En tres años el país dilapidó en subsidios US $33.000 millones solo en energía. Si se suma el transporte se superan los US $43.000 millones y se alcanza el monto del préstamo del FMI.

Tres años de gobierno, dos ministros de economía y tres secretarios de energía necesitó la actual administración para darse cuenta que la política energética que implementó desde el inicio de su gestión fue un grave error.

Lamentablemente el gobierno creyó poder repetir la receta tarifaria y energética del 2003-2015, y congeló tarifas, intervino los entes reguladores, rompió contratos de servicios y esto lo hizo antes de la pandemia y antes de la guerra en Europa. Pero las malas decisiones de no son gratis para los ciudadanos. En los 3 años que van del 2020 a 2022 el país dilapidó en subsidios US$ 33.000 millones solo en energía, y si agregamos los subsidios al transporte se superan los US$ 43.000 millones.

Es decir, en lo que va de la actual administración el gasto en subsidios alcanzó el equivalente al préstamo con el FMI. El gobierno encontró un límite en las reservas del banco central. Sin financiamiento, sin reservas y con una brecha del 130% el gobierno cambió el rumbo y de un golpe reconoce que los subsidios son un enorme problema equivalente a todo el déficit fiscal y que los subsidios generalizados son “pro ricos” e ineficientes. La respuesta: segmentar los subsidios.

Con la segmentación se intentará reducir la cuenta de subsidios de 2023 en aproximadamente US$ 5.000 millones quitando beneficios al 30% de los residenciales y al 100% de los comercios y pymes abastecidas por las distribuidoras de forma gradual en 3 escalones (septiembre, noviembre 2022 y enero 2023), una medida en el sentido correcto, pero con problemas de diseño e implementación.

La confección del registro de usuarios es clave y podría contener grandes errores de exclusión. El gobierno considera que el 30% de la población que no se inscribió en el registro, puede pagar el costo energético y esta interpretación podría ser un error, en particular en Provincias como Córdoba y Santa Fe donde, según informó el Jefe de Gabinete de Ministros en Diputados, más del 45% de los usuarios perderían los subsidios y por lo tanto enfrentarán aumentos superiores 200% en sus facturas eléctricas.

Dichos aumentos se sentirán fuerte para el primer bimestre del año 2023, cuando el último escalón de aumento entre en vigencia y se sumen los consumos eléctricos del verano. Sin embargo, si las facturas de servicios no se actualizan por inflación, gran parte del ahorro fiscal se licuará.

A esto se suman demoras en la reglamentación, por ejemplo, en la publicación de los techos de consumo de energía para usuarios de ingresos medios, y en la definición del tratamiento de quienes no se inscribieron en el registro. Cuestiones que obligaron a posponer la segmentación en principio por 30 días, comenzando en octubre.

El objetivo final de la segmentación es reducir 0,6% del PBI la cuenta de subsidios en 2023 y es este el corazón de los compromisos fiscales con el FMI y así se refleja en la última revisión técnica.

Paradójicamente es el Fondo, el que identifica puntos de mejora al “ambicioso esquema”, y alerta sobre lo critico de mejorar la base de datos, la necesidad de “linkear” precios a costos y no a una proporción de los salarios como en el caso de usuarios de ingresos medios, la existencia de techos de consumo muy generosos y finalmente la necesidad de mejorar la focalización de los beneficios.

En síntesis, este programa va en el sentido correcto, sin embargo, el gobierno evita el camino directo que implica focalizar el subsidio en familias vulnerables a través de la tarifa social, implementa un enmarañado sistema de subsidios que representará “otro problema” a resolver para la próxima administración.

Fuente: Alejandro Einstoss para Clarín