El municipio reclama 181 millones en impuestos actuales y retroactivos. Las compañías solicitaron una “acción declarativa”, para que el tema se investigue a fondo.

A pesar del descrédito que el llamado impuesto al viento impulsado por el municipio de dicha localidad los del sector eólico pensaban que no llegaría jamás a aprobarse. Lejos de eso dice que las operadoras en ese municipio ya le deben más de $ 181 millones y que deben con retroactividad desde 2018

Genneia y PAE presentaron una acción declarativa, en la que se pide que la justicia analice el fondo del asunto, y determine la inconstitucionalidad, según las empresas sobre el intento municipal de poner una tasa sobre la actividad de generación eléctrica de fuente renovable. Pero también se pide una cautelar para que el municipio no intime más a las empresas y las persiga para cobrarles la tasa.

Este año, el municipio de Puerto Madryn quiso cobrar una tasa por habilitación, inspección, seguridad e higiene y control ambiental. “Ante las intimaciones recibidas del municipio de Puerto Madryn, las empresas piden se declare la inconstitucionalidad del llamado impuesto al viento”, expresa la presentación.

«El régimen que declara a la actividad de generación de energía eólica como actividad de interés general sometida a jurisdicción nacional es incompatible y excluye el contralor municipal. En el caso de la energía eléctrica, interconectada a todo el país, el poder de policía en materia de seguridad, higiene y control ambiental es asignado y ejercido exclusivamente por las autoridades nacionales: Secretaría de Energía y Enre, tanto en la etapa de construcción de los parques como en la etapa de operación comercial”, indican abogados Pagbam socio de Energía de Francisco Romano.

Las empresas dicen que las autoridades federales competentes son las que pueden asignarse funciones de control. “De lo contrario, cada municipalidad podría avanzar sobre la revisión de aspectos técnicos que hacen a la actividad eólica en sí, distorsionando y afectando esa uniformidad y esa consistencia buscada a través de una única autoridad de contralor encargada de ejercer esa función con relación a los parques eólicos distribuidos a lo largo y a lo ancho del país”, indica la presentación.

Madryn amplió el ejido para recaudar de los parques eólicos, que fueron construidos fuera de su alcance. Las empresas no cuestionan la ampliación sino la aplicación de la tasa.

“Jamás pudo tenerse en cuenta la tasa en la ecuación económica de los proyectos, dado que los parques eólicos se encontraban fuera del ejido municipal. Por otra parte, el monto reclamado es totalmente exorbitante y completamente desproporcionado de lo que podría ser la retribución de un servicio de seguridad e higiene municipal. La exorbitancia del monto demuestra que la tasa no retribuye la prestación de un servicio”, dicen.

La base sobre la que se calcula la tasa es sobre una instalación (los aerogeneradores), respecto de la cual el municipio jamás podría prestar un servicio de inspección seguridad higiene y control ambiental, según las empresas perjudicadas.