La represa de Yacyretá implicó el desalojo de 80.000 personas y miles de hectáreas inundadas. Entre las promesas figuraba que las familias misioneras pagarían un «costo simbólico» por la energía. Pero no se cumplió: la factura de la luz tiene un precio tan alto que deben pagarla en cuotas. “¿Qué modelo energético y productivo queremos?”, plantean desde el sector socioambiental.

Durante su tercera presidencia (1973), Juan Domingo Perón firmó el Tratado de Yacyretá. Un acuerdo binacional entre Argentina y Paraguay para la construcción y puesta en marcha de la represa hidroeléctrica homónima en Misiones, con el objetivo de aumentar la producción de energía eléctrica en ambos países y sustituir parte de la dependencia a la energía hidroeléctrica. Cuarenta años transcurrieron hasta el último plan de terminación de la hidroeléctrica, que aporta el 15 por ciento de la matriz energética del país y prometió electricidad a “costo simbólico” para las y los misioneros, pero en abril pasado el gobierno provincial debió anunciar el pago en cuotas de las facturas mensuales. Uno de los chispazos de la revuelta provincial.

La reciente pueblada en Misiones expuso la situación que atraviesa esa sociedad en un extenso reclamo que unificó las realidades de policías, docentes, enfermeros y empleados municipales por sueldos deprimidos, que colapsan ante el desmesurado incremento en el costo de vida. En la tierra colorada, donde el gobierno del Frente Renovador de la Concordia se jacta de un equilibrio fiscal sostenido, la mayoría de los trabajadores estatales no llega a fin de mes. Un sueldo de la categoría estatal más baja en Misiones fue de 380 mil pesos mensuales en mayo de 2024.

En este contexto, las tarifas por el servicio eléctrico en una provincia generadora no deben escapar del análisis. Desde abril, en la provincia de Yacyretá, las facturas de luz se pueden pagar hasta en tres cuotas. “Los usuarios de todas las categorías de Energía de Misiones y de las cooperativas eléctricas adheridas podrán abonar sus facturas con tarjeta de crédito hasta en tres cuotas sin intereses”, anunció en su cuenta de la red digital X el gobernador Hugo Passalacqua, el 19 de marzo, dos meses antes de las protestas, cuando también confirmó que el Ejecutivo sostendría la tarifa social a 120.000 usuarios, bonificando la tarifa hasta los 400 kilovatio (KW) mensuales.

El anuncio oficial estuvo atado a los aumentos de tarifas registrados en todo el país por la quita de subsidios decidida desde el gobierno nacional. La presidenta de la prestataria Energía de Misiones, Virginia Kluka, había confirmado que “por decisión y resolución de la Secretaría de Energía de la Nación, aumenta el costo de energía, provocando una incidencia del 60 por ciento en la categoría residenciales”.

“Somos una familia con cuatro integrantes, con un consumo residencial promedio. En enero pagamos una factura de 10.000 pesos. La de abril, por el mismo consumo nos vino 36.000”, describía Elisa, de 43 años, desde uno de los acampes docentes que se montó en las últimas semanas. “Yo vivo sola con mi hija en un departamento de dos ambientes. Tengo un pequeño emprendimiento de estética femenina que funciona en casa. Mi consumo es de 500 kwh y aumentó más del 250 por ciento, la boleta superó los 50.000pesos. Ya estoy pagando la luz en cuotas”, completaba Graciela, de 36 años, en otro de los puntos de reclamo en la ciudad de Garupá.

Según un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios en el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), que depende de la UBA y el Conicet, publicado en abril, la provincia de Misiones se ubicó como la cuarta provincia con la tarifa energética más alta en el caso de usuario N1 (de altos ingresos), detrás de Salta, Neuquén y Mendoza. Mientras que en las categorías de usuarios de ingresos medios y bajos (N2 y N3), Misiones ocupa el noveno lugar en ambos casos, es decir, se ubica entre las diez provincias con tarifas más caras de luz.

Al mes de mayo, si bien son variables las tarifas según los casos, todos los días existen usuarios residenciales que exhiben facturas de luz de 30.000, 45.000 o más de 50.000 pesos. En marzo, un caso resonante a nivel provincial, fue el del abogado de Puerto Iguazú, Fabián De Sá, quien a modo de protesta por las elevadas tarifas, se instaló afuera de la oficina de Energía de Misiones en esa ciudad, para atender y asesorar reclamos de otros usuarios.

El titular de Defensa del Consumidor de la Provincia, Alejandro Garzón Maceda, señaló que “la empresa Energía de Misiones y todas la cooperativas eléctricas tienen cuadros tarifarios establecidos. Es decir que hay un valor del kwh según cuánto consume el consumidor. El cuadro tarifario se divide en hasta 500 kwh en la categoría más baja y la más alta para usuarios de más 1400 kwh. Lo que varió es el valor del kwh, que está asociado a la quita de los subsidios y el aumento de energía por el Estado nacional, eso generó el incremento en la factura”.

En cuanto al consumo en la provincia, el residencial representa un 55 por ciento mientras que el restante se distribuye entre el sector industrial y el comercial.

De la promesa de energía barata al pago en cuotas

Juan Domingo Perón firmó en 1973 el Tratado de Yacyretá, un acuerdo binacional entre Argentina y Paraguay, para la construcción y puesta en marcha de la represa hidroeléctrica, que comenzó a construirse en 1983, sobre el río Paraná a la altura de la ciudad correntina de Ituzaingó. El 2 de septiembre de 1994, con un fastuoso acto —que contó con la presencia del entonces presidente Carlos Menem (Argentina), Juan Carlos Wasmosy (Paraguay) y George Bush (Estados Unidos)— pusieron en marcha la primera turbina de la hidroeléctrica.

