Si queremos ser como Alemania o Irlanda, tal como dijo el presidente Milei, empecemos a dejar de improvisar y planifiquemos con anticipación.

La operación de las presas y centrales hidroeléctricas del Comahue fue concesionada en 1993 por 30 años. Los contratos permitían una prórroga por decisión unilateral de la Secretaría de Energía de hasta un año. El 11 de agosto próximo terminan las ampliaciones de los contratos de El Chocón (1220 MW) y Arroyito (120 MW), Cerros Colorados (450 MW) y Alicurá (1000 MW) y el 29 de diciembre el de Piedra del Águila (1440 MW).

Estas prórrogas fueron decididas en una etapa por el Gobierno de Alberto Fernández en la gestión de Sergio Massa y en una segunda etapa por el Gobierno de Javier Milei con la gestión del ministro Luis Caputo y el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo. Existe un hilo conductor que une ambas gestiones y es la absoluta improvisación en este tema.

Para el 11 de agosto faltan menos de 2 semanas y a la fecha nadie sabe qué pasará con las centrales. No hay ninguna comunicación de la Secretaría de Energía, ni el personal (más de 150 trabajadores y profesionales) sabe qué pasará con ellos en tan pocos días. No resulta un asunto menor: estas centrales representan 15% de la potencia máxima utilizada en el sistema interconectado nacional. La falta de gestión en los temas energéticos salta a la vista.

Extrañamente para un Gobierno libertario, lo único que se hizo fue crear unas sociedades anónimas de propiedad estatal supuestamente para administrar esas centrales, cuyas acciones se han repartido entre ENARSA y NASA. De acuerdo con la nueva Ley Bases, ENARSA está sujeta a privatización total y NASA a privatización parcial. La pregunta que rápidamente surge es: ¿están capitalizando esas empresas con las centrales y presas hidroeléctricas?

En números muy groseros se podría considerar un valor de US$ 4 millones por MW instalado: hablamos de US$ 17.000 millones de capital. ¿Habrá solo un interés financiero para obtener dinero de una futura venta de activos? Será por ello por lo que no se le quiere dar participación a las provincias de Neuquén y Río Negro en una futura administración…

Los especialistas han planteado que estas grandes obras realizadas en su momento por la extinta Hidronor necesitan una modernización y actualización, especialmente en el caso de El Chocón y Cerros Colorados, que ya tienen más de 50 años de operación. Es imprescindible seguir operando estas centrales que son de energías limpias, renovables y muy económicas para el sistema.

El último intento en analizar cuáles eran las necesidades técnicas en las centrales, presas y embalses para continuar operando se hizo en 2022, cuando el entonces secretario de Energía, Darío Martínez, creó un equipo multidisciplinario de trabajo en los aprovechamientos hidroeléctricos concesionados, con un año de plazo para realizar los estudios correspondientes. Sin embargo, nunca se conoció si el informe se completó o no, pues la siguiente secretaria de Energía, Flavia Royón, nunca pareció muy interesada en terminarlo.

Argentina tiene serios problemas de infraestructura eléctrica, que no se han sentido mucho en este frío invierno ya que la grave recesión que estamos transitando hace que la demanda industrial y comercial sea reducida, pero si se produjera un rebote, los problemas que se acumulan tanto en generación, transporte y la distribución, aflorarán rápidamente en fallas de servicio.

Obviamente, en los escasos días que faltan para la finalización de los contratos, se debe improvisar algo. Es curioso ya que hace 31 años se sabía que este era el último plazo. ¿Será a propósito para negociar algo de último momento con la excusa de la emergencia o simplemente incapacidad de los distintos secretarios de energía que hemos tenido en los últimos años?

La alternativa más probable hoy parece ser consensuar con los concesionarios una nueva prórroga de los contratos con el argumento de necesidad y urgencia por un año, o hacer contratos nuevos de operación y mantenimiento, que también tendrían como excusa la emergencia para evitar una licitación que debería haberse llevado a cabo hace meses.

Este tipo de prórrogas de emergencia suelen generar sospechas de algún tipo de corrupción.

Otra alternativa sería que el Estado opere en forma directa o por medio de ENARSA contratando el personal actual, lo cual parece bastante contradictorio con la ideología libertaria del Presidente.

A todo esto, se suma la reciente desregulación de CAMMESA, con lo cual en este momento existe una gran confusión sobre cómo y a qué precios funcionará en el futuro el mercado mayorista eléctrico.

Se debería llamar lo antes posible a una nueva licitación, que podría ser de concesión total con nuevas inversiones privadas o de operación y mantenimiento con inversiones públicas, pero esto último hoy parece muy improbable.

Deben definirse qué trabajos deberán realizar los nuevos concesionarios en las centrales actuales para prolongar su vida útil por los menos 20 años más.

Sería conveniente analizar para este caso puntual, dado que estas centrales trabajan en horario pico y en general no las 24 horas, aprovechar las líneas de transmisión existentes de alta tensión y construir, interconectadas a cada central, plantas de generación eólicas que puedan utilizar las mismas líneas de alta tensión en los horarios no pico. Este tipo de instalaciones combinadas son cada vez más usadas en el mundo, ya que la energía hidráulica se puede almacenar acumulando agua en el embalse y la eólica no, por lo cual es ideal complementarlas.

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Fuente: El Economista