El líder de Luz y Fuerza, Héctor González, asegura que algunas cooperativas de Chubut no pueden asegurar la sustentabilidad del sistema eléctrico y que son el Estado provincial y el nacional quienes aportan el 94% de los $ 1.800 millones anuales que cuesta sostenerlo. Cuáles son las alternativas. Y el debate sobre la tarifa.

González aportó datos hasta ahora poco divulgados sobre lo que cuesta mantener la generación aislada.

El secretario general del Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia, Héctor González, se refirió a la crisis que enfrenta el servicio eléctrico en Chubut, las consecuencias negativas de la generación aislada y la falta de inversión de muchos años.

Además, dio detalles de los costos que debe asumir el Estado para mantener un sistema obsoleto y de la necesidad de crear una empresa pública para utilizar estratégicamente el recurso energético a favor de un desarrollo productivo de la provincia.

¿Cómo considera el estado del sistema de prestación de servicio eléctrico en la provincia?

El sistema se encuentra ante una gran crisis, que es el resultado de un proceso en el que se abandonó la planificación que atendiera la necesidad de ordenar el proceso de crecimiento poblacional y el desarrollo productivo. Fundamentalmente, en el noroeste de nuestra provincia; y, consecuentemente, la inversión en infraestructura energética ha sido discontinua, insuficiente y desordenada hacia un sector que cobra suma importancia frente a los desafíos futuros de la provincia.

En ese sentido el sector de la energía eléctrica no solo representa el servicio público esencial para que cualquier vecino pueda tener su heladera funcionando o prender la radio o el televisor, y proveer además a la satisfacción de otros servicios esenciales como la provisión de agua o funcionamiento de sistemas cloacales, para los que se requieren bombeos que funcionan en base a energía eléctrica.

A su vez representa una herramienta para la promoción del desarrollo territorial. Tanto, como insumo fundamental para cualquier tipo de emprendimiento productivo, así como insumo difundido, en términos económicos, para la promoción industrial a través del planteo de esquemas tarifarios para el desarrollo de los sectores productivos que el estado provincial considere estratégicos y fundamentales. Es decir, disponer de energía eléctrica a precios competitivos para las pymes y no sólo para una o dos empresas grandes.

Decimos esto para poner en perspectiva la necesidad de una transformación estructural y refundacional del sector de la energía eléctrica en Chubut, lo cual a su vez sería refundacional para la propia provincia.

Esta transformación estructural debe alcanzar esos tres aspectos. Convertir al servicio público esencial de la energía eléctrica en un servicio de calidad, hacer de la energía eléctrica un negocio cuyos beneficios alcancen a todos los chubutenses, no sólo para algunos. Utilizar estratégicamente el recurso energético como una palanca para el desarrollo productivo, armónico y sustentable de todo el territorio provincial chubutense.

¿Cómo considera la situación del servicio en el interior, particularmente las cooperativas vinculadas a la generación aislada?

Ese es un tema complejo porque no sólo son veinte cooperativas que prestan el servicio en el interior bajo el esquema de generación aislada. También el Estado provincial es un actor sumamente importante en la prestación del servicio. Existe un marco legal para la asistencia a ese esquema que es la Ley I-26 (ex 1098), a través de la cual se intenta transferir recursos desde las cooperativas grandes que están conectadas a la red nacional a las pequeñas cooperativas del sistema aislado. Dineros estos que lo pagan cada uno de los usuarios con su factura correspondiente de las cooperativas grandes. Este sistema está colapsado debido a cuestiones propias y externas al sistema.

El principal problema en este esquema, lo sufren en principio, los trabajadores nucleados en este sistema aislado de generación, quienes están frente a un atraso salarial importante de más de tres meses; y el conjunto de las poblaciones que están bajo este sistema de prestación de energía, porque sus debilidades e inestabilidad hace que muchas veces deban soportar períodos prolongados careciendo del servicio de energía, con los graves trastornos que eso les ocasiona a los habitantes de cada una de las localidades.

El costo del sistema aislado de generación en el año 2020 fue de aproximadamente 1.800 millones de pesos, de los cuales las cooperativas en cuestión, las de generación aislada, facturaron a sus usuarios en la totalidad de todas y cada una de las localidades, solamente 105 millones de pesos, aproximadamente, sin que tengamos datos certeros de cuánto realmente recaudaron, por la energía suministrada a cada uno de los usuarios. Y la Ley I-26 recaudó 416 millones de pesos. El Estado provincial debió enfrentar un costo de aproximadamente 1.280 millones de pesos en 2020 para llevar adelante de la forma que se pudo ese esquema no equitativo. Es decir que, desde el punto de vista del financiamiento estructural del sistema de generación aislada, quien asume la responsabilidad casi excluyente es el Estado Provincial (71%); el fondo de compensación tarifaria proveniente del Estado Nacional, que aporta en segundo término (23%); y el llamado Sistema Cooperativo, que contribuye con un porcentaje exiguo de recursos (6%).

