Además advirtió que la crisis provocada por el desequilibrio entre costos fijos y facturación «podría llevar al colapso del sistema de energía eléctrica» de la provincia.

José Alvarez actual presidente de la FACE nuclea a más de 240 entidades de todo el país, entre ellas unas 50 cooperativas bonaerenses que acusaron a las autoridades nacionales y provinciales de «atentar contra el sistema eléctrico» de su provincia y exigieron un ajuste tarifario que «permita al menos cubrir los costos».

«El estado nacional y la provincia de Buenos Aires no están cumpliendo lo que por ley se ha establecido», dijo la FACE, y culpó por la desesperada situación a Darío Martínez y Federico Basualdo, titular y vice de la Secretaría de Energía Eléctrica de la nación; su par bonaerense, Gastón Ghioni, y Marcelo Juiz, presidente del Oceba (Organismo de Control de Energía Eléctrica bonaerense). «Exigimos a esos funcionarios que arbitren las medidas necesarias para que de forma urgente se encuentre una solución a esta crisis que puede llevar al colapso del sistema de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires», advirtieron.

Aluden a la Ley 11.769, entre cuyas disposiciones se establece que «la tarifa por el servicio público de energía eléctrica debe ser justa, permitiendo cubrir los costos y obtener un margen razonable para realizar inversiones». Desde la FACE recordaron que el gobierno bonaerense otorgó «un incremento tarifario del 7% en marzo de 2021 para una tarifa insuficiente que se encontraba congelada desde febrero de 2019». Y calcularon que «desde entonces y hasta la fecha, la inflación que mide el Indec ya superó el 160%».

Para mensurar el grado de desequilibrio recordaron que «el último aumento salarial de Luz y Fuerza fue del 50 por ciento», para el período marzo de 2021 y febrero de 2022.

Las cooperativas bonaerenses denuncian además el incumplimiento del Artículo 87 del Presupuesto Nacional 2020, que otorgaba créditos a distribuidoras eléctricas ajenas al Mercado Mayorista y que no registran deudas, y le apuntan también al gobernador Axel Kicillof: «en septiembre anunció un aporte extraordinario de 2.600 millones, no reembolsable y para todas las cooperativas destinado a mitigar la pérdida por el congelamiento, pero a dos meses del anuncio no hay novedades sobre su ejecución» afirmaron.

Al titular del Oceba, rememoraron que le pidieron «en reiteradas oportunidades que intervenga ante las distribuidoras privadas con fines de lucro que venden energía a cooperativas para que cumplan las sanciones previstas en el Subanexo D Punto 5 -Calidad de Servicio- del contrato», sin respuesta favorable.

Otro reclamo dirigido a Juiz expresa la necesidad de «adecuar los costos de conexión al servicio, que quedaron desfasados hace más de tres años». Según FACE eso provoca que «por cada nuevo asociado que se conecta al servicio la cooperativa hace una erogación extraordinaria que no se recupera en el tiempo». Sin embargo, aunque las entidades propusieron «cobrar la diferencia entre el precio de venta y el costo real mediante una cuota de capitalización, el organismo no lo admite».

En cuanto a la disposición gubernamental de «tarifa cero para asociaciones civiles y clubes de barrio y prohibición de cortar la energía por falta de pago a personas de bajos recursos», manifestaron estar «absolutamente de acuerdo, siempre y cuando podamos contar con el acompañamiento del Estado».