Al igual que en Argentina y tantos otros países, la crisis ha calado hondo en el bolsillo de la población, lo que forzó al gobierno a tomar decisiones sobre la energía una de ellas es congelarla durante un buen tiempo. Como aún no sabemos cuánto puede durar esta pandemia y el aislamiento obligatorio es necesario para las empresas productoras de electricidad comenzar a actualizarse para no perder tanto y más en un contexto de crisis a nivel global.

En México también el retraso del ajuste de tarifas obstaculiza la actividad de las empresas de renovables y extranjeras y que ha sido suspendida por el Poder Judicial, aplazaría indefinidamente hasta 4.000 millones de dólares anuales de futuras inversiones en energía limpia.

“En “circunstancias normales”, México captaría 2.000 millones de dólares anuales en proyectos de energía eólica y otro tanto en solar y fotovoltaica para cumplir con su meta de transición energética hacia 2025. El hecho de que no se puedan desarrollar los proyectos porque no exista una voluntad de dar continuidad a la política de inversiones en el sector de las energías renovables tiene una implicación evidente y es una pérdida de inversión” asegura Ramón Fiestas, presidente del Global Wind Energy Council (GWEC) para Latinoamérica.

La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, promulgada hace un mes, elimina el criterio económico para despachar primero las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las centrales privadas de renovables y de ciclo combinado.

También ordena revisar de forma retroactiva los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del Gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE. Los dos juzgados federales especializados en competencia económica suspendieron de forma indefinida la reforma el mes pasado y esta semana varios senadores presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El amparo del juez es «para favorecer a empresas de la industria eléctrica, empresas que pagan menos por la electricidad que lo que pagan los ciudadanos en sus domicilios», insistió este viernes el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Sin importar el desenlace de lo que determine la justicias la reforma afecta directamente a los planes de inversión, expone  Susana Ivana Cazorla, socia fundadora de la consultora SICEnrgy.

«Ya se está viendo un impacto negativo, para invertir necesitas certidumbre, necesitas al menos la promesa de que se va a respetar al Estado de derecho y no amenazas constantes contra la inversión privada”, manifiesta la experta. Ademas citó datos de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras que muestran que la inversión extranjera directa (IED) en energía alcanzó un máximo histórico de 6.839 millones de dólares en 2018, antes de la administración de López Obrador desde entonces la IED, en el sector, cayó a 2.700 millones de dólares en 2019 y a 1.695 millones en 2020, mientras la energía era un 20,3 % de la IED en 2018, dos años después representaba el 5,8 %. “La caída más importante se dio en 2019 con el cambio de administración y las amenazas que empezaron desde el día 1 contra el sector eléctrico”, asegura Cazorla.

Aunque el presidente ha justificado sus iniciativas como una defensa de la compañía del Estado frente al «saqueo» de los extranjeros, la consultora advierte que las más afectadas serán las pequeñas y medianas empresas (pymes) mexicanas. “Aquí hay un ataque frontal contra la inversión privada, nacional o internacional, aunque curiosamente la internacional tendrá gobiernos extranjeros que la protejan, la inversión nacional privada no tiene quién la proteja», dice frustrado el presidente.

“México es sin duda, uno de los países más atractivos para la inversión en el sector energético en el continente americano, pero otras naciones de la región están aprovechando el vacío que deja.” afirma el representante del GWEC. Por su parte Fiestas asevera  “México es un país extraordinario y excelente para poder invertir, pero necesita el apoyo institucional para que esto pueda ser una realidad y es lo que en estos momentos no tiene, sino todo lo contrario, o sea, lo que hay es una política decidida a impedir este tipo de inversiones. México tiene las condiciones necesarias para que pueda alcanzar la soberanía energética propiamente dicha, que se alcanza aprovechando y explotando los recursos naturales renovables que tiene el país y no haciéndolo depender de otros recursos».

Además considera «errónea» la dirección que toma el país en limitar las inversiones de energías renovables y afirma que sería la mejor forma de convertir a México en una «potencia» y alcanzar la «soberanía energética», una meta que persigue el presidente López Obrador.