El complejo hidroeléctrico de Río Negro y Neuquén se enfrenta. Las concesiones se prorrogan en un mes. Figueroa y Wereltilnek tomaron contacto con el gobierno nacional.

Durante el proceso privatizador del gobierno de Carlos Menem en 1993, se vencieron las concesiones de las represas hidroeléctricas el año pasado. Esto desató un debate entre el gobierno nacional y las provincias sobre la propiedad de los recursos, un problema que la administración anterior no pudo resolver.

El gobierno de Javier Milei, al asumir la gestión, provisoriamente prolongó las concesiones por un plazo de 60 días al identificar un negocio energético capaz de atraer actores de importancia global. Actualmente, la nación está aprovechando esta situación enfrentándose a los titulares de los mandatos provinciales.

El Río Limay y el Río Neuquén son los recursos hídricos de las seis centrales hidroeléctricas en cuestión, situadas en Neuquén y Río Negro. Gracias a esto, las provincias aportan 4.431 MW de potencia instalada al sistema interconectado nacional.

Planicie Banderita, El Chocón y Arroyito son las centrales administradas por la empresa Enel italiana; en las manos de Orazul Energy están las presas Portezuelo Grande, Loma de la Lata y El Chañar; el complejo hidroeléctrico Piedra del Águila de la Sociedad Energía Sadesa Central Puerto y Pichi Picún Leufú, encargados de Pampa Energía.

Es cierto que estas represiones fueron construidas sistemáticamente por el Gobierno Nacional y cedidas en 1993, un año antes de la revisión constitucional que reconoció la propiedad de las provincias sobre los recursos del subsuelo. Según lo establecido hace treinta años, las centrales deben ser revertidas sin cargo al concedente, es decir, al Estado Nacional, ante el vencimiento de las concesiones.

Esto no exime a las provincias de su responsabilidad de transferir la gestión a los gobiernos locales en las zonas donde se ubican estos pueblos indígenas. Esto se debe a la reforma de la Constitución Nacional de 1994 que les otorgó la propiedad de sus recursos naturales.

«Los gobernadores de Neuquen y Rio Negro se la ven venir. En la seguidilla de ataques por parte del gobierno nacional, sigue dejar a las provincias afuera del negocio de las centrales hidroeléctricas» dijo una fuente de una de las empresas interesada en continuar en el negocio.

Versiones que circulan en este sentido afirman que Pampa Energía de Marcelo Mindlin ya avanzó en las conversaciones con el gobierno nacional para sumar la operación de las centrales que el Estado «ponga en oferta». La empresa desmintió las versiones enviadas a LPO y afirmó que no están manteniendo conversaciones.

Tanto los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck, como de Neuquén, Rolando Figueroa, informaron formalmente al Gobierno nacional sobre las concesiones de las hidroeléctricas en un comunicado conjunto.

Ambos gobernadores advierten en la notificación que cualquier acción unilateral del Gobierno nacional será considerada inválida y no les otorgará derecho alguno frente a la provincia. Además, si se ignoran las leyes provinciales, es posible iniciar acciones legales contra posibles concesionarios o empresas explotadoras de recursos.