Un informe oficial descarta la transferencia de las represas de los ríos Limay y Neuquén a las provincias, argumentando la primacía del marco federal en su administración.

Un reciente informe de la Jefatura de Gabinete de la Nación puso fin a las expectativas de Neuquén y Río Negro de gestionar las represas hidroeléctricas de los ríos Limay y Neuquén, cuyos contratos de concesión ya expiraron. El documento destaca que la administración de estas instalaciones seguirá bajo control federal, fundamentándose en la Constitución Nacional y en la Ley 15.336, que regula el sector eléctrico.

El informe argumenta que la generación hidroeléctrica, al ser parte del Sistema Interconectado Nacional, está bajo jurisdicción federal al ser considerada de «interés general». Este enfoque se apoya en artículos como el 75 inciso 13, que regula el comercio interjurisdiccional, y el artículo 31, que establece la supremacía de las leyes federales.

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Aunque la reforma constitucional de 1994 otorgó a las provincias el dominio originario sobre los recursos naturales, no modificó las facultades del gobierno nacional para otorgar y administrar concesiones hidroeléctricas. Ejemplo de ello son las represas como Alicurá y Futaleufú, concesionadas tras dicha reforma.

El informe también detalla que las provincias reciben regalías hidroeléctricas como compensación por el uso de sus recursos hídricos, equivalentes al 12% del valor de la energía vendida. Este mecanismo, establecido por la Ley 15.336, fue históricamente objeto de controversia, ya que las provincias consideran que no refleja el verdadero valor del recurso.

Tanto Neuquén como Río Negro reclamaron una mayor participación en la administración de las represas, argumentando que su rol como titulares de los recursos hídricos debería traducirse en un control más directo sobre las operaciones. Sin embargo, el gobierno nacional mantiene su postura, citando la necesidad de un sistema energético integrado que garantice el suministro a nivel nacional.

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Fuente: ADN Sur