Para ser muy claro: el Estado Provincial, en cada lugar donde hay generación aislada, aporta los motores de generación, sus mantenimientos, el combustible, el aceite, los filtros y otros insumos. Y, además, tomando los datos del año 2020, realizó transferencias para cubrir la totalidad de la masa salarial de los trabajadores involucrados en la prestación. La realidad es que las cooperativas no parecen garantizar por sí mismo, la sustentabilidad sistémica y es el Estado (provincial y nacional), quien aporta el 94% de los recursos. Este análisis refuerza nuestra idea que la reorganización necesaria implica la creación de una Empresa Provincial de Energía que entre sus misiones fundamentales deba garantizar el sistema en el interior provincial, optimizando los recursos que ya aporta.

¿Ese costo de 1.800 millones de pesos a qué se aplica?

El sistema aislado tiene una desorganización institucional y de marco regulatorio muy grande. De acuerdo a un trabajo que se está realizando entre el EPRESP (entre regulador) y la Subsecretaría de Energía, a partir de equiparar el esquema de funcionamiento del sistema aislado a la segmentación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Es decir, ordenar los costos de acuerdo a los segmentos: generación, transporte y distribución, donde las cooperativas sólo participan en el segmento de distribución.

Este trabajo se está realizando bajo la premisa de comenzar un ordenamiento del sistema para lograr una transición ordenada en muchos casos a la llegada del interconectado, el cual entendemos está en etapas avanzadas de proyecto ejecutivo y si todo sale como se debe, la provincia debería licitar el proyecto en el transcurso de 2021.

¿Cómo se distribuyen los costos de acuerdo a los segmentos del MEM de los que habla?

De generación fueron 1.645 millones de pesos en 2020, de los cuales 720 millones fueron para combustible; 625 millones para mano de obra; 300 millones para otros gastos de mantenimiento; 155 millones de costo de transporte, transformación y distribución.

De esos costos, el Estado provincial afronta el 71%; la Ley I-26, el 23%; y las cooperativas recaudan poco menos del 6% del costo del sistema. Lo cual no alcanzaría para cubrir ni siquiera el costo de lo que de acuerdo al esquema nacional del MEM. le correspondería, que en este caso son 155 millones.

Es más, considerando que el sistema aislado alcanza a poco más de catorce mil usuarios, el costo promedio que enfrenta cada usuario es de aproximadamente 600 pesos mensuales.

¿Cómo considera que se debería resolver esta situación?

Hay dos caminos paralelos de resolución: primero, un plan de inversión en redes de alta y media tensión para llegar a la mayor cantidad de usuarios posibles con la interconexión al sistema. Pero para llegar allí debe haber primero un sinceramiento de la institucionalidad del sistema cooperativo, el cual no está en condiciones de encarar lo que viene. No se le puede cargar las tintas exclusivamente a la Provincia por la situación cuando el sistema cooperativo no puede cubrir más allá del 6% del costo del sistema aislado, de acuerdo a los números que hemos analizado.

La Ley I-26 se financia a través de las cooperativas grandes aplicando un porcentaje al cargo fijo de energía. Las cooperativas tienen una alta dispersión tarifaria y esto afecta al sistema aislado a través de la capacidad de recaudación de esa ley. También lo afecta a partir del nivel tarifario del sistema aislado, el cual se establece a partir de un promedio de la tarifa de las “Cinco grandes Cooperativas”. Es decir que si una de las grandes se retrasa en la recomposición de sus costos operativos de su tarifa, el costo extra lo debe compensar la Provincia.

Frente a esta realidad, la Federación de Cooperativas (Fe.Ch.Coop.) repite un esquema de reclamar al Estado provincial soluciones sin abordar un análisis de las razones que nos trajeron hasta aquí. En este sentido, no se puede pretender persistir con la única variable de incrementar recursos aumentando los aportes del Tesoro provincial, y minimizar el efecto distorsivo para el sistema de recaudación de la Ley I-26 que implica el atraso tarifario de las ciudades más grandes de la provincia, por un lado, y el bajo nivel de eficiencia de las cooperativas respecto de sus propias recaudaciones. No se trata de defender al Gobierno actual, se trata de terminar con que el Estado siempre deba ser el chivo expiatorio de las ineficiencias e inoperancias de las instituciones, haciéndose cargo de esos costos.

