La secretaría de Energía le solicitó hace 15 días al Banco Central información financiera de miles de clientes de las distribuidoras de luz y gas para explorar alternativas de segmentación tarifaria de acuerdo al poder adquisitivo de la población. En el gobierno reconocen que las dificultades para vincular al titular del CUIT con su lugar efectivo de residencia vuelve muy difícil la implementación de un esquema de esas características.

El pedido de información al Banco Central fue realizado por la subsecretaría de Coordinación Institucional que conduce Santiago Yanotti, un hombre de confianza del secretario Darío Martínez.

Qué datos pidieron

Desde Energía aclararon que “lo que se pidieron son datos públicos que no violan el secreto bancario”. Eso es porque el secreto bancario corre sobre las operaciones pasivas (los depósitos) y no alcanza a las activas (préstamos y créditos) o cambiarias. “Cualquiera puede poner el CUIT en la central de deudores y saber el nivel de crédito y la condición crediticia de una persona”, explicó una fuente del sector financiero.

El nivel de crédito disponible en la tarjeta es un indicador que puede tomarse como parámetro para avanzar con la segmentación tarifaria, pero el problema surge cuando se intenta precisar donde vive efectivamente esa persona.

Cuál es el problema

Hay una gran cantidad de facturas que no están a nombre de quienes viven en la vivienda sino de dueños anteriores. También surge el problema de los inquilinos, que por lo general no ponen los servicios a su nombre. Por lo tanto, aplicar la segmentación de acuerdo al poder adquisitivo estimado de quien figura en esa factura puede derivar en múltiples reclamos.

Dentro del gobierno incluso se evaluó realizar una campaña para que los usuarios actualicen la titularidad de los servicios y así evitar quejas posteriores, pero así como hay algunos que se beneficiarían poniendo las facturas a su nombre, otros podrían verlo como un riesgo e incluso hacer lo contrario. “Si avanzan con ese tipo de segmentación, alguna gente va a empezar a poner los servicios a nombre de los hijos o de los padres”, señaló una fuente de una de las empresas.

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ya enfrentó estas dificultades cuando intentó aplicar un esquema de segmentación a partir de 2011, el cual finalmente quedó restringido a la quita de subsidios en algunas zonas geográficas puntuales como Puerto Madero, Recoleta y el corredor Libertador.

En Energía parecieran ser conscientes de estos problemas. “Los datos que se pidieron no nos sirven para segmentar. No se los va a utilizar. Estamos analizando otras variables”, aclararon anoche.

Una información similar ya había sido solicitada al BCRA a comienzos de año. En esa oportunidad quien formuló el pedido fue el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que responde en los hechos al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, pero ahora el funcionario afirma no estar ocupándose del tema. Así lo expresó en una reunión que mantuvo con representantes de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA), donde aclaró que es Yanotti quien está explorando alternativas de segmentación tarifaria. A partir de esta respuesta, desde ADEERA aseguraron que acercaran una serie de propuestas a la secretaría de Energía.