La adenda que firmó el gobernador Alfredo Cornejo y los ministros nacionales Guillermo Francos y Luis Caputo fue aprobada por la Cámara de Diputados este miércoles por 32 votos contra 13. Esto modifica el destino de los U$S 1.023 millones de resarcimiento que la Nación terminará de pagar a Mendoza por la prórroga irregular de la promoción industrial: no se debería utilizar para Portezuelo del Viento u otra represa de generación de energía, sino para cualquier proyecto de infraestructura.

El acuerdo se firmó a fines de abril y el miércoles fue aprobado por la Cámara de Diputados de Mendoza.

En el martes próximo, el Senado deberá ratificarla para que entre en vigencia. Una vez definitivamente aprobada, el último paso será la firma del presidente de la Nación, Javier Milei.

Una vez solidificado el acuerdo, el gobierno provincial se comprometió a enviar otro proyecto, que incluiría un plan de construcción; Básicamente, esta sería una lista de los proyectos que se financiarían con el dinero.

En el ámbito, el Gobierno anunció que serían exclusivamente acciones que implican un «retorno»; en otra palabra, ganancias y la creación de un «círculo virtuoso». Simultáneamente, Cornejo ha confirmado la importancia de «cuidar el agua», eso que implica que mucho de los US$ 1.023 millones serían destinados a tareas hidráulicas e hídricas.

El argumento es muy amplio, e incluso algunos pedidos llegaron desde Cambia Mendoza. Al iniciar, el médico radical Raúl Rufeil, intendente de San Martín, dijo que «no todo debe ser para generar retorno» y pidió que «el 20 ó 30 por ciento tenga una «impronta social, que se pueda destinar a la ruralidad».