El Gobierno nacional dejará vencer la concesión de las centrales hidroeléctricas, que están en manos privadas desde la década del 90, y tomará el control. El esquema de operación estará listo en aproximadamente quince días.

El próximo 11 de agosto vencerán las concesiones de las centrales Alicurá que está en manos de AES Alicurá SA, de El Chocón y Arroyito que tienen como concesionaria a ENEL Generación El Chocón SA, de Planicie Banderita que está a cargo de Orazul Energy Cerros Colorados SA, y Piedra del Aguila que está concesionada a Central Puerto SA. Esta última expira el 29 de diciembre de 2023. Faltando menos de cuatro meses del cumplimiento del plazo, desde Nación anunciaron que no se extenderán los contratos de operación de las cinco represas hidroeléctricas de los ríos Limay y Neuquén y que «será el mismo Estado nacional el que se haga cargo de la operación de hidroeléctricas tan importantes como El Chocón», reveló el diario Río Negro.

El medio precisó que el anuncio fue dado a conocer por la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, quien detalló a la prensa que se creó «una mesa de negociación con las provincias principalmente para tratar el tema de las concesiones hidroeléctricas para que las concesiones vuelvan al Estado nacional pero trabajando con las provincias porque tenemos una fuerte mirada federal». A su vez, la funcionaria explicó que trabajan «en los diferentes esquemas y definiremos el esquema final en quince días».

A contrarreloj.

Según explicaron desde la cartera de Energía, la decisión no solo es no extender por un año los contratos a las empresas concesionarias como Enel en el caso de El Chocón-Arroyito, Central Puerto en Piedra del Águila y AES en Alicurá, «un punto que se daba por seguro ante el hecho de que las concesiones dadas en los 90 comenzarán a vencer en agosto», señaló el diario Río Negro. «Desde Nación revelaron que la decisión del gobierno es, en estos días, que sea el mismo Estado el que se encargue de la operación de las represas a medida que vayan venciendo», agregó.

Hasta su privatización en 1993, el Estado se encargó de construir y operar las centrales hidroeléctricas a través de la empresa Hidronor. Consultados sobre a partir de qué empresa del Estado se realizaría la operación de las centrales hidroeléctricas que incluyen además al Complejo Cerro Colorados sobre el río Neuquén que opera Orazul, las fuentes nacionales indicaron que ese es un tema que aún no está definido y reiteraron que «estamos trabajando muy intensamente para definirlo porque sabemos que vencen en agosto».

Sin injerencia.

Si bien no hay precisiones sobre cómo sería la operatoria, se remarcó que Río Negro y Neuquén no tendrían injerencia. «Es que otro de los puntos definidos por Nación y planteado a referentes como el presidente de Emhidro (Emprendimientos Hidroeléctricos del Neuquén), Elías Sapag, es que las provincias no serán parte del poder concedente como se venía reclamando en conjunto», señaló el medio.

«Las represas las pagó la Nación y van a volver a la Nación», se reiteró desde Nación. En ese sentido, recordaron que «se creó una mesa de trabajo con las provincias para avanzar en otros puntos como una mejora en las regalías que se pagan por la generación hidroeléctrica y la creación de un fondo especial para financiar nuevas obras hidroeléctricas».

Según se precisó, «la decisión del gobierno es por ahora ésta, no hacer nada, dejar que las concesiones venzan y vuelvan a Nación como poder concedente y desde Nación encargarnos de la operación, con los empleados que tienen», que según se indicó serían «unos 20 por represa».

En Mendoza.

Esta decisión también impactaría en Mendoza, si es que se mantiene la decisión de que regresen a manos del Estado. Tal como informó LA ARENA, en junio y octubre de 2024 se vencen la concesiones de las represas Los Nihuiles (1, 2 y 3) que se encuentran sobre el río Atuel, y Agua del Toro, Los Reyunos y El Tigre -a cargo de Hidroeléctrica Diamante SA- que se ubican sobre el río Diamante. Todas están en manos de Pampa Energía. Este escenario ya generaba incertidumbres en marzo del año pasado, debido a que no hay una postura definida al respecto por parte de las autoridades provinciales y algunos medios mendocinos la consideraban «bisagra».

La experiencia de Casa de Piedra.

En la provincia de La Pampa se encuentra la represa ubicada en Casa de Piedra, la cual posee una administración ejemplar y basada en los acuerdos establecidos en el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado. Es un emprendimiento estatal interprovincial que gerencia el Ente Ejecutivo Presa de Embalse Casa de Piedra.

La represa fue inaugurada en 1996 y se encarga de regular el caudal para su aprovechamiento tanto en las áreas de riego como para la producción energética. En este último caso posee dos grupos generadores de 30 MW, con una capacidad de generación media anual de 240 GWh. Según el Estatuto, el organismo que lo controla se denominó Ente Ejecutivo Presa de Embalse Casa de Piedra tras un acuerdo celebrado en agosto de 1977 por las provincias de Buenos Aires, La Pampa y Río Negro.

El Ente nació con el objetivo de construir la presa en el marco del «Programa Único de Habilitación de Áreas de Riego y Distribución de Caudales del Río Colorado», aprobado por el tratado celebrado el 26 de octubre de 1976. «Tendrá además por objeto la conservación y mantenimiento de las obras y la explotación de la central hidroeléctrica Casa de Piedra, cuya operación podrá realizar por sí o por terceros atendiendo a los acuerdos que a dicho respecto celebren las provincias copropietarias del Complejo», señala el Estatuto.

La administración se da a través de un Directorio que está compuesto por «delegados, un titular y un alterno en representación de cada una de las provincias co-propietarias del complejo, designados por los poderes ejecutivos de las respectivas provincias. Dicho directorio será también integrado por un titular y un alterno por el Gobierno Nacional mientras se encuentran pendientes de liquidación obras financiadas por el Estado Nacional».

Potestad de Coirco.

Autoridades vinculadas a la temática destacaron que este caso es «excepcional», debido a que el manejo de la represa se hace en base a lo establecido en el Coirco y las normas de manejo fijadas, las cuales determinan el orden de prioridades para el uso del agua. En primer lugar se encuentra el consumo humano, seguida del riego y de la generación hidroeléctrica. Por último está lo destinado a la actividad hidrocarburífera y el turismo.

Este manejo interprovincial a través de comité de cuenca es «fundamental» y es una potestad que no se podía perder, por lo que fue uno de los motivos que llevó a que La Pampa se oponga a Portezuelo del Viento, debido a que la pretensión de Mendoza era controlarla de manera unilateral. «La manejaba a través de la Dirección General de Irrigación y si ellos no cumplían las pautas había que presentar una queja, pero el daño ya estaba hecho», señalaron y advirtieron que iban a ser «juez y parte» ante un reclamo.

La negativa de Mendoza a ceder el manejo a Coirco tenía un trasfondo, según estiman las fuentes consultadas. Esto se debe a que «legalmente iba a dar pie a que los ríos interprovinciales se manejen igual en el resto de las represas, como por ejemplo Los Nihuiles».

Fuente: La Arena