La compañía eléctrica italiana, dueña del servicio, vende sus activos en Argentina. Cuál es el estado de la empresa y qué auditorías se hicieron sobre la prestación.

La compañía eléctrica italiana Ente Nazionale per l’energia Elettrica (Enel), dueña de Edesur, venderá sus activos en Argentina. La empresa también considera salir de otros mercados como Perú, Rumania y parte de Brasil, para recuperar 21.000 millones de Euros y reducir así su deuda que ronda los 70.000 millones. Se estima que la operación se completaría a fines del año que viene.

En Argentina, Enel es la distribuidora eléctrica Edesur, las centrales térmicas Costanera y Dock Sud, la concesión de la hidroeléctrica El Chocón, líneas de transmisión y de transporte de energía eléctrica. Al menos 2,5 millones de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y el sur del conurbano bonaerense son clientes de la firma.

La acumulación de deudas y multas por parte de la empresa no cesa. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) la acaba de sancionar por incumplimientos contractuales. Las multas se deben a irregularidades en la información provista por Edesur sobre las alteraciones en los niveles de tensión y en el relevamiento y resolución de reclamos de los usuarios. En este caso el monto asciende a $135.255.681,67.

Plan de pagos y presupuesto
En tanto en octubre, el Boletín Oficial publicó la reglamentación del plan de pagos para que las distribuidoras eléctricas paguen sus deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA). Hasta el mes de agosto, las deudas que mantenían las empresas ascendía a $450.000 millones y, de este monto, Edenor y Edesur concentraban el 43%.

Para regularizar la situación, a las empresas se les presentó un plan de pagos de hasta 96 cuotas mensuales, seis meses de gracia y una tasa de interés equivalente de hasta 50% de la vigente en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Además, en el presupuesto 2023, aprobado por el Congreso, se incorporó una cláusula con el objetivo de que no se sigan incrementando los pasivos de la empresa administradora del mercado mayorista de energía. De esta manera, la Nación podrá descontar de las transferencias a provincias y municipios la deuda que las distribuidoras tienen con la compañía.

Además la Nación, las Provincias y los Municipios, como titulares del servicio público de distribución de energía eléctrica de su jurisdicción, serán las encargadas de controlar y garantizar el estricto cumplimiento del pago de las transacciones por consumos de energía, potencia y sus conceptos asociados.

Auditoría sobre tarifas y cortes de luz
Si bien una de las razones que se esgrimen, desde el sector energético, sobre la retirada de Enel es el congelamiento de las tarifas, un informe de la Auditoría General de la Nación registró que el Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) «priorizó la rentabilidad de las empresas» por sobre la de los ciudadanos durante el proceso de revisión tarifaria integral. El periodo analizado fue el de la gestión 2016.

La AGN evidenció que los derechos de los usuarios “no fueron atendidos adecuadamente” durante la revisión de tarifas.
En ese sentido, la Auditoría General de la Nación evidenció que los derechos de los usuarios “no fueron atendidos adecuadamente” durante el proceso de la revisión de tarifas y especificó que fue en tres cuestiones: falta de relación entre los incrementos tarifarios y las metas de reducción de cortes exigidos a las empresas; modificaciones infundadas en los componentes de la fórmula utilizada para el cálculo de las bonificaciones a los usuarios por cortes de suministro de energía e inacción del ENRE frente a demoras de las distribuidoras en informar sobre el cumplimiento del proceso de acreditación de las bonificaciones por cortes de suministro de energía en las cuentas de los usuarios activos y el depósito correspondiente a los usuarios dados de baja.

Por otra parte, en 2017 se sancionó la Ley 27.351 de Electrodependientes. A un año de su implementación, la AGN publicó un informe en el que reveló la falta de un área específica que pueda controlar la correcta aplicación de la ley, las inconsistencias en la base de datos de usuarios electrodependientes y la dificultad de acceso a las fuentes alternativas de energía.

Este año, la Asociación Argentina de Electrodependientes (AADED) indicó ante este medio que si bien los cortes aún existen, hay un gran avance en cuanto a las fuentes alternativas de energía como baterías con sistemas de alimentación ininterrumpida que se instalan en los domicilios y cuando se corta la luz, se activan automáticamente.

¿Qué pasará con los usuarios?
La mayor preocupación para la comunidad es en qué medida puede afectar la venta de la empresa italiana en el servicio eléctrico. En este sentido, desde la Secretaría de Energía de la Nación aseguraron que «no va a afectar a la población» y que el proceso de venta «no será inmediato», además de destacar que por sobre todo se cuidará la prestación del servicio.

Ahora se espera que el ENRE convoque a una audiencia pública para regularizar las tarifas de las distribuidoras de Buenos Aires. Este mes, arrancó la quita de subsidios en las boletas de servicios públicos, que representa la remoción de un 40% de la subvención que tiene el costo de la electricidad en las facturas de luz. Se suma al recorte de ayuda que hubo en octubre y al que habrá en febrero.

Fuente: El Auditor