Algunos proyectos o inversiones relacionados con esta industria podrían eventualmente perder financiamiento si se elimina el Fondo Federal de Transporte Eléctrico.

Entre los puntos clave, según los expertos, es la falta de fiscalización en la finalización de las obras.

El gobierno nacional anunció el objetivo de «eliminar los fideicomisos», a los que definió como «cajas negras de la política», tras la caída del proyecto de Ley ómnibus en la Cámara de Diputados.

La medida, que equivale a un ajuste del punto medio del producto interno bruto, tiene un valor de USD 2.000 millones. La mayoría son destinadas a subvencionar el costo de la energía y el transporte, o al financiar obras públicas específicas.

El Fondo Fiduciario de Infraestructura de Transporte, de Desarrollo Provincial, los fondos Procrear y Progresar, de Transporte Eléctrico Federal, de Infraestructura Hídrica, de Estabilización del Trigo y de Cobertura de Salud son los principales fondos fiduciarios que el Gobierno busca eliminar por proclamación.

La eliminación de fideicomisos públicos agudizó el conflicto entre los gobernadores y el Gobierno Nacional, ya que funcionan en práctica como presupuestos que impactan directamente a las provincias.

Precisamente, el inciso «h» del artículo 4° del proyecto de Ley Ómnibus habilitaba al Poder Ejecutivo Nacional a «transformar, modificar, unificar o eliminar asignaciones específicas, fideicomisos o fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal, inclusive los destinados a subsidios, revisar su procedencia y destino para lograr una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control del uso de recursos públicos».

En particular, este artículo fue uno de los que los gobernadores preguntaron más, y el cual provocaron el éxito de la ley.

Consultado sobre el tema, Pablo Besmedrisnik, director de VDC Consultora, especialista en economía, explicó que los fideicomisos son beneficios para cumplir con mayor rapidez, flexibilidad y certeza con necesidades concretas, como aquellas relacionadas al sector energético como de estudios o obras de Infraestructura.

«Para alcanzar ese objetivo, elude los mecanismos estándar de auditoría de cualquier gasto del Estado, es decir resigna transparencia», alertó.

«La eventual eliminación de estos mecanismos inicialmente supondrá la desfinanciación de algunos proyectos o que pasen a ser financiados por mecanismos normales. En todos los casos, se verificará una ralentización instantánea en el ritmo de fondeo y de ejecución, por disponer de menos fondos, por pasar a mecanismos más regulados o por la mera transición que implica un cambio formal o de financiamiento. De forma instantánea se generará tensión financiera sobre los proyectos que hoy aprovechan este mecanismo», remarcó luego.

Aunque el problema más grave, de acuerdo con algunos analistas, sería la disminución del Fondo Eléctrico Federal de Transporte, ya que sería necesario buscar otra fuente de financiamiento o sistema de incentivos para que las empresas privadas inviertan en estos tipo de proyectos en líneas de 500. kilovoltios. Sin embargo, seguron que el problema real está en las distribuidoras troncales de 132 kV.

«Hace tiempo que no hay control de la finalización de las obras y eso hay que corregirlo», dijo. Los fondos fiduciarios, también conocidos como fideicomisos públicos, son un instrumento para financiar tareas e idealismos que los gobiernos empezaron a emplear de manera cada vez más amplia a partir del año 1990.

Relativamente a dos puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI) del país, estos fondos concentran un presupuesto anual cercano a los $1,5 billones, conforme a datos de la Oficina de Control del Presupuesto del Congreso y la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía. de la Nación.