Los técnicos de Juntos por el Cambio preparan el plan económico para 2023-2027. ¿Qué se espera en materia de energía?

«En algunos sectores puede haber shock», dicen los economistas Alejandro Einstoss y Julián Rojo, ligados a la Unión Cívica Radical (UCR), a unas 30 personas que los escuchan en un aula de la Universidad de Buenos Aires (UBA), entre ellos algunos que diseñan el plan económico de Juntos por el Cambio (JxC) para el período 2023-2027. «En energía, no», completan.

El gradualismo parece ser la vía posible -según los técnicos de la oposición- para resolver el problema que tiene la economía con los precios relativos del sector energético: tarifas y subsidios, principalmente.
«Ordenar el problema fiscal de los subsidios demandará por lo menos los dos primeros años de la próxima administración», creen algunos técnicos de Juntos por el Cambio.

Einstoss y Rojo trabajan para el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (IIEP) de la UBA y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), desde el que producen informes de coyuntura. En la Fundación Alem de la UCR están encargados de diseñar políticas para el día después del 10 de diciembre.

Plan energético de Juntos por el Cambio
La energía, además de ofrecer la oportunidad a la Argentina de tener crecimiento y desarrollo en el mediano y largo plazo, es el nudo gordiano de la política económica en los últimos años. No solo por lo fiscal, sino también que la pérdida del superávit comercial energético que se obtuvo entre 1987 y 2011 devino luego en controles de cambios (cepo al dólar) y el estancamiento de la actividad.

La energía impacta en lo fiscal y en la disponibilidad de dólares
Las constantes subas de tarifas para acomodar las inversiones de las empresas privadas de servicios públicos y los subsidios del Estado representaron un tropezón durante el gobierno de Mauricio Macri; en 2016, la Corte Suprema de Justicia frenó los aumentos y ordenó hacer audiencias públicas para validarlos ante la sociedad.

Energía nuclear Reactivan una planta de agua pesada para dejar importaciones de Rumania
Según prevén en el Área Fiscal y de Políticas Públicas del IIEP, los subsidios directos del Estado nacional sumarán en 2023 el equivalente a 2,1% del Producto Interno Bruto (PIB), entre energía -1,6 puntos porcentuales, entre energía eléctrica que aporta 1,1 p.p. y el gas natural, con los otros 0,5 p.p- y el transporte público -trenes y colectivos-, que aporta 0,5 p.p. En estos cálculos no están las transferencias a Agua y Saneamientos (AySA) ni Aerolíneas Argentinas, por caso.

Además, las deudas intra sectoriales podrían acumular otros 0,6 puntos porcentuales y quedarán para resolver a partir de 2024 como «flotante».

El año que viene, un escenario «probable» es cerrar el ejercicio con un 1,2% del PIB de subsidios y otro 0,4% de deuda flotante, mientras que en 2025 podría ser de 0,9% y 0,2%, respectivamente. Un plan de estabilización, sin tener en cuenta esto, podría «desestabilizar».

Ya en el primer trimestre, el ajuste fiscal en los subsidios fue de 20% si además se contabiliza el agua. En los primeros tres meses del año, la suma de las transferencias del Estado para ayudar a los usuarios a pagar la luz, el gas, el tren, el colectivo y el agua fue el equivalente al 11% del gasto público primario y al 91% del déficit primario fiscal.
Ajuste fiscal, segmentación y el efecto de la inflación

Gran parte de ese resultado fue por la segmentación de las tarifas eléctricas; pero advierten que con este ritmo de inflación, el «esfuerzo» puede quedar neutralizado si no hay nuevas «correcciones» hacia el cuarto trimestre, justo en el período de elecciones.

Por eso, ante las consultas del ex secretario de Energía Jorge Lapeña -entre otros actores del sector, en los que también hay consultores y directivos de empresas de servicios públicos-, Einstoss y Rojo reconocen que «el problema tarifario no tiene solución en un contexto de alta inflación».

Acomodar el resto de precios relativos de la economía (fundamentalmente el dólar, las tasas de interés y los salarios) está primero en el orden de prioridades de cualquier plan económico futuro.

Una variable «clave» a observar es el peso de los servicios energéticos sobre la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE); en abril de 2019 era del 4,1%, mientras que en marzo de 2023 era de entre 1,1% y 2,6% (según el nivel de segmentación de cada hogar); al tiempo que si la relación es con el «piso» de ingresos de cada segmento el peso relativo es de entre 4,2% y el 1,8%.

La pobreza energética es cuando un hogar tiene que gastar más del 10% de sus ingresos en pagar la luz y el gas; un promedio «óptimo», según los economistas del radicalismo, es de 5%.

Fuente: Cronista