Transición energética: mitos, realidades y desafíos para la Argentina
La única posibilidad de que la Argentina encare un proceso de transición energética sostenible es que éste se vea conducido por una política transversal de justicia social y desarrollo de capacidades nacionales.
Recientemente en la Argentina se han desatado multiples discusiones alrededor de las tensiones entre el desarrollo y el impacto mediomental de la actividad humana. Estas discusiones suelen esconder, muchas veces, la situacionalidad y el contexto en que se desarrollan. En nuestro caso, en un país geopoliticamente periférico, en desarrollo, con una economía altamente condicionada por la abultada deuda externa y un gran porcentaje de la sociedad empobrecida.
Generalmente el núcleo de los debates sobre cambio climático es la cuestión energetica, más concretamente la llamada «transición energética». Recientemente el ojo mediático y social estuvo puesto sobre las inversiones anunciadas para producir hidrogeno verde en el país, en los diversos proyectos de explotación de litio que existen en el país a manos de capitales extranjeros y también en la polémica desatada por el anuncio de exploraciones de hidrocarburos offshore en el mar argentino, a 400km de la costa de Mar del Plata.
¿Qué es y cuándo se empieza a hablar de transición energética?
SI bien la denominación emerge en Alemania en contra del plan nuclear de este país en los años ‘70, podemos situar un quiebre o cambio de paradigma respecto a la producción de energía a nivel global a partir de la crisis del 2008.
Por un lado, desde principios de los 2000 se empiezan a reconocer, a nivel global, los impactos medioambientales de la utilización de combustibles fosiles para la generación de energía, que está ocasionando el aumento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos climáticos. En los organismos internacionales se imlusaron, también por esos años, consensos que permitieran establecer metas para todos los países a los fines de reducir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), reconocida como la principal causa del calentamiento global. Un ejemplo es el Acuerdo de París firmado en el 2015, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, al cual nuestro país suscribe.
Sin embargo, poco y nada se han reducido las emisiones de GEI desde entonces, muy por el contrario han ido en aumento, teniendo un pico en 2018 y un descenso abrupto en 2020 producto de la caída de la actividad económica por la pandemia.
Este proceso de descarbonización implica abandonar la utilización de combustibles fósiles como gas, carbón y petróleo en la generación de energía (transporte y eléctrica) y avanzar en la utilización de energías renovables a base del sol, el viento y el mar, reduciendo las emisiones de GEI. Este proceso implica una transformación total de la infraestructura energética, tecnológica, industrial y productiva a nivel global de escalas inigualables.
La geopolítica como telón de fondo
Existe una lógica política y económica que explica las políticas de transición energética que va más allá del reconocimiento de los daños de la actividad humana tal y como ésta se lleva a cabo actualmente. Por un lado, está intimamente vinculada con la disputa geopolítica entre las potencias hegemónicas, EEUU y China. De hecho si recurrimos a la historia, podemos concluir que siempre que hubo cambios en la geopolítica del poder global, este proceso estuvo acompañado de una transición energética y de un cambio tecnológico dominados por el país que se consolida como hegemonía: en el siglo XIX fue el caso del carbon, en el XX el petróleo y hoy es el caso de las energías renovables. En la actualidad, China controla y lidera el mercado de las energías renovables, desde sus aspectos industriales hasta los científico-tecnológicos. En este sentido, la capacidad instalada total de China para la generación de energía renovable alcanza el 30% de la capacidad global. Desde 2010, ha invertido mas de $800 mil millones de dolares en nueva generación de energía, lo que representa el 30% de la inversión total mundial durante ese período.
Por otro lado, la transicisón se vincula con la logica del propio sistema capitalista-financiero y con la necesidad de seguir generando riqueza a partir de la innovación, por parte de grandes coorporaciones transnacionales. La crisis financiera del 2008 dejó en evidencia la necesidad de apuntalar un nuevo cambio tecnológico que permitiera crear nuevos mercados, nuevos bienes y servicios. Y es por ello, que la reconfiguracion de la infraestructura energética global no puede dejar de comprenderse en el marco de este proceso.
Desde el 2013 el mercado de las energías renovables es uno de los más rentables. Tal es así, que en 2019 se invirtieron 282.200 millones de dólares; mientras que los costos de producción descendieron un 73% en el caso de la energía solar y un 23% en el caso de la energía eólica, entre 2010 y 2017.
Esto evidencia que más alla que los centros de poder mundial prioricen retóricamente la importancia de trabajar por un futuro ambientalmente más sostenible, lo que se juega en el fondo es la creación de nuevos nichos de acumulación de riqueza donde estos jugadores puedan sostener sus posiciones dominantes.
De hecho, las corporaciones energéticas y tecnológicas -junto con las farmacéuticas- han sido las grandes ganadoras durante la pandemia y la crisis económica adyacente. De acuerdo a datos de Bloomberg en 2020 se invirtió la suma récord de 501.300 millones de dólares en la «descarbonización». Las cinco Big Tech: Amazon, Apple, Alphabet (Google), Microsoft y Facebook son las que más invierten en energías renovables.
¿Qué energías contaminan más y en qué estadío se encuentra la Argentina?
