar un proyecto que traía un importante impulso? Por un lado, desde el Gobierno decidieron postergar la prohibición de producción y venta de vehículos a base de combustibles fósiles. Ese es el principal freno al proyecto actual: 2041 se ve como una fecha demasiado cercana, especialmente considerando una mayor apuesta por la explotación de Vaca Muerta.

En su discurso de apertura de sesiones ordinarias del pasado 1° de marzo, Fernández no mencionó la movilidad a base de energía eléctrica, pero sí destacó explícitamente el uso de combustibles fósiles, dejando en claro el orden de prioridades. Si se presenta un nuevo proyecto de ley, se eliminará el límite previsto anteriormente y no será exclusivamente de electromovilidad, sino que deberá incluir aspectos vinculados al gas natural y a los biocombustibles.

A esto se le suma la salida de Kulfas en junio de 2022, muy criticado por la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Por otro lado, se priorizó la regulación en cuanto a exportación de litio, que el mes pasado alcanzó el récord de US$ 91 millones, superando los US$ 230 millones en el primer trimestre del año.

Para avanzar con un proyecto de movilidad sustentable, se necesita que parte del litio con el que se fabrican baterías eléctricas recargables quede en el país. Es decir, se implementaría una cuota obligatoria para el mercado interno, con precios preferenciales inferiores a los de exportación.

Por lo tanto, se requiere no uno sino dos marcos regulatorios y, en un año electoral, las perspectivas de alcanzar un acuerdo se ven lejanas. Especialmente se oponen las compañías mineras, que deberían destinar entre 5% y 20% de su producción al mercado interno.

Desde la Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos (AAVEA) señalan que los vehículos eléctricos contaminan 4 veces menos por kilómetro que los motores de combustión.

Asimismo, la producción de energía eléctrica a partir de gas implica reducir aproximadamente a la mitad la contaminación generada por vehículos a combustión.

Finalmente, también apuntan que la postergación en la aprobación del proyecto implica la pérdida de miles de puestos de trabajo y miles de millones en inversiones «que se están yendo a países vecinos».

Quién más viene empujando por la aprobación de un proyecto de ley relativo a la movilidad sustentable es el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien es, además, presidente de la Mesa del Litio (integrada por los gobiernos de Jujuy, Salta y Catamarca) desde diciembre pasado. Su Gobierno estima que producirá, a lo largo de 2023, 82.500 toneladas de litio y exportará por unos US$ 3.000 millones.

A esto se le suma la idea de fabricar baterías en esa provincia. Pero se requieren inversiones importantes y un marco regulatorio a nivel nacional que hoy se encuentra bloqueado.

Por otro lado, el mes pasado la Corte Suprema ordenó al Gobierno Nacional y a las provincias de Salta y Jujuy informar si los actuales proyectos para la extracción de litio y borato están afectando al medioambiente. Se da entonces la paradoja de fomentar proyectos que pueden resultar contaminantes a corto plazo aunque a largo plazo sean beneficiosos, al permitir un mayor uso de vehículos más eficientes y limpios.

Mientras el Gobierno chileno a cargo de Gabriel Boric anuncia la nacionalización de la industria del litio y que los futuros contratos sólo se harán como asociaciones público-privadas con control estatal, la explotación en Argentina está signada por las inversiones privadas y un marco regulatorio favorable.

Pero este escenario podría cambiar si se plantea una nueva ley con cuotas para el mercado interno. Sin esas cuotas, difícilmente se pueda avanzar en una política a largo plazo de electromovilidad. Y en un clima de alta polarización en medio de un año electoral, pese a las buenas intenciones, es probable que no se logre ningún consenso y los proyectos continúen estancados.

Fuente: El Economista