La solicitud de ser parte de la administración de las centrales hidroeléctricas por parte de las provincias del sur es descartada por Nación, y Neuquén y Río Negro se alejan de la posibilidad de manejar sus propios recursos.

El vencimiento de las concesiones de las hidroeléctricas de los ríos Limay y Neuquén ilusionaba a las provincias que gobiernan Alberto Weretilneck (Río Negro) y Rolo Figueroa (Neuquén), quienes unían fuerzas para reclamarle a Nación su participación en los nuevos contratos.

Durante todo el 2024 la pelea por parte de las provincias del sur fue insaciable en la búsqueda de un lugar en la toma de decisiones sobre las represas, ubicadas en territorio rionegrino y neuquino. Pero sobre el final la Jefatura de Gabinete presentó un informe que cortó con cualquier esperanza que podían tener desde la Patagonia sobre el tema, y aseguraron que las represas seguirán siendo, en estos nuevos contratos, potestad de Nación.

Además, mencionan que está blindada por la Constitución Nacional, y por una normativa especifica que ratifica esta potestad de Nación por sobre la de las provincias. La Ley 15.336 establece el control federal sobre las represas, y se apoya en artículos de la constitución que lo amparan, como el que regula el comercio interjurisdiccional (art 75 inciso 13), y el que garantiza la primacía de las leyes federales (art 31).

La discusión subyace en que las provincias son dueñas del agua, pero que la energía que se produce en las centrales hidroeléctricas es regulada por el Estado Federal.

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Fuente: La Tecla Patagonia