Actualmente el carbón es la principal fuente de energía en el mundo representando en 2019 el 30% de la generación global de energía. Las emisiones de gases GEI que produce y el aumento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos climáticos producto de la contaminación ha concientizado a la comunidad global acerca de la importancia de reducir la utilización de este combustible en la generación de energía. Si hablamos de transición energética, un punto sustancial es, entonces, reducir la dependencia del mundo respecto de esta fuente de energía, seguido del resto de los combustibles fósiles (gas y petróleo) impulsando el desarrollo de otras energías base como la nuclear y la hidroeléctrica, así como de la solar y eólica. Hoy las energías renovables generan aproximadamente el 25% de la electricidad global.
Como venimos señalando en múltiples informes desde el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior (OCIPEx), es importante mencionar que, hasta el momento, el aumento de las inversiones en energías renovables no ha tenido como consecuencia una reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero. Muy por el contrario, en los últimos años estos valores han ido en aumento, en 2018 las emisiones aumentaron un 2%, siendo éste un pico histórico. El siguiente gráfico evidencia, por ejemplo, que la energía solar emite mucho más GEI que la energía nuclear o hidroeléctrica:
Argentina posee una matriz energética que, si bien depende del gas natural, se encuentra diversificada con miras a ampliar las fuentes de energía, son ejemplos la construcción de una IV central nuclear o las represas hidroeléctricas en Santa Cruz.
¿Quién paga los costos de la transición?
Una cuestión central del proceso que se discute poco es el aumento de las tarifas que genera la transición hacia las energías renovables, debido al alto costo de las tecnologías implicadas, porque son intermitentes -ya que dependen de las condiciones climaticas y la energía requiere acumularse en baterías para poder usarse- y también porque su utilización a gran escala requiere la electrificación de toda la matriz energética.
En contraposición, sucede algo muy distinto con la energía nuclear, que ocupa un rol crucial en la transición hacia energías limpias. A diferencia de las renovables, ésta es una energía base (como también lo es la energía hidroeléctrica y la proveniente de fuente fósil), es decir que produce energía sin interrupción. Una característica fundamental para un país como el nuestro, cuyo proceso de industrialización se encuentra en pleno desarrollo y necesita garantizar un suministro energético seguro y confiable a bajo costos, tanto para los consumidores finales como para las industrias.
En Europa, principalmente en Alemania y España, la transición sin escala a las energías renovables ha ocasionado numerosos conflictos sociales y económicos producto del aumento de las tarifas de electricidad. Por ese motivo, recientemente, la Unión Europea ha incluido al gas y a la energía nuclear como fuentes renovables, necesarias para la transición.
Por otro lado, como señalamos recientemente en un estudio realizado desde OCIPEx, en base a datos de la Agencia Internacional de Energía, detrás de la fabricación de tecnología “verde” hay procesos mineros, industriales y tecnológicos controlados por pocas corporaciones y países centrales, que luego la comercializan a altos precios, pagando patentes y servicios. En un escenario de cumplimiento de los Acuerdos de París, en 2040, por ejemplo, la demanda de litio aumentará 40 veces, seguida por el grafito, el cobalto y el níquel que aumentará entre 20 y 25 veces.
Por último, el Acuerdo de París determina que, si bien todos los países tienen una responsabilidad común de coordinar políticas para reducir la emisión de gases contaminantes, esas responsabilidades también están diferenciadas debido a que no todos emiten la misma cantidad de GEI. Como evidencia el mapa que incluimos a continuación, Argentina aporta muy poco a la contaminación global, lo que no implica desconocer o desatender las responsabilidades que nos competen, sino justamente tomar una dimensión precisa de esa responsabilidad para pensar acciones acordes, viables y concretas.
Algunas conclusiones para trazar acciones hacia una transición sostenible, justa y soberana
La transición energética supone para América Latina y Caribe en general, y para Argentina en particular, numerosos desafíos. Frente a los cambios disruptivos y masivos en materia energética, tecnológica y de infraestructura que propone la lógica sistémica actual, debemos
promover políticas de transición energética que reconozcan nuestra posición geopolitica en el actual sistema global, nuestra capacidad financiera, así como nuestras necesidades socio-económicas. Estas políticas deberán tener como horizonte reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, promoviendo procesos de desarrollo autónomo que aprovechen y generen mayores capacidades nacionales.
Por otro lado, es primordial volver a destacar la importancia de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas entre los países, en materia de reduccion de GEI, tal como lo afirma el Acuerdo de París. Esto implica, en materia de desarrollo, cruzar la variable de sostenibilidad con la justicia social y la soberanía nacional. En concreto, debemos profundizar la diversificación de nuestra matriz energética impulsada por las metas de descarbonización, pero garantizando la seguridad y la eficiencia energéticas para toda la población.
El proceso de transición expuesto no supone -per se- ni justicia ambiental ni una modificación de la logica extractivista-colonialista que signa la producción global de energía hasta el momento. Los recursos naturales requeridos para la descarbonización se van a seguir extrayendo, sobre todo, de nuestra región. En este sentido, el desafío es torcer el tradicional esquema de inserción internacional de nuestras economías, que las posiciona como meras exportadoras de materias primas. Objetivo que solo podremos alcanzar con un Estado robusto que se enfoque en ejecutar controles ambientales eficientes y periódicos en todas las actividades económicas y en planificar, en paralelo, una política energética e industrial que bregue por mayores niveles de inclusión y desarrollo social.
Fuente: El Destape