El Ministerio de Economía reveló los criterios en los que se basará para llevar adelante la segmentación de tarifas de electricidad y gas, tal como estableció dentro del programa que le presentó al Fondo Monetario Internacional (FMI). La cartera que conduce Martín Guzmán publicó hoy en el Boletín Oficial cómo se detectará al 10% de los usuarios con mayor capacidad de pago que dejará de recibir subsidios.

La segmentación comenzará a regir de manera retroactiva desde el 1° de junio, aunque todavía las empresas distribuidoras no tienen mucho detalle sobre cómo se hará la implementación. “Los usuarios y las usuarias pagarán el costo pleno de los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural por red contenido en la factura, según corresponda. Este proceso se realizará en forma gradual y en tercios bimestrales, de modo tal que, al finalizar el año en curso, estén abonando el costo pleno de la energía que se les factura”, dice el texto publicado en el Boletín Oficial.

Para el resto de los usuarios, no habrá incrementos adicionales a los ya implementados durante marzo y junio, según confirmó la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti. En 2022, la suba de luz y gas para quienes no reciben tarifa social promedia el 42%.

La inclusión en el grupo que no tendrían subsidios se definirá por cumplir con alguno de estos criterios:

Tener ingresos mensuales superiores a 3,5 canastas básicas totales (CBT) consideradas para un hogar compuesto por cuatro integrantes ($333.410 a abril)

Tener tres o más inmuebles registrados

Tener tres o más vehículos con antigüedad menor a los cinco años

Tener aviones o embarcaciones de lujo, según la tipología aplicable por la AFIP.

Ser titulares de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena.

La cantidad de personas que dejarán de recibir subsidios en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) son 921.778 titulares en el caso de la energía eléctrica y 760.600 en el caso del gas residencial, según el cruce de la información provista por empresas distribuidoras, entes y autoridades regulatorias con la información disponible en el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys) sobre ingresos y patrimonio, que se nutre con información de la Anses.

En el Gobierno admiten que esa base es incompleta, ya que solo tiene en cuenta los ingresos formales, pero señalan que es un primer paso para comenzar con la segmentación. Para complementar los criterios socioeconómicos, se van a utilizar parámetros patrimoniales, como cantidad de vehículos y de inmuebles, y si se tienen aviones o embarcaciones de lujo.

La Secretaría de Energía admite que hay poca información del “conjunto del hogar usuario del servicio” y, por lo tanto, “la disponibilidad de información inicial es una limitante”. Para ello, señala, se deben instrumentar “mecanismos para que, a nivel de cada suministro, se informe la cantidad de hogares que están asociados, su composición y su nivel de ingresos y de patrimonio”.

Para ello, se les pedirá a las empresas distribuidoras, subdistribuidoras, entes reguladores y autoridades de aplicación que provean de forma periódica el padrón de suministros residenciales detallando la información del titular (nombre, apellido, DNI, CUIT/CUIL) y del suministro (N° de medidor, consumo, provincia, localidad, dirección, coordenadas) que deberá ser unificada por la autoridad de aplicación.

El Ministerio de Economía también realizó un cálculo de los subsidios recibidos por los hogares según su ingreso y decil. El 10% con mayor capacidad de pago recibió en promedio $49.452 en subsidios a la electricidad y $23.312 del gas natural en todo 2021, que tras la segmentación que se aplicará el próximo mes dejarán de percibir. En total son casi $73.000 extra que deberán pagar por los servicios energéticos. Según el documento oficial, esto implica solo el 2,22% del ingreso total del decil más rico.

Fuentes oficiales indicaron que no se puede generalizar un monto, “porque no todos pagan lo mismo”. Y agregaron que el monto final dependerá de las particularidades de consumo y tarifa aplicada, según los cuadros tarifarios de cada distribuidora.

En el caso del decil con menores ingresos de la población, los subsidios a la electricidad representaron $31.817 el año pasado en promedio y $12.649 por el gas natural. Esto equivale al 21,54% del total de ingresos de este segmento, que se considera que percibió ingresos por $206.180 en todo 2021.

En el Gobierno indicaron que al utilizar la base de datos del Sintys no se viola el secreto fiscal o bancario, ya que se utiliza información pública. Si el usuario al que se le quita el subsidio quiere pedir una reconsideración, en el formulario que se pondrá a disposición deberá firmar una declaración jurada en la cual habilita al Estado a acceder a los datos de la AFIP para analizar su situación.

Otra base de datos que se aplicará será la del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), que depende del Ministerio de Desarrollo Social. Esta información servirá para detectar los barrios cerrados con mayor capacidad de pago, según explicaron las fuentes oficiales. También aclararon que la información que se obtenga con el Censo no se podrá utilizar.

Si bien se teme que pueda ocurrir, como en los anteriores aumentos tarifarios, que los usuarios cambien la titularidad del servicio a personas jubiladas o a aquellas que reciban subsidios, en el Gobierno aclararon que solo se podrá tener una factura con tarifa social para limitar esta práctica.