La Secretaría de Energía anticipó que asumirá el control de las concesiones que empezarán a vencer a partir de agosto. Tensión con Río Negro y Neuquén.

El Gobierno finalmente dio el paso y anticipó que a partir de agosto comenzará a asumir el control de las centrales hidroeléctricas que acumulan décadas bajo control privado. El movimiento fue comunicado por la Secretaría de Energía de la Nación a través de su titular, Flavia Royón, quien informó recientemente que el manejo de las usinas correrá por cuenta del Estado pero sin dejar en claro cuál será el rol de provincias como Río Negro y Neuquén en la administración que viene. Precisamente en esos distritos predomina el malestar por la falta de consulta a las gobernaciones.

En el marco del reciente Experiencia IDEA Energía que se llevó a cabo en Neuquén, Royón dijo que se creó «una mesa de negociación con las provincias principalmente para tratar el tema de las concesiones hidroeléctricas para que las concesiones vuelvan al Estado nacional pero trabajando con las provincias porque tenemos una fuerte mirada federal».

La funcionaria señaló que el modo en que se hará efectivo el cambio de manos «se definirá en quince días». De esa forma, resultaron desactivados los rumores que anticipaban una prórroga de al menos un año para las concesiones que vencen en los próximos meses.

La molestia en la Patagonia responde a que la decisión de Energía pasará únicamente por informar a las provincias respecto de cómo se hará efectivo el traspaso y no se daría lugar al pedido de Neuquén y Río Negro de generar una empresa tripartita que gestione el funcionamiento de las hidroeléctricas.

Río Negro y Neuquén buscan participar en el negocio millonario
Según datos oficiales a los que accedió iProfesional, entre agosto y diciembre de 2023 vencerán las concesiones de las centrales Alicurá, hoy en manos de AES Alicurá SA, El Chocón y Arroyito, bajo control de ENEL, Planicie Banderita, operada por Orazul Energy, y Piedra del Águila, concesionada a Central Puerto SA.

Río Negro y Neuquén pretenden asumir el control de estas instalaciones con vistas a acceder a un negocio de explotación estimado en 800 millones de dólares anuales. En la vereda de enfrente, el oficialismo argumenta que en tanto las represas «las pagó Nación en su momento», corresponde que la explotación de cada complejo regrese a ese actor.

En las últimas horas, representantes de ambas provincias mantuvieron encuentros con funcionarios y técnicos de la Secretaría de Energía a los fines de reactivar el reclamo por un dominio compartido del negocio hidroeléctrico.

A través de su espacio en la red social Twitter, el mismo Omar Gutiérrez, gobernador de Neuquén, expuso la necesidad de intensificar el diálogo con Nación para «abordar las recientes decisiones en torno al futuro de las represas sobre los ríos Limay y Neuquén».

En medio de ese «tironeo», desde Nación se notificó a las provincias que el plan de operaciones que viene contempla la continuidad de los 200 puestos de trabajo que hoy generan los complejos de generación de electricidad distribuidos entre Neuquén y Río Negro.

Los vencimientos que vienen
En el transcurso de los próximos dos años, el sector hidroeléctrico transitará el vencimiento masivo de las concesiones otorgadas durante el período menemista. Hoy por hoy, se estima que la generación hidroeléctrica representa al menos el 20 por ciento del total del Mercado Eléctrico Mayorista.

Los contratos que vencen a partir de agosto suman 17 y en el oficialismo señalan que la vuelta al Estado también es consecuencia de la pronunciada falta de inversiones privadas en ese segmento.

«A lo largo de estos 30 años de concesiones, las empresas privadas no han reinvertido un solo peso para generar más energía hidráulica en Neuquén. Estamos hablando de más de 3.000 millones de dólares de rentabilidades», afirmó a principios de año Oscar Parrilli, senador neuquino por el Frente de Todos y uno de los funcionarios que más presiona a favor de la estatización.

Por el lado de Río Negro y Neuquén, ambas provincias mantienen un diálogo tenso con el Gobierno por la baja recaudación que vienen percibiendo del negocio hidroeléctrico establecido en sus respectivos territorios y la nula participación en los procesos que se están «cocinando» ante la finalización de las concesiones.

Desde hace meses, Río Negro reclama a la Secretaría de Energía casi 900 millones de pesos en concepto de regalías mal liquidadas. Neuquén, en tanto, señala que se le deben 1.164 millones. La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), en tanto, exige otros 1.000 millones de pesos, todos por deuda por el mismo concepto.

Fuente: iprofesional