La Secretaría de Energía confirmó ayer en el Boletín Oficial el aumento en el precio del costo de generación eléctrica que pagan los usuarios, que subirá un 34% para los residenciales y 50% para los comercios e industrias. Además, las empresas transportistas de electricidad tendrán una suba en sus ingresos de 20%. Todos estos incrementos implican un aumento de 18% en la factura final.

A diferencia de lo que ocurrió con las tarifas de gas, la suba confirmada hoy aliviará en parte las transferencias que el Tesoro destina a subsidiar la energía, ya que los usuarios pagarán más del costo de la electricidad, aunque fuentes oficiales todavía no precisaron cuánto será el ahorro. Según la Subsecretaría de Energía Eléctrica, el año pasado, el Estado subsidió el 65% del costo promedio de generación eléctrica, mientras que los usuarios en todo el país pagaron solo el 35% restante.

Esto significó que el Tesoro tuviera que transferir US$7317 millones a Cammesa en 2021, el 67% del total de los subsidios que se le destinaron a la energía. Cammesa es una compañía privada controlada por el Estado que se encarga de la compra y el despacho de la energía eléctrica.

Además del subsidio a la generación, las empresas distribuidoras que están bajo jurisdicción nacional, Edenor y Edesur, se financian con Cammesa, ya que le pagan en promedio el 70% de lo que recaudan en las facturas por el costo de generación (es decir, pagaron el 70% del 35% del costo que pagan los usuarios por la generación eléctrica). Las distribuidoras advierten que en los últimos tres años, con una inflación acumulada de 196%, tuvieron un aumento de solo 21% y, por lo tanto, no les alcanzan los ingresos para cubrir el alza de los costos. De hecho, en la última audiencia pública indicaron que sus balances dan pérdidas millonarias desde hace dos años y que este año necesitarán fondos adicionales por entre $43.236 millones y $56.800 millones para no volver a terminar en rojo.

Sin embargo, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), intervenido por Soledad Manín, todavía no comunicó los incrementos de ingresos para Edenor y Edesur, pero no se cree que obtengan un aumento mayor al 20% autorizado el año pasado, sobre todo si se tiene en cuenta que el Gobierno estableció un tope de suba de 20% para las facturas en marzo y ya anunció el equivalente al incremento de 18% final entre la actualización de tarifas del costo de la generación y del transporte eléctrico.

“En un contexto de recuperación económica, fue fundamental que el aumento de las tarifas de distribución no sea simultáneo con el aumento del precio de la energía”, dijo Marcelo Positino, director de Regulación del Mercado Eléctrico Mayorista, en la última audiencia pública, sentado al lado de Federico Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica. “Antes de reducir los subsidios, el Estado Nacional decidió adoptar una política de mantenimiento del precio estacional en pos de que las distribuidoras recuperen el margen necesario para operar”, agregó.

En gas, el interventor en el Enargas, Federico Bernal, decidió repartir el aumento final de 20% en mayores ingresos para las empresas distribuidoras y transportistas, sin permitir una reducción de subsidios. En electricidad pareciera ocurrir exactamente lo contrario: Basualdo destinó casi todo el incremento final del 20% a mejorar el costo de generación eléctrica que pagan los usuarios y no les permitiría aumentar los ingresos a Edenor y Edesur. Esta decisión se explicaría por la situación deficitaria de Cammesa, controlada por funcionarios cercanos a Basualdo, como el gerente, Sebastián Bonetto,y la titular en el área de Análisis Regulatorio y Estudios Especiales, Valeria Martofel.

Fuente: La Nación