La iniciativa fue presentada por un diputado de JxC. Busca avanzar hacia la transición energética, y propiciar inversiones para desarrollar el sector.

En línea con los compromisos internacionales en materia ambiental a los que Argentina adhirió y convencido de que la hora lo demanda, ante la crisis climática, el diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro presentó un proyecto que propone la creación de un «Programa de Fomento a la Electromovilidad», con el objetivo de avanzar hacia la transición energética y reducir las emisiones de dióxido de carbono mediante la utilización, por ejemplo, de autos eléctricos.

«Desde el sector insisten con la urgencia de sancionar una normativa nacional que nos permita acelerar la transición a la movilidad eléctrica, entendiendo todos los desafíos estructurales que tenemos como país, pero también las oportunidades que representa para nuestro desarrollo y el retraso que ya llevamos en la materia», sostuvo el legislador ante la consulta de iProfesional.

Recientemente, Ferraro, coordinador del centro colaborativo de estudios Jungla Urbana, encabezó la presentación del primer informe sobre la movilidad eléctrica en el AMBA. Según se detalla en el documento, «estamos en un contexto internacional en el que la Unión Europea ya ha prohibido la comercialización de automóviles a combustión para el año 2035», mientras que «la electromovilidad en nuestro país se encuentra en una etapa primigenia, condicionada por las condiciones socioeconómicas actuales y las carencias infraestructurales».

Durante esa jornada, Nicolás Nervi, CEO y cofundador de Chargebox, primera red independiente de carga de vehículos eléctricos, reclamó: «Queremos una ley de movilidad eléctrica favorable para las PyMEs que quieren invertir en infraestructura de carga, incluyendo incentivos fiscales y financieros, facilidades administrativas, coordinación entre entidades, fomento a la demanda, acceso a tecnología y colaboración con proveedores de energía. De esta manera, se podría fomentar la adopción de la movilidad eléctrica y ayudar a las PyMEs a realizar las inversiones necesarias para aprovechar las oportunidades que esta transición ofrece».

Electromovilidad: el retraso en comparación con el mundo
Del trabajo realizado por Jungla Urbana se desprende que «Argentina, en relación al resto de los países vecinos, se encuentra en una situación donde todavía se necesita impulsar la infraestructura adecuada para poder abastecer a este tipo de vehículos, ya que por el momento sólo pueden sobrevivir aquellos modelos híbridos (ya sean enchufables, auto recargables, entre otros), debido a que en el caso de no poseer autonomía eléctrica pueden continuar circulando con el propulsor a combustión».

«Este atraso exige plantearnos metas y planes concretos, como por ejemplo la meta incluida en el proyecto de ley de Promoción de la Movilidad Sustentable presentado por el Poder Ejecutivo nacional en 2021, que propone, en línea con la Unión Europea, eliminar la venta de autos nuevos a base de hidrocarburos para el 2041», agrega el informe en referencia al proyecto de ley que formalmente fue girado por el Gobierno nacional al Congreso en enero de 2022, pero hasta ahora nunca se trató en la Cámara Baja, ni siquiera en comisiones.

Argentina necesita impulsar una infraestructura adecuada para abastecer a este tipo de vehículos

También sobre el escenario internacional, el informe destaca «como aspecto positivo» el «interés creciente en el mundo sobre los autos eléctricos, donde se espera poder abastecer una demanda de entre 130 y 228 millones de unidades hacia 2030». «Esta demanda creciente constituye un escenario propicio para nuevos desarrollos tecnológicos que acerquen las posibilidades de nuestro país hacia este mercado», afirma.

En ese sentido, Ferraro enfatizó ante iProfesional que «es momento de que en el Congreso de la Nación nos sentemos a analizar los distintos proyectos existentes y nos pongamos de acuerdo en un esquema para avanzar en el paradigma de la electromovilidad, que a su vez forme parte de un plan serio y realista para la transformación de la Argentina de los próximos veinte o treinta años».

Los puntos principales del proyecto de electromovilidad
La iniciativa encabezada por el diputado porteño, acompañado por sus pares de la CC-ARI, propone la creación de un programa de fomento que incluye subsidios, aranceles preferenciales, líneas de crédito y otras herramientas destinadas facilitar la producción e importación de vehículos eléctricos y sus componentes, así como la conversión de vehículos con motores tradicionales, a los fines de que puedan transformarse en vehículos de «emisiones cero».

Dentro de los principales objetivos se encuentra el de «reducir el impacto ambiental negativo que deriva de la emisión de gases de efecto invernadero, producto de la utilización de motores de combustión interna», sostuvo en los argumentos. Además, se apunta al cumplimiento de «los compromisos que la República Argentina ha asumido a nivel internacional, como lo son el Acuerdo de París, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible o el Acuerdo de Escazú».

