En los primeros nueve meses del año, las transferencias al sector fueron de 8.282 millones de dólares; es decir, 1.759 millones menos que los 10.041 millones acumulados entre enero y septiembre de 2022, según un informe de Economía & Energía. La cifra, de todos modos, superó en 155 millones a la del mismo lapso de 2021.

En medio de la polémica por la suba del gasto durante la campaña electoral, el Gobierno puede al menos mostrar como un logro haber reducido en un 17,5% los subsidios a la energía en lo que va de 2023. Esto obedeció, según un informe elaborado por Economía & Energía, a “la disminución de los precios internacionales, la mejora hídrica, el proceso de segmentación tarifaria y, en menor medida, la ampliación de la capacidad de evacuación de gas natural desde la Cuenca Neuquina”.

No obstante, las transferencias orientadas al sector siguen teniendo un impacto significativo en las arcas nacionales. De hecho, expresan una leve suba en comparación con los fondos erogados durante los primeros nueve meses de 2021.

En términos monetarios, el reporte indicó que entre enero y septiembre de este año los subsidios llegaron a 8.282 millones de dólares; o sea, US$ 1.759 millones menos que los US$ 10.041 millones desembolsados en los primeros nueve meses de 2022, pero US$ 155 millones más que los US$ 8.127 millones verificados en el mismo lapso de 2021.

El recorte con respecto a la temporada pasada tuvo como epicentro a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). En ese sentido, el trabajo resaltó que “la reducción del costo monómico de generación y el aumento del precio abonado por la demanda (precio estacional), permitieron una baja de los subsidios desde los US$ 65 por megawatt/hora (Mwh) en los primeros ocho meses de 2022 a US$ 47 por Mwh en idéntico período del presente año”.

En concreto, los fondos volcados a Cammesa disminuyeron desde los US$ 6.909 millones acumulados entre enero de septiembre de 2022 hasta los US$ 4.668 millones en el mismo lapso de 2023.

Los subsidios destinados a la estatal Enarsa, en cambio, se incrementaron en la comparación interanual. Esto sucedió, de acuerdo con Economía & Energía, “a pesar de la contracción que experimentaron los precios internacionales”.

Recorte y segmentación

Los subsidios a la energía se convirtieron en una mención recurrente dentro de los discursos políticos de los máximos aspirantes a ocupar la Presidencia de la Nación. En la recta final de su campaña, el ministro de Economía y candidato por Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, presentó el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2024, con el que se prevé alcanzar el equilibrio fiscal a partir de una mayor recaudación y de una fuerte reducción de los subsidios al segmento.

Atada a los compromisos sellados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la propuesta de Massa para el año que viene apunta a destinar un 7,1% del gasto público al abastecimiento de energía, la inversión y el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos y mineros.

La idea es que un 62,63% de los costos mayoristas del sistema eléctrico sea cubierto por los usuarios en el marco de la segmentación tarifaria. Vale aclarar que para 2023 estaba previsto que el gasto estatal oscilara en torno a un 9,8% del presupuesto y que los usuarios cubrieran un 49% del total.

Similar sería la evolución de la política de subsidios en el caso del gas natural. Entre otras medidas, en dicho ámbito se procurará incentivar las inversiones en exploración y explotación de nuevos yacimientos, además de ampliar la cantidad de usuarios beneficiados por el Programa Hogares con Garrafa (HOGAR).

Planes opositores

La política tarifaria que plantean los principales asesores energéticos de Patricia Bullrich se basa en la implementación de aumentos “reales, mensuales y poco graduales”, respetando la segmentación por nivel de ingresos y la aplicación de una tarifa social federal.

En materia gasífera, específicamente, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) anticipó que respetará los compromisos firmados bajo el Plan Gas.Ar, aunque promoviendo una paulatina liberación a partir de 2028, con tendencia al precio export parity, y sin descartar una eventual renegociación contractual con las distribuidoras. Con respecto a los combustibles, la intención de Bullrich sería acoplar sin demasiado gradualismo su valor local al del mercado regional e internacional.

Más extrema aún es la visión de Javier Milei, quien impulsa una fuerte reducción de los subsidios energéticos en todos los estratos sociales, proyectando un abrupto aumento de las tarifas. Según el candidato de La Libertad Avanza (LLA), su gobierno sólo subsidiaría de manera directa a los usuarios más vulnerables, estipulando un límite de consumo.

El ganador de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) también expresó que cumplirá con los acuerdos del Plan Gas.Ar. No obstante, proyectó el restablecimiento del mercado a término, además de impulsar una migración de los contratos con Cammesa y Enarsa hacia los consumidores del gas.

Finalmente, Milei adelantó que de resultar electo abolirá los derechos de exportación y los aranceles de importación para el petróleo y los combustibles. Así, las naftas y el gasoil en el mercado interno igualarían bruscamente la cotización export parity.

Fuente: EconoJournal