En el proyecto de ley de Presupuesto 2023, el Gobierno incluyó una prenda para que las provincias no se atrasen en pagarle al Estado nacional. De qué se trata.

El artículo  90 establece que la Nación podrá retener fondos a los gobernadores si las distribuidoras de energía eléctrica quedan en deuda con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).

La Jefatura de Gabinete, a cargo de Juan Manzur, y el Ministerio de Economía, de Sergio Massa, entienden que las provincias son «solidariamente responsables» en tanto poder concedente de la distribución (solo Edenor y Edesur, que operan en el AMBA, pertenecen al ámbito de la Nación) y descontarán después de seis meses el dinero que no transfieran los gobernadores.

Es que Cammesa compra la electricidad a los generadores de energía y la vende a las distribuidoras, pero decenas de estas últimas empresas quedan en mora. Entonces, para que Cammesa -una sociedad mixta que preside el Estado nacional pero en la que participan todos los actores de la cadena eléctrica- pueda pagar en tiempo y forma a las generadoras, debe pedir asistencia del Tesoro en forma de subsidios a la energía.

De esta forma, el Gobierno busca cortar una bola de endeudamiento con el propio Estado, que se termina financiando con déficit fiscal, emisión monetaria y, en consecuencia, mayor inflación.

La cuenta trepó hasta el 30 de agosto de 2022 a los $ 460.500 millones contabilizando todas las distribuidoras del país, aunque buena parte corresponde a Edenor y Edesur ($ 207.000 millones entre ambas). La semana pasada, Nación estableció condiciones para las moratorias.

Las distribuidoras de la Ciudad y el Gran Buenos Aires, al no conseguir que les habiliten un aumento de sus tarifas que recupere la evolución de los costos (salarios y mantenimientos básicos) pagan una porción cada vez menor de la factura de energía. Este año, la Subsecretaría de Energía Eléctrica otorgó en marzo un 8% de incremento en el margen de las empresas.

Las tarifas de distribución de energía eléctrica de la Ciudad de Buenos Aires y el GBA están reguladas por la Nación; en el resto del país, por las provincias

El índice de cobrabilidad descendió de un 75% promedio el año pasado a un 60% en el presente, según el informe que Manzur envió al Congreso.

Así, Cammesa también mantenía deudas hasta fines de julio por $ 125.000 millones con las generadoras, las transportistas, los productores de gas y Energía Argentina (Enarsa, firma estatal que importa gas de Bolivia y gas licuado por barcos), lo que compromete la cadena de pagos. Los atrasos se consolidaron durante las tres semanas en las que Silvina Batakis estuvo a cargo de Economía.

Al no estar reguladas por la Nación, las provincias le dan el visto bueno a las distribuidoras y cooperativas para establecer sus propias tarifas de energía. En el Interior del país, las tarifas de distribución cuestan hasta el triple que en la Capital Federal y el conurbano bonaerense.