El auditor estatal preguntó la naturaleza del reclamo que el gobierno hizo contra la empresa que explota al tipo para recuperar casi $1,000,000.00.

Este sábado se conoció que la Provincia exigió a la empresa Hidroeléctrica Tucumán SA, que habría adquirido el dique El Cadillal, pagar más de mil millones de dólares por el Complejo de Aprovechamiento Hidroeléctrico Celestino Gelsi. Gilda Pedicone de Valls, la fiscal de estado, firmó la presentación, y LG Play se comunicó con ella esta mañana para obtener detalles sobre la demanda.

La letrada dijo que la firma “ya lleva muchos años como concesionaria y ha venido incumpliendo el mantenimiento que la presa demanda para su normal funcionamiento y para su preservación. Como la empresa no estaba haciendo las reparaciones, la Provincia asumió la tarea con una importante inversión y cuando la obra en la parte más urgente se terminó, recibimos una invitación del gobernador, Osvaldo Jaldo de intimar a la empresa a devolver el dinero que la provincia había puesto. En realidad eran inversiones que debía hacer la concesionaria no nosotros”.

“El dique en estos últimos años se ha visto deteriorado por una fisura importante que estaban poniendo en peligro el mantenimiento de la represa y sus servicios”, detalló Pedicone de Valls y agregó que debido a esto hicieron “la intimación pero no tuvimos respuesta, y como la demora nos estaba significando una ausencia importante de casi $1.000 millones”, añadió.

El monto real requerido es de $936.660.939,57, más intereses a la tasa vigente desde el momento en que la provincia realizó el pago. Por ello, la propuesta pide que se imponga un embargo preventivo a la empresa.

A través de la propuesta lanzada la semana pasada, el gobierno espera que la empresa pague la totalidad del monto adeudado al Estado para reparar la presa lateral N°3 del Dique, que presentaba fallas importantes.

“Vamos a ir viendo cómo se presentan los acontecimientos porque en el medio hemos pedido una medida cautelar de embargo sobre el dinero que la empresa recibe de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), que es una intermediaria en relación a los servicios que ella presta y que a su vez le paga la empresa hidroeléctrica”, dijo para concluir la fiscal.