En agosto comienzan a caer los contratos; el Ministerio de Economía quiere que queden bajo la órbita de una compañía en su mayoría pública, pero también de participación privada.

El próximo viernes 11 de agosto, apenas dos días antes de las elecciones primarias, vence el contrato de concesión de tres hidroeléctricas, luego de 30 años. A menos de tres meses de ese día, el Gobierno todavía sigue “en negociación” con las provincias para evaluar qué hacer al respecto. El marco legal permite prorrogar la concesión por un año más, pero hay una decisión política en el Ministerio de Economía de no dejarle la decisión a la próxima administración. Al momento, la Secretaría de Energía negocia para crear una nueva empresa pública-privada, con mayoría accionaria estatal, aunque los actores privados desconfían de que lleguen con los plazos.

“Este año se recuperan las hidroeléctricas”, repiten en el oficialismo más kirchnerista. Los contratos de las represas del Comahue son los primeros en vencer. Esto incluye a las hidroeléctricas que están sobre los ríos Limay y Neuquén: Alicurá, operada por la estadounidense AES; El Chocón y Arroyito, administradas por la italiana Enel; Planicie Banderita, bajo la concesión de la también estadounidense Orazul, y Piedra del Águila, bajo la operación de la local Central Puerto, que vence el 29 de diciembre.

Entre las cinco centrales suman una potencia instalada de 4170 megawatts (MW), que representa el 10% del total de la oferta de energía eléctrica del país. Luego, entre 2024 y 2026, vencen otras 15 centrales hidroeléctricas, pero de menor potencia instalada que las primeras cinco. En total, se trata de un negocio que genera alrededor de US$200 millones por año.

El año pasado, el Gobierno creó una mesa de trabajo llamada Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados (Etahc), conformado por representantes de la Secretaría de Energía, de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrica (Cammesa), del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y de la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa).

Dicha mesa debía “elaborar un informe circunstanciado, detallando el estado de situación de cada concesión en sus aspectos técnicos, económicos, jurídicos y ambientales, en vista de los próximos vencimientos de sus respectivos contratos”. Pero los actores que impulsaron ese equipo –incluido el exsecretario de Energía, Darío Martínez, y el exsubsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo– hace tiempo dejaron sus cargos.

“Estamos articulando aún con las provincias, aún en proceso de negociación”, dijeron en la actual Secretaría de Energía, que comanda Flavia Royón. La idea del Gobierno es crear una nueva empresa operadora de las centrales hidroeléctricas, que tendría a Enarsa con una mayoría accionaria de 51%, mientras que habría un 10% en mano de las provincias y el resto se repartiría entre las compañías privadas.

Esta nueva empresa estatal, a su vez, contrataría a las compañías privadas para realizar la operación y el mantenimiento de las hidroeléctricas, como ocurre actualmente con los contratos de concesión. Sin embargo, para ello, hay que hacer la convocatoria a licitación con las nuevas reglas de juego, cuando faltan menos de tres meses para el vencimiento de los primeros cuatro contratos.

En el sector privado son escépticos con los tiempos. Al menos tres empresas a las que consultó LA NACION no tuvieron todavía contacto con la Secretaría de Energía al respecto de las represas, ni tampoco fueron convocadas para ser parte de la nueva compañía que el Gobierno quiere crear.

La discusión de fondo está centrada en el reparto de regalías y ganancias entre el Estado nacional y los gobiernos provinciales. Actualmente, las provincias en cuyos territorios se encuentren las fuentes hidroeléctricas perciben mensualmente el 12% del importe que resulte de aplicar a la energía vendida a los centros de consumo. Cuando las provincias comparten el recurso, cada una se queda con el 6% de regalías. Asimismo, en algunas represas, Neuquén y Río Negro también son accionistas (clase B).

En las provincias dicen que, si la decisión es no prorrogar las concesiones, debe haber una administración compartida entre la Nación y los gobiernos provinciales en una nueva empresa. “Adicionalmente a la creación de la empresa, hay varias discusiones que hay que tener. Una es ver cómo se va a remunerar la energía que se genere en adelante y si el flujo puede alcanzar no solo para cubrir los costos de operación y mantenimiento, sino también para crear un fondo para el financiamiento de otras obras hidroeléctricas en la misma cuenca del Comahue, donde están las represas”, dijeron en una provincia del sur.

Las provincias también quieren negociar el cánon por el uso de agua. La actual regalía de 12% que cobran es similar a que se estableció en los proyectos de hidrocarburos, aunque en los yacimientos de petróleo y gas cuyos contratos fueron prorrogados se aumentó a 15%.

“La discusión está todavía bastante abierta, hay ánimo de conversación con el equipo de energía, pero todavía no hay definiciones del lado de ellos respecto del planteo que hicimos desde la provincia”, dijeron en la gobernación de Neuquén. Al momento, la decisión final sigue a cargo del ministro de Economía, Sergio Massa.

Fuente: La Nación