El año que viene vencen las concesiones de las represas hidroeléctricas otorgadas en 1993 durante el proceso privatizador del gobierno de Carlos Saúl Menem. Un espectro energético con capacidad de arrastrar actores de peso internacional se vuelve a abrir luego de 30 años. Esto también trae aparejado una discusión entre nación y provincias por la propiedad del recurso y el gobierno quizás piense en una nacionalización.

La Secretaría de Energía ya empezó a diseñar una auditoría integral general sobre las operadoras. «Se trata de un estudio de diagnóstico y análisis enorme, profundo, que abarca todas las aristas», dijeron desde la Secretaría de Energía y agregaron que se trata de un estudio exhaustivo en lo jurídico, contable y financiero.

Las empresas deberán rendir cuentas sobre las obras pendientes y mostrar las condiciones de financiamiento.

«La medida contempla en su última etapa la aplicación de sanciones ante los incumplimientos del sector privado», advirtieron las fuentes consultadas a lo que agregaron «Lo consideramos insumo para negociar renovación, caducidad o prórrogas de los contratos».La auditoría integral concretará la Secretaría de Energía será clave en el proceso que viene.

Desde el gobierno nacional no dudaron “en ponerle los puntos” a las provincias ante cualquier pretensión de quedarse con las represas diciendo «Es como si el intendente de Añelo viniera a reclamar Vaca Muerta», dijeron para cerrar.