La represa terminó de construirse —con su diseño inicial de veinte turbinas— recién en 1998. A principios de 2004, Néstor Kirchner y su par paraguayo Nicanor Duarte Frutos firmaron un nuevo acuerdo, para ampliar la capacidad de producción y llevar adelante obras complementarias en las ciudades afectadas por el embalse. Esta etapa, que se extendió hasta el año 2013, se denominó “Plan de Terminación de Yacyretá”.

En el medio de todo el proceso, las consecuencias adversas generadas por la represa Yacyretá fueron innumerables y se sufrieron principalmente en la provincia de Misiones, y en menor medida, en Encarnación (Paraguay).

Más de 80.000 familias expulsadas de los lotes lindantes al río Paraná, barrios enteros inundados, relocalizaciones forzadas, desempleo, violación de derechos humanos, irrupción de enfermedades vectoriales y otras situaciones, conformaron el paisaje de afectación que tuvo la represa en localidades como Posadas, Santa Ana, Garupá, San Ignacio y Candelaria.

El complejo hidroeléctrico, según cifras oficiales, genera cerca del 50 por ciento de la energía hidroeléctrica del país y el 15 por ciento del total de la energía del Sistema Interconectado Nacional. Aunque la producción de energía varía de manera constante debido a múltiples factores, se estima que equivale al consumo de seis millones de hogares al año.

“La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) no distribuye la energía, solamente la genera. El Sistema Argentino de Interconexión (SADI) entrega la energía a las distribuidoras, que son quienes fijan las tarifas. La cercanía geográfica no tiene relación con los costos. Aunque la represa esté en Corrientes y el embalse en Misiones, no tiene incidencia en la energía que llega a los hogares de la zona, sino que forma parte de todo el sistema”, explican fuentes de EBY.

Por su parte, el dirigente ambientalista y miembro del Movimiento Socioambiental Misionero, Eduardo Luján, en diálogo con Tierra Viva, marca la contracara de una realidad de tarifas en cuotas y la promesa incumplida del acceso a la energía “a costo simbólico”. “El incremento de las tarifas eléctricas en Misiones, paradójicamente, perjudican a quienes fueron más afectados por la represa Yacyretá, económica y socialmente. Miles de familias que hicieron el principal sacrificio para que se pudiese hacer esta represa, desde jubilados a pequeños comercios y productores. Ellos, como todos los misioneros, ven que el precio de la energía por estos días es inaccesible”, sentencia.

Luján subraya también que, desde entonces con la Mesa Provincial No a las Represas y ahora con el Movimiento Socioambiental, se viene planteando dar la discusión sobre “qué modelo energético y productivo queremos. ¿Energía para qué y en beneficio de quiénes? ¿De las comunidades o las corporaciones?”.

Este problema de la energía hidroeléctrica producida en base al padecimiento de poblaciones y la inundación de vastas extensiones territoriales es un debate que excede a la Argentina. En Brasil, donde el 65 por ciento de la energía disponible proviene de fuentes hidroeléctricas, el Movimiento Afectados por Represas de Brasil (MAB) lo plantean desde hace años.

“La energía eléctrica impacta directamente en la vida de las personas. Representa un insumo fundamental para todas las cadenas productivas, pero sobre todo es un derecho fundamental del pueblo. Sin embargo, el bajo costo de producción no se aprovecha para garantizar energía a precios asequibles para el pueblo; sucede lo contrario. La lógica que domina el mercado se aleja de la concepción de la energía como un derecho, y así las cosas funcionan como un gran negocio”, asegura Marcelo Aguilar, integrante del MAB.

“Históricamente hemos denunciado que el precio de la luz es un robo. Incluso con costes de producción bajos, se paga uno de los precios más altos del mundo tanto en Brasil como en Argentina. Ésta es la gran contradicción de este modelo. Cuestan caro a la ciudad y, al mismo tiempo, entregan energía muy barata a los más ricos, como las grandes empresas industriales y los centros comerciales, los llamados consumidores libres”, apunta.

Por sus condiciones hidrográficas, Misiones tiene otras represas instaladas que abastecen al Sistema Interconectado Provincial. Se trata de Saltito I, Saltito II e Urugua-í. Esta último construida en la localidad norteña de Puerto Libertad. En 1985 se iniciaron las obras correspondientes a la represa hidroeléctrica Urugua-í, que terminaron en 1990. Desde 1991, año en que asumió Ramón Puerta como gobernador, la gestión de la represa estuvo a cargo del Grupo Socma (de la familia Macri). El estado provincial tomó el control a partir del año 2004, tras rescindir el contrato con Socma por acusaciones sobre los elevados costos de mantenimiento de la represa.

Al igual que con Yacyretá, a la población local se le prometió que —a cambio de la afectación ambiental y social de las obras— tendrían energía a “costo cero”, mientras que para el resto de la provincia las tarifas serían “a precio simbólico”. En el traspaso del manejo privado al Estatal se registró una baja de las tarifas, pero ese beneficio se fue diluyendo.

“En Puerto Libertad, Wanda y zonas de influencia de la represa Urugua-í, pagamos facturas de luz más caras que en Posadas y ni que hablar que en Buenos Aires. Teniendo una represa en el pueblo, jamás tuvimos ningún tipo de compensación en la tarifaria”, denuncia la secretaria general de la CTA (Regional Wanda), Iris Morinigo.