El proceso de actualización de precios para el transporte de energía eléctrica en Argentina ha sido iniciado por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

El enfoque de este proceso, entonces establecido por la Resolución 223/2024 publicada en el Boletín Oficial, es permitir que las empresas del sector presenten sus propuestas durante un período determinado.

El «Programa para la revisión tarifaria del transporte de energía eléctrica en el año 2024» ha sido aprobado por Darío Arrué, interventor del ENRE, para varias compañías, entre las cuales se encuentran TRANSENER S.A., TRANSBA S.A., TRANSPA S.A., DISTROCUYO S.A., el TRANSNEA S.A., TRANSNOA S.A. y TRANSCOMAHUE S.A.

En las consideraciones de la resolución se menciona la declaratoria de emergencia del Sector Energético Nacional hasta el 31 de diciembre de 2024. El inicio de la revisión tarifaria para las empresas que ofrecen servicios públicos de distribución y transporte de energía eléctrica bajo el control federal se justifica de acuerdo con esto.

Según la normativa, los comercios deberán presentar una propuesta de actualización de precios y solicitar la aprobación del cuadro tarifario, el cual tendrá una vigencia de cinco años a partir del 1 de enero de 2025, de acuerdo con los lineamientos del ENRE. Además, las empresas deberán presentar toda la documentación de respaldo de su propuesta, así como cualquier información adicional que les solicite el ENRE.

Las empresas deberán comunicar los nuevos valores que surjan de este proceso y que impactarán las tarifas del servicio a partir de enero del próximo año en los meses venideros. Posteriormente, el ENRE establecerá citas públicas y dará su aprobación para su implementación.

La economía y la productividad son dos objetivos tarifarios que deben ser cumplidos por las tarifas del servicio de transporte, según lo ha explicado el ENRE.

El costo económico de los recursos involucrados en el transporte de energía eléctrica debe ser considerado por las empresas en su remuneración. Además, están sujetos a un régimen sancionatorio por incumplimientos tanto en calidad como en el plan de inversiones obligatorio.