Existe incertidumbre en relación con la modificación de la legislación secundaria derivada de la estrategia y sus implicaciones en la viabilidad de nuevos proyectos.

A comienzos de noviembre, México dio a conocer la Estrategia Nacional de Energía Eléctrica que, aunque da protagonismo a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), asigna al sector privado una cuota de inversión en generación, incluyendo energías limpias, en una relación 54 % – 46 %.

La proyección es generar 22.574 megavatios entre 2025 y 2030, lo que —según el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco)— equivale a 94,3 % de lo autorizado entre 2019 y 2024, pero 39,9% menos que lo autorizado entre 2012 y 2018, en lo que ha incidido una menor inversión.

Para el presente sexenio se contemplan inversiones por 23.400 millones de dólares por parte de la CFE, USD 12.300 millones en proyectos de generación (13.024 nuevos MW), USD 7.500 millones en transmisión y USD 3.600 millones en distribución.

De acuerdo con la estrategia, el sector privado podrá participar a través de tres mecanismos:

Contratos de largo plazo que podrán ser licitados.

Nueva figura de productores mixtos, que participarán con la CFE, que tendrá al menos 54 % de la inversión en centrales con esquemas que serán licitados.

Generación y uso del mercado para vender energía.

A pesar de que los montos puede que no sean suficientes para cubrir las necesidades del país en esta materia, el Imco señala que de implementarse correctamente los tres mecanismos de participación de los inversionistas privados en el desarrollo de la infraestructura eléctrica, se puede abonar a la competitividad de la economía mexicano en los próximos años”.

Adaptarse e identificar oportunidades

Para Lorenzo Hernández, socio y jefe global de energía de Ontier, la Estrategia Nacional de Energía Eléctrica plantea un panorama mixto para la inversión privada, con desafíos y oportunidades que invitan a una reflexión estratégica.

“Los cambios en las políticas energéticas, como lo vimos con la reforma de 2014, implican ajustes significativos para el sector privado, que debe adaptarse a un nuevo marco normativo e identificar oportunidades en medio del cambio”, expresa al resaltar que México tiene un enorme potencial para la inversión energética gracias a sus recursos naturales excepcionales.

Además, reconocer el impulso a tecnologías de almacenamiento y la apuesta por una generación distribuida más robusta como elementos positivos que podrían ayudar a dinamizar el sector.

“En nuestra experiencia, los desarrollos energéticos no solo deben cumplir con la normativa vigente, sino también integrar un enfoque social y ambiental que contribuya al bienestar colectivo. Las líneas estratégicas que fomenta la nueva política, como proyectos vinculados a parques industriales que animen el nearshoring, la simplificación administrativa mediante una ventanilla única y el énfasis en tecnologías limpias, sugieren un marco propicio para catalizar un crecimiento sostenido en el sector”, comenta el socio de Ontier.

Analistas observan como positivo que se esté incorporando al sector privado en los planes para el sector eléctrico mexicano, ante el freno a la inversión que hubo en el sexenio pasado. Sin embargo, tienen dudas por la forma en que se puede materializar la participación de las empresas en el negocio y, especialmente, por la regulación derivada de la estrategia.

-¿Qué inquietudes han manifestado sus clientes en relación con la Estrategia Nacional de Energía Eléctrica?

-Lorenzo Hernández: Los clientes están altamente informados y son conscientes del impacto regulatorio en sus inversiones, han mostrado interés y preocupación a partes iguales. Por un lado, existe optimismo en torno a ciertos elementos de la estrategia y a un mensaje más amigable con la inversión privada y los proyectos renovables, pero por otro, se enfrentan a incertidumbres relacionadas con los detalles de la legislación secundaria y su impacto en la viabilidad de los nuevos proyectos.

Aunque los proyectos existentes no deberían sufrir cambios retroactivos, los proyectos de autoabasto sí que parece van a enfrentar ajustes que requerirán un análisis detallado. Adicionalmente, los clientes manifiestan inquietud por las reglas de despacho y el curtailment que pueda afectar a proyectos en operación, así como por la paralización de ciertas transacciones de M&A hasta que haya mayor claridad normativa.

Para nuestro despacho, estas inquietudes representan oportunidades para innovar en las estrategias jurídicas y de negocio de nuestros clientes. Estamos comprometidos a colaborar estrechamente con ellos, no solo anticipando riesgos, sino también desarrollando soluciones que maximicen el éxito de sus proyectos en este entorno cambiante.

El bufete estima que entre la legislación que pudiera ser modificada como parte de la estrategia, estaría la Ley de la Industria Eléctrica y su reglamento, la Ley de Transición Energética, las Bases del Mercado Eléctrico, el Manual de Vigilancia del Mercado, el Código de Red y otras disposiciones administrativas de carácter general.

“Estos cambios normativos requerirán un análisis riguroso para comprender su impacto en los proyectos actuales y futuros. Es fundamental que estas reformas se implementen con transparencia y coherencia para fomentar un entorno estable que permita un desarrollo positivo para el sector energético en México”, manifiesta Hernández.

¿Conflictos en puertas?

Analistas han anticipado conflictos con inversionistas en relación con proyectos de infraestructura eléctrica, tomando en cuenta que el Estado tendrá el control del sector.

Hernández admite que es innegable que la propuesta de fortalecer el control estatal en el sector eléctrico ha generado preocupaciones legítimas entre los inversionistas, particularmente en lo que respecta a la certeza jurídica y al respeto a los principios de libre competencia.

Señala que cualquier medida que limite o desincentive la participación del sector privado puede llegar a generar tensiones. Sin embargo, cree que el contexto actual no puede analizarse de manera aislada y habrá que esperar la entrada en vigor de la legislación secundaria, por lo que, como puede ocurrir con cualquier reforma estratégica, en caso de que contravenga principios fundamentales protegidos constitucionalmente o por tratados internacionales, podría enfrentar impugnaciones legales significativas.

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De allí que la salida que ve el despacho frente a un contexto como el planteado, es fomentar un diálogo constructivo con los reguladores, aportando ideas y soluciones que beneficien el impulso del sector, promoviendo así un entorno de colaboración y desarrollo sostenible.

Estrategia y transición energética

El Gobierno mexicano proyecta en la Estrategia Nacional de Energía Eléctrica que para 2030 el 45 % de la energía generada provenga de fuentes limpias, por encima de lo planteado originalmente (40 %) y partiendo de que la meta para este año es que 30 % de la matriz energética del país sea energía renovable. El reto es grande si se toma en cuenta que 75 % del consumo de electricidad se basa en fuentes de combustibles fósiles (gas, petróleo y carbón), según datos de Low Carbon Power de entre agosto de 2023 a julio de 2024.

“La transición energética es un objetivo ambicioso que requiere un equilibrio entre los actores estatales y privados”, señala el socio de Ontier, al tiempo de comentar que, si bien la CFE desempeñará un papel predominante con un control del 54 % de la generación, el espacio restante para la participación privada sigue siendo significativo y representa una plataforma para impulsar la innovación y el crecimiento en el sector energético.

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Fuente: Lex Latín