El artículo 1 del proyecto dispone la creación efectiva del «Programa de Fomento a la Electromovilidad en la República Argentina», el cual «tiene por objetivo incentivar el desarrollo de la electromovilidad, entendiendo a ésta como al uso de sistemas de impulso o tracción a base de energía eléctrica, para los vehículos particulares, de transporte de carga y pasajeros de la República Argentina, con la finalidad de acelerar la transición hacia una economía baja en carbono, y asegurar un avance tecnológico sostenible».

De manera que se aplique la ley, «se promoverá la creación, diseño, desarrollo, producción, construcción, ensamble, fabricación de partes, componentes y autopartes de vehículos eléctricos, como también todos los procesos accesorios, como diseño de prototipos, patentes y diseños industriales», establece el texto.

Un diputado de la Coalición Cívica presentó un proyecto que propone crear un «Programa de Fomento a la Electromovilidad»

En cuanto a los subsidios, créditos o herramientas de fomento, los mismos deberán «regirse por un esquema de progresividad que contemple una relación directa entre la magnitud de éstos y el porcentaje de participación de energías de fuente renovable en la matriz nacional de generación eléctrica». Para ello, el Poder Ejecutivo será el encargado de elaborar «una fórmula de actualización del esquema de subsidios y otras herramientas de fomento».

Además, se propicia la creación de un «Comité Técnico en Electromovilidad», conformado por representantes de distintos ministerios, «para perfeccionar los mecanismos de certificación de funcionamiento de los talleres de conversión, así como la implementación de los presupuestos fijados» en la ley.

«Dicho Comité tendrá carácter honorario y consultivo en lo referente a la asignación de recursos fiscales y brindará informes al Congreso Nacional y la Comisión competente en la materia, en referencia a los resultados obtenidos», añade.

Otro de los artículos indica que se establecerá un plazo no mayor a seis años «para que las flotas de vehículos de entes estatales centralizados y descentralizados sean al menos en un 80% eléctricos». Asimismo, se deberá «promover la instalación de una red nacional de recarga de vehículos eléctricos que permita su circulación en todas las rutas, autopistas, semiautopistas nacionales y otros espacios de jurisdicción nacional, en coordinación con empresas del sector energético, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».

«Se establecerán convenios entre el Estado Nacional e instituciones privadas para establecer lineamientos de seguridad y calidad para la creación de una infraestructura técnica y humana para el desarrollo de la electromovilidad en el territorio nacional», reza la iniciativa sobre uno de los aspectos centrales para hacer efectiva la electromovilidad.

Beneficios e incentivos fiscales
El Programa de Fomento a la Electromovilidad contará con:

Insisten con la urgencia de sancionar una normativa nacional que permita acelerar la transición a la movilidad eléctrica
-Un subsidio estatal de hasta un 40% del precio final al consumidor para la conversión a energía limpia en talleres autorizados por el Registro Nacional de Talleres de Conversión a Energías Limpias, que será creado a tales efectos.

-Un subsidio de fomento específico para la inversión público-privada destinada la construcción y puesta en funcionamiento de fábricas de motores eléctricos o a base de energías alternativas, así como de centros de recarga en el país siguiendo los mejores estándares internacionales.

-Incentivos fiscales y aranceles aduaneros preferenciales para la importación de piezas y vehículos eléctricos, con especial atención al resguardo de las empresas de producción nacional.

-Incentivos fiscales para la compra de vehículos eléctricos nuevos, priorizando aquellos de producción nacional.

-La celebración de convenios con gobiernos provinciales y municipales para la baja progresiva de impuestos y tasas sobre vehículos eléctricos.

-La creación de líneas de crédito a mediano plazo, con un mínimo de 10 años, mediante la suscripción de convenios con entidades bancarias públicas con el fin de la instalación o ampliación de proyectos productivos destinados a la construcción de vehículos eléctricos y sus componentes, con especial orientación a MiPyMEs.

Se debe promover la instalación de una red nacional de recarga de vehículos eléctricos que permita su circulación

-La creación de líneas de crédito con tasa preferencial, mediante la suscripción de convenios con entidades bancarias públicas y privadas, con el fin promover y facilitar la adquisición de los vehículos eléctricos.

-Campañas masivas de difusión y educación ambiental sobre los beneficios de la electromovilidad y los incentivos para la adquisición de vehículos eléctricos.

-Un plan estratégico que tenga por objetivo el reciclado, reuso, reducción, tratamiento y/o disposición final de vehículos eléctricos y con tecnologías de energías alternativas, y de sus componentes.

-El diseño de un Fondo de afectación específica con la finalidad de financiar los gastos que demanden la ley, que deberá ser fijado en el Presupuesto Nacional.

-La fiscalización del cumplimiento de las obligaciones que oportunamente establezca la reglamentación para los beneficiarios de los instrumentos.

Fuente: iprofesional