De esto hablamos cuando nos referimos a un reordenamiento sistémico. Es necesario abordar una serie de temas de manera coherente y articulada, para recomponer de manera sustentable la gestión del Sistema de Prestación de Servicios Públicos Esenciales de la provincia.

Siempre se habla del atraso tarifario en las grandes ciudades, ¿la falta de pago del servicio es un problema en el interior?

Los usuarios de energía del noroeste, por ejemplo, no pagan la energía que consumen: los subsidia la Provincia. La Cammesa factura la energía que consumen las localidades del noroeste a la provincia pero esta no traslada el costo a los usuarios. La tarifa que pagan los usuarios en el noroeste de Chubut está desactualizada, se define en el marco de lo establecido por la Ley I–26. El decreto reglamentario de esta ley (D.R. N° 1781/92) establece que las tarifas en el interior provincial se fijan con el promedio de las tarifas vigentes en las cooperativas distribuidoras de las cinco ciudades más importantes de la provincia. En consecuencia, los retrasos observados en las actualizaciones tarifarias en estas ciudades en los últimos años, ya sea por acatamiento a las medidas sobre congelamiento tarifario o por atrasos provenientes de la falta de recomposición tarifaria y aprobación local por parte de los poderes concedentes, han ocasionado tarifas insuficientes para atender costos necesarios para prestar el o los servicios que estas brindan.

El fondo de asistencia a cooperativas proveniente de la Ley I–N° 26 también se ve impactado por los retrasos tarifarios. La reglamentación de esa ley establece que a las cooperativas distribuidoras del interior provincial se las asiste mediante transferencias mensuales provenientes de dos fondos compensadores, uno nacional (“fondo subsidiario para compensaciones regionales de tarifas”) y otro provincial (“fondo compensador tarifario”, o también llamado “fondo ley 1098”). Este fondo se constituye principalmente con un recargo sobre el consumo de energía que pagan los usuarios de toda la provincia cuyo destino final es el uso domiciliario. Obviamente, una tarifa no actualizada resulta en un menor importe de consumo de energía. Por ende, el fondo de asistencia a cooperativas proveniente de la Ley I–N° 26 también se ve impactado por retrasos tarifarios.

Por eso se requiere una visión de sistema provincial unificado, en tanto las tarifas de las distribuidoras de las cinco ciudades más importantes de la provincia intervienen en la definición tarifaria de las distribuidoras del interior provincial. Hay que definir una tarifa de referencia única a nivel provincial que se respete en todas las localidades, confeccionada sobre las bases y condiciones técnicas y legales, la cual debe ser elaborada por la autoridad de aplicación de las leyes provinciales de energía eléctrica y de agua y desagües cloacales. Resulta fundamental que las actualizaciones de tales tarifas no estén sujetas a una eventual aprobación de carácter político. Las tarifas de servicios públicos son expresiones técnicas que expresan la manera de remunerar los costos necesarios para prestar esos servicios.

En este esquema, la concreción futura de la obra de interconexión eléctrica en el interior provincial, hoy abastecido con el sistema de generación aislada, requiere asumir responsablemente este ordenamiento. No podemos pretender que habremos de adquirir energía al Mercado Eléctrico Mayorista para dar el servicio en el interior de la provincia y continuar sin abonar esa energía como en el presente.

Usted siempre habla de la necesidad de recuperar la energía eléctrica para el Estado provincial. ¿cómo impactaría eso en el sistema de generación aislada?

No sólo impactaría en el sistema aislado, sino en toda la economía de la provincia. Ya que como dije al principio, el Estado podría pasar a participar de un negocio muy importante y disponer de un insumo sumamente importante para la calidad de vida, como para la producción y el trabajo. Pero recuperar la energía eléctrica para el Estado no se trata de andar gritando por ahí que hay que recuperar Hidroeléctrica Futaleufú. Ni tampoco presentar proyectos entre gallos y medianoche garantizando el negocio a los grandes a cambio de alguna limosna, o tomar las migajas del pan que se caen de la mesa. Se trata de construir una política de Estado en cuanto a un recurso estratégico como la energía eléctrica que garantice la soberanía energética. Se trata de convocar a todos los actores que se benefician del sector y que obtengan aquello que les corresponde sin privar a ningún otro actor de los beneficios que debería gozar en ese modelo.

La empresa provincial es un proyecto clave. La adecuación del marco regulatorio provincial de la energía es otro, adecuándose a lo que se viene en términos de inversión pública y reconfiguración del sistema de servicios públicos esenciales. Y recuperar la representatividad de la Fe.Ch.Coop. para que sea un actor verdaderamente legitimado para enfrentar negociaciones en representación de un sector importante del esquema.